Lejos de ceder, la violencia contra quienes defienden el medio ambiente en México se intensifica: en 2025, el país registró 135 eventos de agresión, la segunda cifra más alta en once años, mientras el Estado se consolida como el principal agresor y la impunidad sigue siendo la norma

Por Gustavo Alanis Ortega y Itzel Arteaga San Germán*

El pasado jueves 16 de abril, como se ha venido haciendo desde el año 2014, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) hizo del conocimiento público el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, 2025, el cual documenta la violencia que se ejerce en su contra debido a su labor, la cual, desgraciadamente, no solo no cesa, sino que va en aumento. 

El año pasado se contabilizaron 135 eventos de agresión con 314 agresiones específicas, lo que implica un aumento respecto del 2024, en el que se documentaron 94 eventos y 236 agresiones específicas. Cabe precisar que durante un evento de agresión pueden ocurrir diversas agresiones específicas. Las cifras anteriores colocan al 2025 como el segundo año con más eventos de agresión en contra de personas y comunidades defensoras, sólo por detrás del 2022, cuando ocurrieron 197 eventos. Las agresiones más comunes fueron la estigmatización con 90 agresiones específicas, lo cual equivale al 28.6% del total, la intimidación, con 42 agresiones específicas (13.3%) y la difamación con 37 agresiones específicas (11.7%). Estas tres categorías, en conjunto, representan el 53.8% del total de las agresiones documentadas. Es importante señalar que, en el caso de estos tipos de agresión, se observó que en muchos casos fueron perpetradas en el ámbito digital. 

La criminalización continúa siendo una de las agresiones más utilizadas en contra de las personas defensoras, con un total de 107 víctimas, lo cual representa un 33.1% del total de defensores directamente agredidos. En 2025, 10 personas defensoras de los derechos humanos ambientales fueron víctimas de agresiones letales. Si bien esta cifra es afortunadamente menor a la de años anteriores, esto no necesariamente significa una mejoría en la situación, ya que no ha habido un descenso sostenido en el número de agresiones. Algo positivo fue que en el año 2025 no se registraron ejecuciones extrajudiciales.

Es importante destacar que, en los últimos 11 años, hemos contabilizado un total de 199 defensores ambientales que perdieron la vida a causa de su labor, algo que, como ya se ha dicho antes, es inaceptable e insostenible. También es importante mencionar que el año pasado, 3 personas defensoras fueron víctimas de desaparición, 2 de ellas fueron posteriormente encontradas sin vida y sobre 1 de ellas aún no se conoce su paradero.

En un dato distinto a años anteriores, en el 2025, las víctimas principales de estos ataques fueron, en primer lugar, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, seguido de los pueblos y comunidades indígenas. La suma de los eventos de agresión en contra de estos 2 grupos sumó el 74.7% de la violencia reportada. En particular, integrantes de la sociedad civil fueron víctimas de múltiples ataques digitales relacionados con la estigmatización y difamación.

Otro de los datos que es importante resaltar es que, en el 2025, 89 víctimas fueron mujeres, lo que representa un aumento del 61.8% respecto de las cifras reportadas en 2024. Entre las principales formas de agresión en contra de mujeres, encontramos intimidación, hostigamiento, difamación, amenaza, violencia de género, criminalización y estigmatización. Cabe destacar que el principal agresor en contra de las mujeres defensoras fue el Estado.

Los estados de la República en los que se concentró la mayor cantidad de eventos de agresión fueron: la Ciudad de México con 39 (28.8%), Puebla con 20 (14.8%) y Oaxaca con 17 (12.5%). La suma de los eventos ocurridos en dichos estados asciende a más de la mitad del total registrado. Por sector, el mayor riesgo de agresiones se vio en el hídrico, en primer lugar, con 29 casos (21.4% del total); en segundo lugar, el sector de biodiversidad, con 22 casos (16.2%) y en tercer lugar, vías de comunicación, con 18 casos (13.3%). Los agentes perpetradores son, en primer lugar, el Estado (lo cual abarca policías estatales y municipales, fiscalías estatales, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y Guardia Nacional), teniendo alguna participación en 76 eventos de agresión.  A continuación, aparece el sector privado, cuya participación ha ido aumentado en los últimos años, ascendiendo a 13 eventos de agresión. En tercer lugar se coloca la delincuencia organizada como la autora de agresiones, con 12 casos. En 61 casos no fue posible identificar al agente perpetrador ya que las agresiones tuvieron lugar en el ámbito digital.

¿Qué hace falta para detener la violencia contra las personas defensoras ambientales? En primer término podemos mencionar opciones como quitar beneficios comerciales a inversionistas en los casos donde se vincule a una empresa con situaciones de violencia. Asimismo, podrían imponerse sanciones fuertes y ejemplares, como por ejemplo el congelamiento de cuentas. Por otro lado, es urgente atajar la impunidad, pues ha prevalecido la omisión y el silencio sepulcral del Estado ante las diversas agresiones expuestas. Se requiere también prohibir y sancionar prácticas de estigmatización y difamación en contra de personas, colectivos, organizaciones y comunidades defensoras. En cuarto lugar, podemos mencionar la necesidad de que se construya, implemente y supervise una política pública integral de debida protección a los defensores ambientales. De igual forma, se requiere fortalecer el Mecanismo para la protección de personas defensoras y periodistas, dotándolo de recursos financieros y humanos suficientes.  También, hay que implementar en México de manera efectiva el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación y a la justicia ambiental, resaltando el artículo 9 relativo a la protección y cuidado de los defensores ambientales.

Es más que claro que en México persiste una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden la riqueza natural de nuestro país.  Es urgente que el Estado mexicano otorgue las garantías efectivas de respeto y protección a los derechos humanos ambientales. ¿Quién defiende a las personas defensoras ambientales?

*Abogada Sr. del CEMDA.