La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó del cierre de cuatro granjas porcícolas, que incumplían con las medidas de impacto ambiental y una inadecuada gestión de residuos peligrosos. El operativo se realizó a partir de la denuncia de 21 comunidades mayas
Texto: Daniela Pastrana
Foto: Alberto Velázquez
CIUDAD DE MÉXICO.- Hace seis meses, en noviembre de 2020, integrantes de 21 comunidades mayas de la Península de Yucatán presentaron una denuncia popular por las afectaciones ambientales y las violaciones a sus derechos como pueblos indígenas que representan las granjas de puercos en la región.
La denuncia fue presentada ante las diversas autoridades ambientales: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La respuesta llegó en medio de acciones de intimidación del gobierno de Yucatán contra los propietarios de paraderos turísticos que encabezan la lucha contra las megagranjas: la Profepa clausuró este miércoles cuatro granjas, por irregularidades en sus medidas de impacto ambiental y un inadecuado manejo de sus residuos.
La dependencia informó de la clausura a través de su cuenta de Twitter. Aclaró que el origen del cierre fue un operativo de salubridad derivado de la denuncia de 21 comunidades mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y organizaciones no gubernamentales.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que las granjas clausuradas se ubican en los municipios de Maxcanú, Kinchil, Opichén y Mérida, y que los inspectores continuaban realizando su trabajo.
El conflicto
En los últimos años, la Península de Yucatán tuvo un gran incremento en la producción de puercos; relacionada con la necesidad de China de alimentar a sus mil 400 millones de habitantes.
Greenpeace publicó un informe en 2020 en el que contabilizó hay 257 granjas en la región, de principalmente cuatro empresas: Kekén, Granjas Caroll de México, Promotora Comercial Alpro y Kowi Foods. En el informe La Carne que está consumiendo al planeta, la organización documento que sólo 22 de esas granjas cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental, y que 122 están ubicadas en regiones de atención a la biodiversidad.
Luego de una batalla de casi cuatro años en distintos tribunales, el pasado 19 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió mantener la suspensión de operaciones de una granja de puercos propiedad del Grupo Porcícola Mexicano (Kekén). Pero tres días después el gobierno del estado de Yucatán realizó un operativo sanitario en los paradores turísticos de los integrantes de la directiva de Kanan Ts’ono’ot (Guardianes del Cenote), el grupo que se ha opuesto a la instalación de la granja, y clausuró tres: el comedor Santa María, que está al lado del cenote municipal, y los cenotes Santa Cruz -de José May- y Santa Rosa, de Gabriel Cabrera Pech, ambos integrantes de la mesa directiva.
Como respuesta a lo que consideraron una intimidación, los cenoteros y paradores turísticos de Homún pararon sus actividades durante 3 días. En un comunicado publicado por la organización Indignación, los comuneros llamaron a acciones federales para vigilar la salubridad de las granjas de puercos.
«Ojalá el gobierno también decidiera realizar una vigilancia estricta a los permisos y salubridad de las granjas de cerdos en Yucatán. Así tal vez empezemos a creernos que no fue una represalia por oponernos a sus intereses».
Las clausuras son el primer paso: ONGs
«Los integrantes del pueblo maya y las organizaciones que presentamos dicha denuncia, vemos que estas clausuras realizadas por la Profepa son importantes, ya que son el primer paso para frenar las afectaciones ambientales ocasionadas por la industria porcícola», detacaron en un comunicado Indignación, Greenpeace México, Guardianes de las Semilllas y Artículo 19, organizaciones que acompañan esa denuncia.
«Es importante también que se reconozca el derecho a la libre determinación del pueblo maya, dado que entre las violaciones a sus derechos, están la falta de acceso a la información, el derecho a la consulta y al consentimiento, los cuales son fundamentales para garantizar el derecho a la libre determinación».
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