A casi 9 años del asesinato del joven activista Carlos Sinuhé el gobierno de Ciudad de México pedirá perdón a su familia por haberlo criminalizado, por no garantizar sus derechos a la justicia y la verdad y por haber vulnerado el derecho de su familia de exigir justicia 

Texto: Daniela Rea

Foto: Rodolfo Angulo / Cuartoscuro

El 26 de octubre del 2011 el joven Carlos Sinuhé Cuevas fue asesinado cerca de su casa en Ciudad de México. Meses antes había recibido amenazas por participar en movimientos sociales y estudiantiles, como alumno de la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

A Carlos, de entonces 33 años, lo mataron con un arma de fuego cuando bajó de un micrubús con destino a su casa en Topilejo, Tlalpan. Después de su asesinato, una serie de irregularidades, negligencias y omisiones de la Fiscalía provocó que a la fecha, casi 9 años después, no haya justicia. 

En ese mismo tiempo su madre, María de Lourdes Mejía, ha encabezado una lucha por la justicia. Ella, acompañada por ciudadanos solidarios y organizaciones de la sociedad civil, logró que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitiera una recomendación en contra de las autoridades responsables de la investigación, logró que se formara un grupo independiente para encabezar la investigación y que esta mañana del 4 de marzo, se lleve a cabo una disculpa pública por haber vulnerado los derechos de Carlos y su familia. 

Lourdes Mejía exige, entre otras cosas, que se investigue el homicidio de su hijo como una probable ejecución extrajudicial, es decir que fue asesinado por autoridades, provocada por el activismo de Carlos Sinuhé.

“Este acto de perdón es una pequeña luz, porque justicia aún no. No han invstigado, se dedicaron a criminalizar a mi hijo. La Procuraduía, la CDHDCDMX, la misma UNAM están rebasadas, no saben, no pueden, no quieren. Esto es un protocolo para pedir una disculpa por no haber hecho, pero yo no siento que esto sea justicia, eso no es justicia. Yo lo que exijo es que se haga una investigación, que se les den a los expertos herramientas para que trabajen. Seguiremos luchando para ver justicia, espero verla. Esto es un crimen de Estado, haberse negado 8 años a investigar el activismo de mi hijo, como causa de su asesinato, y en lugar de eso criminalizarlo”, señala Lourdes Mejía en entrevista con Pie de Página.

Irregularidades

El 27 de octubre por la mañana, unas horas después del crimen, la mamá de Carlos Sinuhé, María de Lourdes, recibió una llamada de la Fiscalía para decirle que debía ir a presentarse por un asunto de su hijo. Le dijeron que su hijo había sido asesinado de 16 balazos. Cuando entró a la morgue encontró su cuerpo desnudo sobre una plancha forense, baleado, su ropa tirada en el suelo junto a un charco de sangre. A las 7 pm de ese día le entrgaron el cuerpo de su hijo.

El cuerpo de Carlos quedó tirado en la calle después del ataque. Los primeros policías llegaron a las 23:30 horas, pero no resguardaron el cadáver. Hasta las cuatro de la madrugada comenzaron a colocar las cintas de protección. Los policías tampoco interrogaron a los testigos o curiosos que estaba en el lugar del crimen. Estos dos actos son sólo el inicio de las fallas de investigación, pues se perdió evidencia y los testigos no pudieron ser localizados después.

Por otro lado, se hizo un dictamen de criminalística que fue contradictorio: se dijo que fueron 16 disparos, pero en realidad fueron 13. Los policías de investigación sólo pudieron recuperar tres casquillos, pero se les hicieron análisis hasta tres años después -a petición de las víctimas- y ya estaban muy dañados. El perito alcanzó a detectar que eran armas de uso exclusivo del Ejército, no pudo obtener más información.

Aunque el homicidio fue el 26 de octubre, la inspección formal por parte de la Fiscalía fue hasta el 7 de diciembre, casi dos meses después.

Por otro lado, un policía recuperó un video de las tiendas aledañas al crimen e informó al MP, pero el MP no resguardó el USB con la información, por lo que el video se perdió.

En total, de acuerdo con la recomendación de la CDHCDMX, 2/2018, la entonces PGJ realizó 5 mil diligencias periciales, pero ninguna fue útil para identificar a los responsables del asesinato.

Criminalización

Carlos era maestro en bachillerato y participó activamente en las resistencias de Atenco y San Juan de Copala, Oaxaca.

Después del crimen contra Carlos Sinuhé, el joven fue criminalizado por autoridades de Ciudad de México, desde el entonces procurador de Justicia, Miguel Ángel Mancera. 

En un inicio las autoridades desestimaron el activismo político del joven y dijeron que el móvil posible era un conflicto con la pareja sentimental de su madre; después Mancera dijo que fue asesinado por motivos “pasionales”, que Carlos tenía un “carácter irascible”. 

“Cuando Carlos Sinuhé apoyaba estas causas de Atenco y Oaxaca se repartieron volantes -sucedió en el 2009- con la foto de mi hijo y otros actividas en donde los acusaban de infiltrados del gobierno, de militares y que era adicto a las drogas”, recuerda su madre.

Además de ese incidente, tuvo amenazas vía telefónica y en una ocasión fue detenido por personal de Auxilio UNAM afuera de la universidad, es decir, fuera de su jurisdicción, por supuesta portación de marihuana.

Esos elementos de posibles amenazas en contra del joven fueron ignorados por la entonces Procuraduría que prefirió señalar crímenes pasionales o personales.

“Este acto es para limpiar su memoria porque todo mundo creyó que si es un delincuente, y nos ha costado mantener viva la memoria de mi hijo, de muchos lados nos cerraban puertas porque lo que dijo Mancera dañó mucho el caso de mi hijo, la omisión de la UNAM también lo manchó”, dice Lourdes.

Justicia a cuentagotas

En agosto del 2018 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, siete años después del crimen, publicó su recomendación 2/2018 en la que denunció a la entonces Procuraduría por no haber agotado todas las líneas de investigación, entre ellas la de una posible ejecución extrajudicial; además de denunciar las violaciones de derechos humanos contra la mamá de Carlos por parte de la PGJ, la SSP y el TSJ.

En el recuento de la CDHCDMX, se confirmó que las instituciones capitalinas violaron el derecho al debido proceso, al acceso a la justicia, a la verdad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal, a la intimidad y vida privada y a la protesta social como libertad de expresión (la SSP violó el derecho a la integridad personal de la madre de Carlos, “por el uso indebido de la fuerza durante una protesta social relacionada al caso”).

La CDHCDMX ordenó la creación de un grupo de expertos independientes para investigar el crimen contra el joven. En octubre de 2019, ocho años después de la lucha de la familia, la Fiscalía de la Ciudad de México presentó a ese grupo, el cual está conformado por María del Pilar Noriega García, defensora de derechos humanos; Sonja Perkic-Krempl, especialista en casos de violaciones graves de derechos humanos; Zoraida García Castillo, académica en ciencias forenses; Gerú Aparicio Aviña, psicóloga victimal; Miguel Ángel Urbina Martínez, asesor en materia de justicia penal y DDHH en América Latina, y Carlos Fazio, periodista.

Lourdes Mejía señala que la lucha por su hijo es también por los otros jóvenes universitarios, a la fecha suman 90 jóvenes desaparecidos y asesinados de la UNAM. “Formamos una Comisión de padres de jóvenes estudiantes vícitimas de violencia y estamos organizándonos para que esta violencia pare contra los estudiantes. A las chicas que se organizan porque hay violencia contra ellas son acosadas, violentadas, violadas y como estudiantes. Metimos quejas ante la CNDH por la violencia contra los jóvenes y no tenemos respuesta”.