Los pobladores de Cicacalco, en el municipio de Tlaltenango, Zacatecas, lograron un acuerdo para el cierre definitivo del relleno sanitario que se presumió como uno de los más avanzados del país, así como la reparación de los daños ambientales que ha provocado. Sin embargo, el alcalde debe someter a sesión de cabildo para que se modifique el uso de suelo y desistirse de un amparo contra la Profepa

Texto:  Kau Sirenio Pioquinto

Fotos: Cicacalco Relleno Sanitario, REMA y Alexis Rojas

CIUDAD DE MÉXICO.- A la comunidad de Cicacalco, en el municipio de Tlaltenango, Zacatecas le prometieron un relleno sanitario para reducir la contaminación. Pero la medicina resultó más tóxica que la enfermedad. Ahora, los pobladores tienen que lidiar con los lixiviados del relleno sobre su arroyo. Y de paso, contra la administración municipal, que está empeñada en mantener el relleno.

El municipio presentó una demanda de amparo contra el gobierno federal, debido a que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) había clausurado de forma temporal el relleno. Ahora, la salud del pueblo está en los tribunales.

“Profepa nos dice que no pueden avanzar con la revisión del basurero y su clausura definitiva porque el ayuntamiento presentó un amparo en contra del cierre parcial”, dice en entrevista el delegado municipal de Cicacalco, Juan Martínez Ibarra.

El pasado 14 de julio, autoridades federales, estatales, municipal y firmaron un convenio con la comunidad para el cierre total del relleno sanitario en Cicacalco. Sin embargo, para ello es necesario que el alcalde Salvador Arellano Anaya someteta a sesión de cabildo el próximo jueves 28 de julio, con la intención de realizar el cambio de uso de suelo, así como desistirse del amparo que interpuso el 5 de octubre de 2021, en contra de la Profepa.

En el convenio, la comunidad se comprometió a dar acceso a funcionarios de Profepa para el levantamiento de los sellos de clausura.

Las autoridades, a su vez, se comprometen a informar cuál es el estado del relleno sanitario y a aplicar las medidas ambientales correctivas aplicadas por la Profepa. Se trata de una demanda a la que se han sumado organizaciones solidarias.

“Nos unimos a la exigencia de la Comunidad Indígena de Cicacalco, municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, en Zacatecas, para que se decrete la clausura definitiva del basurero abierto en 2019 en dicho municipio y que, desde entonces, ha contaminado los cuerpos de agua que abastecen a la comunidad», dice un comunicado de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (Rema) del 19 de julio.

Por eso para la comunidad resulta fundamental que el cabildo sesiones el próximo jueves, como también se acordó en el convenio, que el alcalde se desista del mencionado amparo y que también detalle cuál es el uso que se le dará al espacio una vez que se cierre definitivamente el relleno sanitario.

Juan Martínez Ibarra señala enfatiza en la nececidad de remediación y restauración ambiental, así como la reparación de los daños causados por el basurero.

«Urge que se detenga la criminalización a la comunidad indígena por su lucha legítima en defensa del agua y la salud“, añade.

Los problemas

En 2017, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas (Sama) autorizó a través de la Resolución de Impacto Ambiental, (RIA), al Ayuntamiento municipal de Tlaltenango, la operación de un relleno sanitario tipo C. El entonces presidente municipal, Miguel Ángela Varela Pinedo, presentó el proyecto como una obra que tendría el mínimo impacto ambiental. Pomposamente nombrado “la joya de la corona”, supuestamente sería único en su tipo en el estado de Zacatecas y entre los 20 mejores del país”, con una inversión de 25 millones de pesos.

El relleno se inauguró oficialmente en junio de 2019, aunque sus actividades iniciaron meses antes.

Los problemas comenzaron poco después. Los olores fétidos, los enjambres de moscas invadieron a la comunidad, luego vinieron brotes de hepatitis. Mientras que el agua que escurre en temporada de lluvia en un arroyo comenzó a provocar enfermedades de la piel.

La activista comunitaria Clarisa Trejo Luna dice que en una de las visitas del presidente Andrés Manuel López Obrador a la comunidad instruyó a la secretaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, para que inspeccionara el relleno sanitario. A partir de la visita de la funcionaria federal fue que las autoridades de Zacatecas retomaron el asunto.

“Apenas transcurrió un mes y una semana desde su inauguración cuando se reportaron anomalías, como la descarga de lixiviados a un arroyo de temporal (Los Tecongos) que nace justo en el centro del basurero, que pasa por las inmediaciones de la comunidad y es afluente del Río Tlaltenango”, añade la fundadora del movimiento de Cicacalco.

Juan Martínez Ibarra completa:

Se esperaba que fuera un proyecto de primer nivel, así como lo anunció el municipio y el gobierno del estado, pero nuestra sorpresa fue que a los dos meses comienza a generar problemas, así que empezamos a revisar los detalles del relleno sanitario. Cuando visitamos al lugar la primera vez encontramos cadáveres de animales y la descarga de lixiviados directo al arroyo”.

La resistencia

El delegado municipal dice que las primeras en organizarse fueron las mujeres, cuando notaron que las moscas invadían las cocinas y dañaba la comida.

 “Las mujeres fueron las que se organizaron para denunciar el daño que el basurero empezó a generar en la comunidad. La comunidad comienza a manifestarse en el municipio”.

En septiembre de 2020, la comunidad inició un plantón de 24 horas frente el relleno y logró la suspensión de operaciones del basurero. Un año después, la Profepa ordenó el cierre temporal total de la obra que, hasta ahora, se mantiene cerrado.

Semanas después, el ayuntamiento bajo la actual administración del presidente municipal, Salvador Arellano Anaya, interpuso un amparo en contra de la clausura. Mientras que el síndico municipal presentó una denuncia que sigue abierta en contra de tres personas y “quien resulte responsable”.

Los dirigentes sociales acusan que, lejos de resolver la demanda de la comunidad, desde la alcaldía comenzó una campaña de desprestigio y criminalización en su contra.

Usan las redes sociales para decirnos indios mantenidos. Esta es su mediatización del conflicto, el lugar de reconocer las causas y origen de nuestro movimiento”, denuncia Clarisa Trejo.

Clausura definitiva y remediación del daño ambiental

Los líderes comunitarios que esta semana se trasladaron a la Ciudad de México para hacer la denuncia aseguran que el amparo ha sido usado como excusa para no frenar la contaminación por lixiviados del relleno que salen directo al arroyo.

“El relleno está en una zona natural de recarga de aguas. La realidad de la obra fue distinta a como nos lo explicaron. Era un proyecto que nunca fue como lo presumieron”, lamenta Martínez Ibarra, quien asegura que tampoco llegó la electricidad ni los 400 empleos prometidos.

Como comunidad indígena de Cicacalco, exigimos transparencia y  compromiso social del actual presidente municipal Salvador Arellano Anaya para que se desista del amparo, para poder establecer un convenio que lleve a la clausura total definitiva y a la remediación del sitio, para lograr con ello la mitigación de los efectos del basurero”, reclama.

El delegado municipal insiste en que es urgente que la Profepa proceda con la clausura definitiva del relleno sanitario e iniciar la fase de remediación, restauración ambiental y la reparación de los daños

Aunque el relleno está cerrado por el momento, la contaminación sigue porque no se ha hecho una reparación de los daños.

Por su parte, Trejo Luna tiene una larga lista de responsables del daño ambiental a su comunidad: el expresidente municipal, Miguel Ángel Varela Pinedo: el actual alcalde, Salvador Arellano Anaya; el equipo jurídico del municipio; el exdirector de Obras Públicas y actual secretario de Gobierno en el municipio, Dorian Emanuel de la Cruz García; el exdirector de Sama, José Luis Maldonado; la Procuraduría Ambiental de Zacatecas; los delegados estatales de Conagua y Semarnat, y la encargada del despacho jurídico de Profepa en Zacatecas, Lourdes Briones.