El meollo en el caso de las colectivas de mujeres y feministas es que su organización es política y no configura un delito, aunque pueda representar una amenaza para el gobierno actual en términos de oposición de discursos. Pero vigilar, recopilar datos personales y mantener la persecución de sus miembros, sí vulnera los derechos más básicos de las mujeres.
Memoria del espionaje al feminismo mexicano: “De la DFS al espionaje obradorista”












