La filtración de una investigación contra el exministro Arturo Zaldívar y algunos de sus colaboradores abrió las cloacas de un espejo de la corrupción dentro del Poder Judicial: el caso Miranda de Wallace, donde, en medio de la confusión, parece haber intenciones por encubrir la impunidad

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Rogelio Morales Ponce / Archivo Cuartsocuro

CIUDAD DE MÉXICO. – Desde el 12 de abril, la discusión pública ha girado entorno a una denuncia anónima que el Poder Judicial recibió, y filtró, donde se acusa al exministro y ahora integrante de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar, de incurrir en actos de corrupción.  

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El expresidente de la Corte ya salió a decir que esto es “una persecución política”, lo mismo hizo la candidata presidencial de Morena, y varios de sus cuadros en medios de comunicación.

Ahora, desde la Suprema Corte, la voz de la ministra Lenia Batres también criticó la filtración del acuerdo de inicio de investigación, con la denuncia completa, por el titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, Herbert Torres Coello, y la propia Norma Piña.

Batres reaccionó así: “Hacer pública la denuncia anónima y el acuerdo de inicio de investigación durante esta etapa electoral que vive nuestro país, constituye un elemento desafortunado tanto para la resolución jurisdiccional del tema, si procediere, como para la coyuntura propiamente política”.

Además, aclaró que a ella nadie la “ha presionado para elegir al personal de mi ponencia, mucho menos al coordinador”, esto, en referencia a su coordinador de ponencia, Netzaí Sandoval, quien también es acusado dentro de la denuncia anónima.

Con relación a la denuncia anónima presentada ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en virtud de que me han solicitado entrevistas al respecto, quiero hacer algunas precisiones.
No puedo adelantar criterio porque la… pic.twitter.com/S98v0YCnba

— Lenia Batres (@LeniaBatres) April 15, 2024

La investigación aún no inicia, pero ya comenzó a remover fibras sensibles dentro del Poder Judicial, pues acusa que los “casos de Estado” como Segalmex, Rosario Robles o Emilio Lozoya pudieron estar manipulados desde magistrados, cortes y jueces.

De todo esto, que debe investigarse, y en dado caso emitir una resolución pública, hay un caso que ha levantado sospechas: el caso Wallace.

¿Qué tiene que ver este caso con la denuncia contra Zaldívar y las criticas hacia Norma Piña? Al parecer, mucho más de lo que imaginamos.

Para ahondar en ello, en Pie de Página dialogamos con el abogado y defensor de derechos humanos, Salvador Leyva, extitular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, y uno de los exfuncionarios acusados en la denuncia anónima.

Caso Wallace ¿por qué aparece ahí?

En febrero de 2023, Salvador Leyva denunció públicamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba infiltrada por Isabel Miranda de Wallace. ¿Cómo? A través de su nueva presidenta, la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

Por eso, cuando se enteró que su nombre y el caso Wallace aparecían en la denuncia anónima contra Zaldívar, Leyva prendió sus alarmas.

“El caso Wallace no tendría ni siquiera porque estar mencionado en esta denuncia. No hay ni siquiera alegatos concretos de dónde estarían las irregularidades por parte de ninguno de los denunciados, esto es Carlos Alpízar, Arturo Zaldívar, Netzaí Sandoval, y los jueces y las juezas que habrían cedido y se habrían beneficiado de estos casos”.

Las sospechas crecieron cuando, a la par de la denuncia, se revivió un reportaje elaborado por la periodista Yohalí Reséndiz, donde se acusa que el periodista Ricardo Raphael hizo un pago al exministro Arturo Zaldívar para influenciar a la ministra Ana María Ríos Farjat, quien en 2022 atrajo el amparo de una de las acusadas por el secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace, Juana Hilda.

“Me parece complicado que quieran involucrar a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, y parece que en realidad es Norma Piña destruyendo al Poder Judicial. Esa investigación, la de ahora contra Zaldívar, no tiene absolutamente nada que ver con ese vídeo que se está publicando, la historia es otra”.

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Los acusados, ahora son víctimas

Para el abogado, el punto de partida de la denuncia son las acusaciones contra su exjefe, Netzaí Sandoval (ahora coordinador de la ponencia de la ministra Batres). Concretamente, casos de hostigamiento laboral.

Salvador Leyva explica:

“En la investigación, de lo que se acusa a Zaldívar es de la injerencia en la decisión de los jueces y las juezas a través de amenazas. Pero los dos jueces que participaron en el caso Wallace desde que él era ministro presidente hasta que nos fuimos son Francisco Marroquín Arredondo, y luego cambiaron y fue Alfredo Silva. Ninguno de esos dos jueces está en la lista de jueces y juezas a los que supuestamente se presionó en el trámite del juicio de Brenda, de Juana Hilda, Jacobo, Albertoni y César.

“La única otra parte donde se menciona el caso Wallace es en las denuncias contra Netzaí Sandoval, y son muy amplias”.

Salvador Leyva resume las denuncias que acusaron hostigamiento laboral por parte de Netzaí Sandoval. Una, dice el acuerdo de investigación, fue por “intentar hacer lo posible por tener la libertad de las víctimas”.

Esto, comenta Salvador, es absurdo, pues “efectivamente, ese el trabajo de la Defensoría: agotar todos los recursos disponibles para defender los derechos de las personas representadas”.

La denuncia, además, acusa que estas acciones fueron realziadas “a través de un incondicional” a Netzaí Sandoval. En este caso: Salvador Leyva.  

“Yo no soy incondicional a nadie. Netzaí fue mi jefe, creo que eso lo respeto, y creo que hicimos un buen trabajo, tan es así que hoy por hoy, casi un año y medio después de que salimos, la Defensoría Pública lo único que puede presumir son los resultados del trabajo que hicimos durante su administración”, se defiende el abogado.

El modus operandi expresado en la denuncia, explica Leyva, es que a través de él se presionó, en 2005, a la defensora pública en el caso, María Dolores Vera Murcia, para que alegara tortura en las detenciones de los presuntos culpables.

“María Dolores Vera Murcia era defensora pública, fue la defensora pública en 2005 que no estuvo presente en la confesión de Juana Hilda que se obtuvo bajo tortura. Esa confesión fue grabada, y es la base de esta investigación que mantiene a seis personas privadas de su libertad, algunas de ellas desde hace 18 años”, explica Leyva.

Además, asegura, esto es falso. Explica:

“Para empezar, no tendría sentido que yo la presionara porque ella no era la defensora. Cuando nosotros entramos ella ya era delegada, porque por cierto, después de este patético actuar en el caso de Juana Hilda, se le premio como delegada. Es decir, se le subió de puesto.

“Cuando llegamos ella todavía era delegada, y sumado a otras faltas administrativas graves, algunas de ellas eran denuncias muy fuertes de acoso laboral, estaba el tema de Juana Hilda, en el sentido de que 2022 fue cuando obtuve el dictamen que se presentó, y está en la Suprema Corte y está en el juicio, que demuestra científicamente que María Dolores Vera Murcia no estaba presente en la confesión de Juana Hilda, y por lo tanto ella no tuvo defensa durante esa confesión que fue grabada”.

Aunado a esto, está otra acusación de otro abogado que también, como Maria Dolores Vera Murcia, acusó hostigamiento laboral. Leyva, sin ahondar mucho en el caso, solo comenta: “Es un abogado que renunció porque no quiso cumplir con las cargas de trabajo”.

Para Salvador Leyva que el caso Wallace aparezca, sin sentido alguno, en la denuncia contra Zaldívar y sus colaboradores sólo refleja algo:

“Norma Piña está solapando el oportunismo de Isabel, que se suma a este vídeo que casualmente salió nuevamente a la luz en febrero, pero que inició desde 2022 cuando lo publicó Isabel, y nadie le hizo caso. Ahora aprovecharon el oportunismo de este embate político que se traen entre Zaldívar y la ministra Piña. Y ahora sí pegó, a pesar de que no tiene nada que ver con la investigación que se inició en el Poder Judicial”.

Si se investiga, que se investigue a todos: empezando por Norma Piña  

Salvador Leyva es claro, si la Suprema Corte a cargo de Norma Piña quiere iniciar una investigación sobre el caso Wallace, tiene que empezar por ella misma.

El primer argumento, explica el abogado, es que “Norma Piña tiene que explicar por qué tenía al denunciante de este caso, es decir la persona por la que se inició este juicio, Abraham Pedraza Rodríguez, cuñado y sobrino de Isabel Miranda”.  

Pedraza Rodríguez trabajó con la ahora presidenta de la Corte desde que ella era magistrada en un Tribunal Colegiado. Después, cuando Enrique Peña Nieto la designó magistrada de la Corte, Abraham Pedraza Rodríguez se fue con ella a su equipo de trabajo.

“Es demasiada coincidencia”, explica Salvador Leyva, y recuerda un episodio que caracteriza al “protegido” de la ministra: “Este funcionario, por ejemplo, huía de las notificaciones en el juicio del supuesto secuestro de Alberto. Se le tuvo que notificar en el Juzgado Federal donde trabajaba. Piña tendría que empezar por eso».

Para Leyva, desde la Suprema Corte, cuando arribó Norma Piña a la presidencia, ha habido una serie de actos irregulares que podrían ejemplificar un encubrimiento, y eso es algo que sí se tendría que estar investigando.

“Norma Piña tendría que empezar explicando por qué el Poder Judicial, desde agosto pasado, está clasificando, reservando, toda la información relacionada con el caso. Lo está blindando de solicitudes de información.

“Hay que preguntarle a Norma Piña: ¿Por qué la Defensoría Pública, por ejemplo, ha abandonado el caso de Juana Hilda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?  La semana pasada recibí una comunicación donde están alertando sobre el posible archivo porque, desde hace más de un año, la Defensoría Pública no ha aportado ninguna documentación ni pruebas para que siga el caso ante la Comisión”.

Sobre la investigación, Salvador Leyva es claro: “A mí me parece muy bien que se inicie una investigación seria de todos los funcionarios que hemos participado en este caso, incluidos jueces y magistrados”.

“Si Norma Piña realmente quiere investigar ese caso, y por eso lo incluyó en este acuerdo, pues que lo haga. Que lo haga para todas las personas que hemos estado involucradas en estos 18 años, y no por querer fincar responsabilidades únicamente, sino también por garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de este caso”.

Al final, concluye Leyva, los realmente afectados no son Zaldívar, o Piña, o sus colaboradores, sino las víctimas.

“Me parece preocupante que algunas personas, algunos medios, e incluso periodistas, utilicen este vídeo falso de Yohali para atacar a Arturo Zaldívar, sin tener en cuenta que ese actuar lo único que está haciendo es perjudicar a personas como Brenda Quevedo o Juana Hilda González, que llevan en prisión preventiva, en el caso de Brenda 16 años, y en el caso de Juana Hilda que lleva esperando una resolución de la Suprema Corte desde hace más de dos años”.