Inicia la disputa legislativa por los plazos de concesiones de agua
6 julio, 2019
Los candados para evitar que las concesiones de agua se usen como un negocio en lugar de un derecho son una de las discusiones más álgidas de la nueva Ley General de Aguas Nacionales; lo que está en juego es el número máximo de años que se pueden entregar los permisos para explotar pozos
Texto: Ana Cristina Ramos y Arturo Contreras
Foto: Daliri Oropeza
La Camara de Diputados realiza desde marzo audiencias para discutir la nueva la nueva Ley General de Aguas Nacionales, que busca recuperar la rectoría del Estado sobre las aguas nacionales.
El candado más restrictivo y por el que se espera que las empresas realicen más cabildeo, está relacionado con el número de años que se otorga una concesión, pues se está planeando reducir a un tercio del tiempo –de 30 a 10 años– el periodo de tiempo que el titular tiene el derecho de explotar el recurso.
Otros temas importantes a discutir son: cómo se pueden traspasar las concesiones entre titulares con las mismas responsabilidades, que el Estado verifique el gasto total de agua, comparado con lo que se entregó en la concesión, y que no se active el portal de la Comision Nacional del Agua (Conagua) para concesionar casi al instante.
En las audiencias para discutir las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, Alberto Rojas Rueda del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) destacó que si vamos a permanecer en la lógica de otorgar concesiones de agua la ley tiene que poner algunos candados para que su distribución sea más equitativa. “Esta nueva ley tiene que ver al agua como un derecho y no como un bien de mercado”.
“No podemos seguir en la lógica de darlas por 30 años, porque en ese tiempo vamos a necesitar agua para uso personal y doméstico, que no va a estar disponible porque va a estar concesionada para la agricultura, la industria”, razonó Alberto Rueda.
En los últimos meses la sociedad civil ha peleado contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que todavía no se apruebe la plataforma Conagua en Línea, mientras no se apruebe una nueva Ley de Aguas Nacionales, porque eso permitiría a los titulares obtener sus concesiones vía internet sin restricciones.
Elena Burns, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, agua para la vida, explicó que la plataforma nada más va a acelerar el otorgamiento de concesiones.
“La actual Ley de Aguas Nacionales no permite a la Conagua negar una concesión, excepto en casos muy específicos. La Conagua no tiene personal para revisar si hay daños a terceros, si al poner el tuvo aquí se quita agua de otros o al poner el pozo más profundo se secan los pozos o los manantiales del pueblo”, dijo la experta.
Esa es una de la razones por las que los pueblos indígenas están asustados de quién va a adquirir derecho sobre sus aguas. Hasta ahora, la plataforma sigue sin operar.
Lo que se está planteando, aclaró, “es que se recupere la rectoría del Estado sobre las aguas nacionales y haya consejos de aguas y cuencas con ciudadanos, pueblos indígenas y los tres niveles de gobierno elaborando planes para llegar de sobre explotación y acaparamiento a lo que nos obliga la constitución que es un acceso equitativo y sustentable”.
Los consejos tendrán que decidir cuales son las concesiones más dañinas, cuáles están asociadas con acaparamiento e idealmente le estaría dando indicaciones a la Conagua para ir recortado el volumen concesionado hasta que se logre la equidad con sustentabilidad.
Hasta el 4 de enero de 2019, Conagua otorgó 531 mil 357 concesiones y “sigue otorgando mil concesiones al mes y las que se dan en los territorios de los pueblos indígenas se hacen sin realizar una consulta”.
Otro de los candados tiene que ver con cómo y a quién le puedo transferir la concesión. Alberto Rojas explica que no es lo mismo gozar de una concesión de uso agrícola, pecuario, minero o de servicios; porque cada una te implica distintas responsabilidades y tienen efectos diferentes sobre el agua a corto, mediano y largo plazo.
“Si yo soy pecuario yo sólo le puedo transferir a un pecuario; hay que romper con esta forma en que se crean mercados paralelos del agua…eso se rompe si tú sólo le puedes transferir a tu igual” explicó Alberto Rojas.
El tercer y último candado que mencionaron en las audiencias para las concesiones fue el hecho de que la autoridad debe de estar midiendo y verificando cuánta agua se gasta de la concesión. Esto con el fin de que las empresas no abusen de las concesiones y gasten más agua de las que se les otorgó y en caso de que se demuestre que están haciendo un mal uso de la medición, pues esa sería una causal para quitar la concesión.
Las discusiones a la ley son impulsadas por la diputada Xóchitl Nashielly, la comisionada de medio ambiente por parte del grupo parlamentario de Morena; quien en el arranque de las mesas argumentó que cerca del 10 por ciento de la población no tiene acceso a agua potable y los más afectados viven en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
La Comisión de Recursos Hidráhulicos es que la que va a dictaminar y lograr la síntesis entre las distintitas iniciativas de ley, entre las cuales probablemente habrá una de consenso entre el Grupo Parlamentario de Morena, Conagua y Agua para Todos.
Esta es la primera vez que la organización colabora de forma tan cercana con el poder legislativo para la elaboración de leyes, pues su trabajo principal durante el 2013 se remitió a mantener las malas leyes de ser aprobadas.
9 millones sin acceso al agua
El martes 2 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto con el cual busca asegurar el acceso al agua de comunidades indígenas y campesinas del país que no tienen acceso al agua.
Según dice el documento, su meta es facilitar la aprobación y renovación de concesiones vencidas de uso doméstico en lugares donde no exista una red municipal de agua. Es decir, comunidades donde no hay agua entubada.
De acuerdo con el Registro Público de Derechos del Agua, un vaciado que contiene todas las concesiones de agua otorgadas en el país, después del uso agrícola, para generación de energía y uso público urbano, los mayores concesionarios de agua en el país son las empresas industriales.
La industria tienen permiso para explotar más de 664 mil 760 millones de litros de agua por año, lo que sería suficiente para abastecer el consumo actual de la Ciudad de México por más de 500 años.
En cambio, en el país hay 9 millones 300 mil personas que no tienen acceso al agua, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y para surtir a esta población se requerirían concesiones por 339 mil millones de litros de agua al año.
En junio pasado, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento presentó los resultados de una serie de foros en cuatro estados de la República en los que se discutió la necesidad de cambiar las leyes de entrega de concesiones de agua.
Las pláticas se llevaron a cabo en Quintana Roo, Tamaulipas, Chiapas y Querétaro. De acuerdo con el diputado federal de Morena, Feliciano Flores Anguiano, presidente de la comisión de recursos hídricos; en los foros quedó claro que es necesaria una nueva Ley de General de Aguas Nacionales que garantice el suministro a toda la población, por tratarse de un derecho humano.
Así, en Quintana Roo se pidió una gestión sistémica de los pozos subterráneos de agua. En Tamaulipas, uno de los principales productores de sorgo en el país, se pidió que se revisen los usos de concesiones en distritos de riego.
Mientras tanto, en Chiapas se hizo hincapié en fortalecer los comités comunitarios de agua como mecanismos para la gestión del líquido. Y en Querétaro se manifestó la preocupación por el pago de tarifas muy elevadas de agua, lo que dificulta el acceso de la población al recurso.
Estos foros, como los que se realizaron la semana pasada van encaminados a cambiar la ley que regula el uso del agua en el país.
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