Desde hace un año, comunidades del municipio de Aldama, en Chiapas, son asediadas por grupos armados en los límites del municipio de Chenalhó, por un conflicto territorial que ha derivado en desplazamiento forzado, personas muertas y heridas. Los pobladores piden la intervención de las autoridades federales ante el vacío de poder local

Texto: Leonardo Toledo Garibaldi / Chiapas Paralelo

Fotografías: Isaac Guzmán

ALDAMA, CHIAPAS.- Luego de recorrer en auto los 21 kilómetros que separan San Cristóbal de las Casas de la cabecera municipal de Aldama, un fotógrafo y dos personas más que buscan registrar las condiciones de las comunidades de Tabac y Cocó asediadas por ataques armados durante meses, caminan media hora por una vereda hasta llegar a Tabac. Recorren las barricadas, hasta la de Santa Martha, en los límites del municipio de Chenalhó. Miran las huellas de las balas en la agencia municipal, en la escuela, en las casas. De ahí caminan hacia Cocó. En algún momento el camino deja de estar rodeado de árboles y se abre. El guía se detiene y les dice que tendrán que tomar ciertas medidas de cuidado.

—Vamos a dividirnos, primero paso yo, luego ustedes, pero separados, espaciados uno del otro—advierte.

—¿Y eso para qué?, pregunta el fotógrafo.

—Es que como aquí ya no hay monte, nos pueden ver. Entonces si vamos separados, ya no nos disparan a todos juntos.

El fotógrafo atraviesa el espacio descampado a toda prisa, entre la conciencia de la fragilidad e indefensión. Justo en esa inminencia de muerte es que el conflicto cobra vida, deja de ser piedras apiladas, ventanas rotas o muros perforados, y convierte a los visitante en blanco de un tirador desconocido. El paisaje bucólico de hace unos segundos se vuelve un escenario de terror e incertidumbre.

Al llegar a Cocó, el fotógrafo habla con los pobladores, que parecen haber asumido que el conflicto no tendrá fin. La tranquilidad es inquietante, la amenaza está más presente. Una señora de San Pedro Cotzilnam, con mucha claridad acerca del conflicto y de quiénes son los que disparan, dice: “cuando se nota una tranquilidad es cuando más preocupante puede ser, porque no sabes dónde están y si van a aparecer, sea en el día o en la noche”.

La vida transcurre en Tabac y en Cocó entre esas balas, que bien pueden darle a un familiar, al burro de carga, a las paredes, a las puertas, a las ventanas. El objetivo cuando disparan no es algo preciso, sólo disparar a quien se mueva, incluso a los animales de carga. Romper la dinámica, la movilidad, inhabilitar los campos, los animales que sirven para el trabajo, hacer imposible la sobrevivencia.

Las balas no discriminan, han herido a hombres, mujeres y niños. El último herido fue un joven de 18 años, Juan Lunes Sántiz, que está internado en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal. Su abuela platica que la bala le pegó cuando iba de la casa a la cocina, que está a unos cinco metros. Ahí lo alcanzó la bala, en ese trayecto de cinco metros. El otro nieto ha tenido que acompañar y cuidar a su hermano en el hospital, así que la abuela, de unos 80 años, se ha quedado sola, sin ayuda. Una bala en un tobillo alcanzó a romper a toda una familia.

Se suma al herido anterior, otro joven con una bala en la columna que lo dejó paralizado. Los médicos ya le han dicho a sus familiares que no pueden hacer nada por él, que la única posibilidad de que recupere la movilidad es trasladarlo a un hospital de Ciudad de México. Pero no tienen el dinero suficiente para la ambulancia y mucho menos para transporte aéreo. Hay un video donde intenta mover sus piernas, en su cama del hospital; luego de mucho esfuerzo se ve que logra mover un dedo del pie derecho. Se escucha cómo personas presentes celebran esa brizna de esperanza, ese augurio de recuperación. Aunque todos saben que la recuperación está a miles de pesos de distancia, la rehabilitación se mide en los kilómetros que les separan de la capital.

Hace mucho, cuando aquí se llamaba Santa María Magdalena, alguien en la capital decretó que serían un municipio. Pero inmediatamente después dijeron que sería parte de un “departamento”, el Departamento de San Cristóbal. Luego llegó la Revolución y desaparecieron los departamentos. Algunos años más tarde, otro decreto dictado desde la capital del estado determinó que ya no serían municipio, sino delegación, y pasaron a formar parte del municipio de Chenalhó. Luego, en 1934, les cambiaron de nombre, dejaron de ser Magdalena para convertirse en Aldama, en honor a un tal Ignacio Aldama que nunca pasó por aquí. Muchos años después el gobernador Roberto Albores decidió, otra vez desde la capital, convertir a Aldama junto con 20 comunidades que le rodeaban, en un municipio diferente a Chenalhó. Sin preguntarle a los de Aldama. Sin preguntarle a los de Chenalhó. Desde entonces la discusión sobre los límites entre un municipio y otro sólo abona a un conflicto.

La gente se acostumbra a todo, dicen. Eso parece en Tabac y en Cocó, donde la vida sigue. Aunque siempre hay alguien vigilando, listo para avisar a los demás en caso de ataque, la gente hace su vida: las mujeres tejen, los niños están con sus madres —llevan más de año y medio sin ir a la escuela—. La dinámica cotidiana ha normalizado la violencia latente. La comida se prepara, la leña se corta, los fogones se encienden (con excepción de los que quedan demasiado cerca de Santa Martha, porque entonces el humo les convierte en blanco), todo sucede mientras los silbidos de las balas pasan de un lado al otro. Pero todo el mundo sabe que a pesar de la aparente calma, de un momento a otro las cosas podrían empeorar y todo podría desaparecer. No es sólo la fragilidad que conlleva la convivencia cotidiana con las balas, es el abandono y la ausencia de esperanza de más de dos mil personas.

La cosecha de café se perdió, los soldados y policías que se instalaron hace unas semanas salieron huyendo. Para los pobladores el Estado son sólo palabras que quedaron talladas entre las rocas, en estampas pegadas en las puertas donde lo real es el agujero de las balas. El gobierno es una ausencia brutal que gritan las playeras que regaló el exgobernador Manuel Velasco en su campaña, que grita el cartel con la imagen del síndico municipal recientemente asesinado.El conflicto en Aldama ya llegó a Palacio Nacional; durante la conferencia de cada mañana, un periodista volvió a hablarle al presidente de la situación. El mismo periodista meses atrás denunció los hechos y el gobierno federal envió soldados que sólo pudieron mantener su posición unos cuantos días. En esta nueva intervención, el presidente le dice  que hable con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se acerca al podio y le pide al periodista reunirse con ella para abordar el tema. ¿Habrá alguna diferencia? ¿Harán algo distinto o la ausencia del Estado seguirá creciendo en Aldama, de ráfaga en ráfaga?

Texto publicado como parte de la Alianza de Medios

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