Ciudadanos proponen ley que garantice la distribución equitativa de agua

4 febrero, 2020

Después de ocho años de foros y diálogos, investigadoras, organizaciones y pueblos presentan hoy la iniciativa de Ley General de Aguas. Buscan, entre otros planteamientos, garantizar la gestión pública del agua y el acceso universal al líquido; también que se respete el derecho de los pueblos indígenas sobre las aguas de sus territorios

Texto: Daliri Oropeza y Arturo Contreras 

Foto: Graciela López / Cuartoscuro y María Ruiz

Un grupo de ciudadanos presenta este martes una iniciativa de ley en el Congreso para garantizar el acceso al agua de forma equitativa.

Investigadoras, organizaciones y pueblos tienen ocho años en diálogo por el derecho humano al agua. El resultado de estos encuentros lo presentan en la Cámara de Diputados.

Con esta iniciativa de ley, buscan dar un paso adelante a las iniciativas impulsadas por grupos afines a intereses empresariales.

EL documento es el resultado de 12 consensos realizados después de 300 reuniones.

Los puntos de acuerdo incluyen:

Garantizar la gestión pública del agua sin fines de lucro; democratizar las decisiones de sobre cuencas, sistemas de agua, saneamiento y riego; soberanía alimentaria, acceso universal y fortalecimiento de cuencas; además, respetar el derecho de los pueblos indígenas sobre las aguas de sus territorios. 

Control de las concesiones y no al fracking

El documento contempla no permitir la compra y venta de concesiones de aguas nacionales ni bancos de agua. Busca condicionar el acceso a aguas nacionales solo a quienes cumplan la norma, además del pago de derechos para restaurar las cuencas y renovar las aguas extraídas. Pretende también reducir progresivamente los volúmenes de extracción para usos no asociados a derechos humanos.

Considera reemplazar la tecnología de generación de energía que impacta de manera negativa en aguas y cuencas. Otro planteamiento es no permitir la fractura hidráulica ni la minería por el uso excesivo de agua. La información sobre la gestión del agua, plantea, debe estar plenamente garantizada.

Lo anterior es un acuerdo que pueblos originarios, investigadores, organizaciones sociales, núcleo agrarios pescadores, productores y empresarios acordaron impulsar en la iniciativa de Ley de aguas.

Dentro de las herramientas que contemplan en la iniciativa están guiarse por la Estrategia Nacional, realizar Planes Rectores de Aguas y Cuencas, un Sistema Nacional de Información con datos georreferenciados para los objetivos de la planeación y gestión de las aguas y cuencas. Además, concretar el Registro Público de Derechos, Asignaciones y Concesiones de Agua. 

Propone también un Programa Nacional Hídrico, un Plan Municipal para el Acceso Equitativo y Sustentable al Agua y Saneamiento, y la realización de Dictámenes de Impacto Socio hídrico. 

Uno de los puntos que más destacan es una Declaración de Cuenca en Extremo Estrés Hídrico, la cual se podría levantar cuando una cuenca está sufriendo de severa sobreexplotación o contaminación, hundimientos, crónicas inundaciones o grandes zonas sin acceso diario a servicios de agua y saneamiento. Además, la delimitación y reconocimiento del territorio a través de áreas de Importancia Hídrico ambiental.

Acaparamiento, aguas residuales y vigilancia

La iniciativa es impulsada por la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida. Propone reforzar la vigilancia y los controles para las aguas residuales y desechos de las empresas.

La organización señala que las leyes actualmente son laxas y no hay control de la contaminación en distintas zonas industriales. 

Con esta propuesta impulsan una gestión sustentable que incluye a aguas pluviales, geotérmicas, residuales y desalinizadas.

Propone la “concesión prioritaria” para referirse a los volúmenes de agua destinados a fines asociados con el cumplimiento de los derechos humanos y de los pueblos.

La iniciativa propone que las concesiones se otorguen sólo por dos años y que sean renovables siempre y cuando el concesionario cumpla con las condiciones establecidas: “condicionantes extracción y descarga de su concesión, con sus pagos, con la entrega de información y con el respeto por la normatividad”.

Con la iniciativa, las organizaciones reconocen la gestión de aguas subterráneas basada en criterios hidrogeológicos, reconociendo los 65 grandes sistemas de flujos subterráneos documentados.

“Ahora sabemos que la extracción intensiva y las actividades contaminantes, como son la minería tóxica o el depósito profundo de los líquidos utilizado para la fracturación hidráulica, eventualmente afectarán aguas a cientos de kilómetros de distancia”, describen en la iniciativa.

Aseguran que la contaminación en aguas superficiales que queda impune provoca una dependencia en aguas subterráneas no renovables, de cada vez mayor profundidad, por lo cual se garantiza el acceso prioritario a las aguas subterráneas de mayor calidad a cerveceras, embotelladoras y refresqueras.

El contexto

En 2012, el decreto presidencial del 8 de febrero del 2012 modificó el artículo cuarto de la Constitución. Con ello, comenzó un proceso de regulación del recurso natural. Así quedaron en la ley: 

Desde marzo de 2012, una red de ciudadanos y pueblos dialogaron sobre el tema para realizar la iniciativa de ley. Detallan que fue a través de reuniones, talleres, foros y congresos en todos los estados.

Así se concentró esta labor en la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida, un proceso de organización y articulación autónomo. Participan pueblos originarios, organizaciones sociales, trabajadores, sistemas comunitarios de gestión del agua e investigadores comprometidos con la construcción del buen  gobierno del agua y el territorio como las cuencas.

En junio de 2019, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados realizó foros estatales para crear la nueva ley. Durante los diálogos, cuatro estados urgieron la creación de un marco normativo acorde a las características hídricas de cada región del país. 

La propuesta contempla un organismo que fiscalice el cumplimeinto de derechos y obligaciones de usuarios.

Actualmente el la Cámara de diputados se discuten cuatro iniciativas sobre el derecho humano al agua con la recién presentada. 

Consulta nuestra cobertura:


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