Conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente en México es un ejercicio de contrastes. Por una parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha marcado distancia del desdén normativo que caracterizó al sexenio anterior: se reconocen daños, se niegan autorizaciones inconvenientes y se dialoga. Por la otra, el presupuesto para el sector se reduce, la tala ilegal y el crimen organizado avanzan, y la impunidad sigue cobrando la vida de quienes defienden la tierra. Celebrar no es solo aplaudir las buenas intenciones: es exigir que la ley ambiental deje de ser una mera recomendación

Por Gustavo Alanis Ortega y Margarita Campuzano*

Con ocasión del Día mundial del medio ambiente, celebrado este pasado 5 de junio, vale la pena, por un lado, comentar los avances que se han visto en México en materia ambiental y, por el otro, insistir en los retos y la necesidad de redoblar los esfuerzos para enfrentar las muy diversas amenazas que siguen vigentes. En particular, y sin lanzar las campanas al vuelo, es de notarse que la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el medio ambiente y ante la legalidad en la materia ha sido distinta a la del gobierno anterior. Por desgracia, los insuficientes recursos presupuestales siguen impidiendo que esta voluntad tenga los impactos que quisiéramos ver, en tanto que el modelo de desarrollo del país sigue apoyándose fuertemente en los combustibles fósiles.

En el sexenio pasado, la construcción de los proyectos presidenciales emblemáticos estuvo marcada, en los hechos, por la falta de aplicación efectiva del derecho ambiental. Las autoridades parecían tomar la normatividad como recomendación, a pesar de su carácter vinculante. Así, la refinería de Dos Bocas se construyó ilegalmente sobre manglares en Tabasco, el Tren Maya destruyó selvas y cenotes en Quintana Roo y se autorizaron y hasta fomentaron proyectos turísticos en las dunas costeras de Baja California Sur. Todas esas obras fueron ilegales, pero la autoridad no las frenó y los destrozos ambientales son innumerables y, en muchos casos, irreversibles.

Este sexenio hemos visto cambios positivos como el hecho de que la autoridad ambiental federal reconociera los daños ocasionados durante la construcción del Tren Maya y anunciara medidas para recuperar los sitios afectados. Hemos visto también a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, negar los permisos que Royal Caribbean necesitaba para la construcción —contraria a la normatividad y del interés nacional— de un parque turístico en los manglares de Quintana Roo.  Bárcena también se ha reunido con la población local para escucharla y abrir nuevos caminos para mejorar las condiciones de vida y la economía de la zona a partir de un desarrollo sostenible.

Ha sido también notoria la reapertura de los canales de comunicación y la posibilidad de establecer un diálogo productivo con las autoridades ambientales y de otros sectores para sumar esfuerzos en el impulso al desarrollo nacional, la conservación de la biodiversidad y la construcción de una nueva relación con el entorno natural. Hemos pasado a una relación constructiva y respetuosa con las autoridades actuales sin que las organizaciones ambientalistas dejemos de decir lo que pensamos y de hacer nuestro trabajo. 

La presidenta Sheinbaum ha empezado también a saldar pendientes legislativos que tenían rezagos importantes. Así, por ejemplo, el gobierno federal impulsó y logró la aprobación de la nueva Ley de Economía Circular y de la Ley General del Agua. Esta última está lejos de ser perfecta, pero representa un paso adelante contra la concentración de concesiones, la explotación ilegal de acuíferos y el contrabando del vital líquido.

A pesar de estos avances, los retos que enfrentamos en materia ambiental son enormes. En México, defender la naturaleza y luchar por el cumplimiento de los derechos humanos ambientales sigue costando vidas. El año pasado fueron asesinadas diez personas en ese esfuerzo. Resulta enormemente preocupante también, el alza en el hostigamiento y la difamación contra organizaciones de la sociedad civil y, de igual forma, el aumento en el acoso a las mujeres defensoras. Estas prácticas no son solamente ilegales y dolorosas en sí mismas, sino que muchas veces han resultado ser un aviso de que vendrán ataques más graves.

Por otra parte, a pesar de la clara voluntad de las autoridades ambientales para impulsar políticas públicas favorables a la naturaleza y por hacer valer la ley, su personal y su presupuesto siguen siendo insuficientes, y por tanto, sus capacidades son limitadas. Si ya el gobierno de la doctora Sheinbaum recibió un sector ambiental muy debilitado en términos de recursos, los presupuestos que ella ha presentado no han hecho sino empeorar la situación. En el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026, por ejemplo, se redujo 4.3 por ciento el monto asignado al ramo 16 del gobierno federal, el ambiental.

Así las cosas, a continuación mencionamos solo algunos de los grandes pendientes por resolver.

En primer término, ¿cómo garantizar la efectiva implementación de la nueva ley ambiental federal propuesta por Semarnat? Cambiar de nombre a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y darle más atribuciones no implica de forma alguna que la legislación ambiental se vaya a cumplir de manera efectiva. ¿Cómo garantizar el ejercicio de nuestro derecho constitucional a un medio ambiente sano y al agua?  

Por otro lado, ¿cómo asegurar que las áreas naturales protegidas (ANP) no sean decretos solo de papel y que en la práctica realmente cumplan con su función de proteger, cuidar y conservar la flora, la fauna y los ecosistemas? ¿Cómo brindar la máxima protección posible a aquellas especies que en nuestro país se encuentran en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción y perseguir a las mafias que trafican con éstas? ¿Como mejorar la calidad del aire que aún sigue siendo un gran pendiente en la CDMX y en muchas otras zonas metropolitanas de la República? ¿Podremos contar con los confinamientos que se requieren para el mejor manejo y disposición final de residuos peligrosos y enfrentar a las mafias que controlan el procesamiento de los residuos sólidos vía tiraderos a cielo abierto, los cuales no se asemejan en lo más mínimo a lo que debe de ser un relleno sanitario?

Igualmente, debemos de dar cabal cumplimiento a los acuerdos internacionales que México ha suscrito en materia ambiental, como es el caso del Acuerdo de Escazú, del cual pareciera que nos alejamos al no cuidar y proteger a las personas defensoras ambientales y al haber desaparecido el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Contamos ya a nivel federal con una Ley de Economía Circular, pero no tenemos certeza respecto de su adecuada implementación a nivel nacional. Lo mismo sucede en materia de cambio climático. México es parte del Acuerdo Marco de la ONU sobre Cambio Clímatico de 1992 y del Acuerdo París del 2015 que buscan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Estamos cumpliendo las metas de reducción de dichos gases y con la regulación vigente para mitigación de metano?

Recordemos también que el artículo 25 constitucional establece el deber del Estado de garantizar que el desarrollo de la nación sea integral y sustentable. ¿Se está asegurando el gobierno de México que en efecto esto así sea?  Por otro lado, subsisten conflictos añejos que no se resulven. Uno de ellos es la vinculación entre los Programas de Ordenamiento Ecológico con la Evaluación de Impacto Ambiental, las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas federales y locales, las autorizaciones de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales y los programas municipales de desarrollo urbano. ¿Cómo lograr su debida compatibilización? La deforestación aumenta, el crimen organizado está cada vez más involucrado en la tala ilegal y no se ve la mano del gobierno federal para atender esta situación. El Plan Nacional de Restauración es una muy buena propuesta del actual gobierno federal. Sin embargo, al día de hoy desconocemos los avances en su implementación y si se cuenta con los recursos suficientes para ello.  

Finalmente, es necesario insistir en que la cancelación del proyecto “Perfect Day” en Mahahual, Quintana Roo, es una muy buena noticia, pero aún persisten megaproyectos que amenazan gravemente los ecosistemas, a las personas y a las comunidades en México. Solo por mencionar algunos: Playa Las Cocinas, en Nayarit, las plantas de Gas Natural Licuado (GNL) Saguaro y Amigo, en el Golfo de California; la contaminación por pesticidas en la selva maya, específicamente en Hopelchén, Campeche; la planta de amoniaco en Bahía Ohuira, Topolobampo, Sinaloa; el decreto de Loreto como puerto de altura que permitiría el ingreso cruceros y embarcaciones de gran calado y, muy preocupante también, los anuncios de que el gobierno federal quiere realizar fracking en diversas regiones del país.  Es necesario recordar que varios de estos proyectos han incurrido en irregularidades para la obtención de permisos, por lo que necesitamos ver la misma firmeza y actuación oportuna del gobierno federal para aplicar la ley. 

Más allá de la conmemoración del Día mundial del medio ambiente, el verdadero avance exigirá traducir la actual voluntad política en presupuestos dignos y justicia efectiva. Solo cerrando la brecha entre el discurso y la acción lograremos que la protección de nuestra naturaleza sea, finalmente, la base innegociable del desarrollo nacional.

*Directora de Comunicación del CEMDA.