Dos semanas antes del asesinato del reportero Celestino Ruiz, el alcalde de Actopan, Paulino Domínguez, envió a un emisario para negociar su silencio con el jefe del periodista

Miguel Ángel León Carmona / E-Consulta Veracruz

XALAPA, VERACRUZ.- Quince días antes de ser acribillado, Jorge Ruiz Vázquez fue citado en la redacción de su periódico, El Gráfico de Xalapa.

Por segunda vez, su jefe le insistió aceptar un “pago” del alcalde de Actopan, Paulino Domínguez, a cambio desistir de su denuncia por agresiones y amenazas de muerte en su contra, de al menos cinco funcionarios del ayuntamiento, incluido el munícipe panista.

De acuerdo con la carpeta de investigación UIPJ/DXI9°/4659/2019, Jorge Ruiz se reunió aquella ocasión con su jefe, José Luis Poceros, en las oficinas del medio impreso.

“Debes desistirte de las denuncias y dejar de publicar contra el alcalde de Actopan”, le habría instruido el empresario al décimo cuarto periodista asesinado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El presidente José Paulino Domínguez Sánchez había ofrecido a José Luis Poceros -a través de un emisario- la cantidad de 10 mil pesos por daños materiales derivados de dos agresiones contra Ruiz Vázquez, en el centro de Actopan y en su vivienda, cometidas el 24 de octubre y el 17 de noviembre de 2018, respectivamente.

«¿Por qué Paulino Domínguez le ofrecía a Celestino una reparación del daño de dos vehículos (que fueron baleados) cuando todavía no habían concluido las investigaciones sobre las responsabilidades por estas agresiones?», cuestiona Jorge Morales Vázquez, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP).

Los ataques

Con base en la carpeta de investigación 114/2018, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos contra la libertad de Expresión, el primer hecho violento contra Ruiz Vázquez se registró el 24 de octubre de 2018. El auto del comunicador modelo Tsuru fue golpeado por personas desconocidas con bates, en Actopan.

El 17 de noviembre de 2018, la fachada de la casa del comunicador y dos automóviles fueron rafagueados.

Por el presunto “pago” que buscaba frenar las denuncias por estos dos hechos, el director de El Gráfico de Xalapa recibió un citatorio este 6 de agosto para testificar ante la Fiscalía e informar la identidad del emisario del alcalde panista, quien también buscaba bloquear las publicaciones del reportero sobre probables desvíos de recursos en el municipio.

Un día antes, Rafael Poceros Luna, gerente de El Gráfico, exigió ante medios justicia por el crimen de su colaborador, sin embargo, pero omitió testificar ante la Fiscalía cuando fue citado.

“Me resulta extraño e indignante la postura de José Luis Poceros. Hoy se dicen mártires de la corrupción, pero no ayudan a esclarecer el crimen de Celestino. Su actitud lo convierte en cómplice”, sostiene Jorge Morales.

La insistencia de silenciarlo

A inicios de junio, José Luis Poceros citó a Celestino Ruiz en las oficinas del diario por primera vez. El directivo le indicó que el alcalde de Actopan había enviado a un emisario para ofrecerle 10 mil pesos, como reparación de daños materiales por las dos agresiones en su contra, que a la fecha permanecen impunes. El reportero se negó.

“Yo le dije ‘oye, ¿y te dijo Poceros quién es esta persona?’. Le dije que era importante que Poceros compareciera para que dijera quién era el emisario del presidente municipal. Celestino me dijo que iba a hablarlo con su jefe, para saber si tenía ánimos de apoyarlo”, explica Jorge Morales.

El 19 de junio, empleados de la CEAPP acudieron a Actopan para solicitar audiencia con el alcalde Paulino Domínguez y le entregaron por escrito a su secretario particular una solicitud de informe sobre las agresiones contra Ruiz Vázquez.

“El secretario nos dijo que el alcalde no estaba en ese momento, pero que le iba a comentar que nosotros teníamos interés de tener una reunión con él. La verdad es que el alcalde nunca nos recibió. Es el único presidente que no nos ha querido recibir”, abunda Morales Vázquez. 

Días después, Paulino Domínguez respondió de manera escueta el requerimiento de la CEAPP y se limitó a referir que desconocía por completo el tema de la denuncia interpuesta por Celestino Ruiz, donde señala al propio alcalde y al menos a otros cuatro funcionarios municipales de agresiones y amenazas. 

La respuesta asentada en el informe del Ayuntamiento de Actopan, del cual E-Consulta Veracruz posee una copia, contrasta con lo referido por el munícipe de extracción panista, el 3 de agosto en una entrevista para El Universal. 

Sobre los señalamientos en la carpeta de investigación 114/2018, dijo «En ese momento di instrucciones para que las personas señaladas se presentaran a aclarar los hechos ante la Fiscalía General del Estado y coadyuvaran con el esclarecimiento de los mismos”.

«Nunca en el gobierno que presido se ha coartado la libertad de expresión ni se ha agredido o atentado contra algún comunicador (…) Frente a este trágico suceso, nos sumamos, respetuosamente, al sentir del señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez, exigiendo que se esclarezcan los hechos y se lleve ante la justicia a los responsables de tan cobarde atentado”, agregó. 

‘El alcalde no está siendo sincero’

A estas declaraciones, Jorge Morales Vázquez respondió: “El alcalde no está siendo sincero. Ahora dice que es una persona respetuosa de la libertad de expresión, pero su postura contrasta con la propuesta para que Celestino se desistiera de las denuncias contra él. Hay indicios de contracciones”. 

El funcionario estatal confirmó que tanto él, como empleados de la CEAPP y familiares de la víctima aportarán declaraciones como testigos ante la Fiscalía de Veracruz.

“Nosotros contamos con registros en investigaciones realizadas por la Ceapp que entregaremos a la autoridad y que involucran al menos a cinco servidores públicos del municipio de Actopan”, dijo. 

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Casarín, no descartó la posibilidad de separar del cargo a José Paulino Domínguez, en caso de que así lo solicite el fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, mientras se investigan las denuncias por agresiones, amenazas y homicidio doloso.