Textos y fotos: Arturo Contreras Camero

Con la instalación de la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, la posibilidad de investigar al Ejército, condiciones jurídicas y la inclusión de organismos internacionales, familias exigen saber la verdad ante la desaparición de sus hijos, 43 estudiantes normalistas

“La esperanza la tenemos más grande ahora”, dice Bernardo Campos. Tiene lágrimas en los ojos y una sonrisa discreta que se esconde en su sombrero. Alrededor de Bernardo hay un gran barullo, defensores de derechos humanos hablan con periodistas y las cámaras persiguen a funcionarios o miembros de Organizaciones Sociales. Hace unos momentos, las familias constataron la conformación de la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa.

Bernardo es padre de José Ángel Campos Cantor, normalista víctima de desaparición forzada el 26 de septiembre de 2014. Espera que por fin sea un paso definitorio para esclarecer el paradero de su hijo y de sus 42 compañeros que también estudiaban en la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La Comisión, anunciada en diciembre por el Diario Oficial de la federación tras un decreto presidencial, tendrá acceso a información que las autoridades se negaron a hacer pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las cuales son omitidas en las investigaciones oficiales que se han llevado a cabo desde la desaparición de los estudiantes, tales son los reportes generados por el 27 Batallón a la 35 Zona Militar, referentes a lo sucedido durante la desaparición en la Ciudad de Iguala.

Cristina Bautista Salvador, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, ahora participante de la Comisión, exige que en las investigaciones haya una ayuda internacional:

“Han pasado cinco diciembres sin poder convivir con nuestra familia. Por eso nos preocupa mucho que podamos seguir juntos y que regresen los los expertos (del GIEI) lo antes posible”, dijo durante su intervención en la mesa donde instauraron ola comisión. Cristina Bautista se mostró entusiasmada, retomó las esperanzas de dar con el paradero de su hijo.

Sin embargo, en sus palabras hay cierta cautela, porque en cinco años, las familias de los 43 normalistas desaparecidos, perdieron la confianza en las autoridades.

“Es muy importante para nosotros como padres, porque pues es nuevo gobierno y una nueva etapa para la búsqueda de nuestros hijos, nos abrieron las puertas sin manifestarnos”, aseguró. “Tenemos la esperanza y la fe de que sea pronto y lleguemos a la verdad. Hemos dicho que la confianza se va construyendo en cuanto vayan avanzando las investigaciones”.

El evento, que fue encabezado por algunos de los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, por las organizaciones de la Sociedad Civil que han acompañado su búsqueda durante estos años, por miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos así como por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Coordero, el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y el subsecretario de Derechos Humanos, migración y población, Alejandro Encinas.

Este último aseguró que la misión de la Comisión será crear las condiciones materiales, jurídicas y humanas, por parte del gobierno federal para que ser conozca la verdad y el paradero de los estudiantes desaparecidos y así hacer justicia.

“La verdad es que no hay verdad” dijo Encinas al presentar la comisión y mencionar que esa es la única premisa que se tiene en cuanto a los trabajos de investigación realizados por administraciones pasadas.

Además, señaló que esta no es una comisión tradicional, pues se espera que los resultados que se obtengan brinden un nuevo modelo de intervención gubernamental que en relación con las víctimas y organizaciones de la sociedad civil permita avanzar en las investigaciones de otras violaciones a derechos guanos en el país durante las últimas décadas.

El subsecretario anunció que la comisión estará integrada por tres madres o padres de los desaparecidos; por 3 funcionarios de gobierno y una organización acompañante de la Sociedad Civil, además de contar con un secretario técnico.

Por parte de los familiares de los estudiantes, la integrarán Cristina Bautista Salvador, Mario César González Contreras, Hilda Laideño Vargas, María Martínez Ceferino y Emiliano Navarrete Victoriano, tres de ellos lo harán permanente y dos de manera paulatina.

Las organizaciones de la sociedad civil estará representadas por Santiago Aguirre Espinosa del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Humberto Guerrero Rosales, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, y el maestro Miguel Álvarez Gándara de Serapaz.

Por parte del ejecutivo la comisión estará integrada por Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, Arturo Herrera Gutiérrez, subsecretario de Hacienda y el propio Encinas. El secretario técnico será Félix Santana Ángeles.
La comisión sesionará por lo menos una vez al mes desde las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México y será una forma de dar continuidad a las reuniones semanales que ya realizaban los padres y madres de los estudiantes con el subsecretario Encinas desde Agosto del año pasado.

De acuerdo con lo anunciado, la comisión emitirá un informe semestral y, eventualmente, uno final.

Sobre el trabajo que sigue para la comisión, Santiago Aguirre, abogado del Centro ProDH y que ha acompañado a los padres de familia aseguró que primero se tiene que aprobar el plan de trabajo, que se hará en la próxima reunión del día 25 que se hará en el esquema colegiado entre padres, acompañantes de la Sociedad Civil y representantes del gobierno.

“Paralelamente tenemos que estar muy pendientes de que se concrete lo de la asignación del fiscal, el paso a la Fiscalía, y eso va a permitir ir avanzando en la parte penal”, aseguró. Mientras que en lo que respecta a la cooperación internacional y ase cuenta con la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del ACNUR.

Esta comisión tomará en cuenta las investigaciones que ya se han hecho, sean penales, periodísticas o de cualquier otra índole. También buscará acercarse a la ciudadanía para encontrar nueva información que pueda aportar al esclarecimiento de los hechos.

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“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: https://piedepagina.mx«.