3 diciembre, 2022
Este 8 de diciembre se estrenará en todo el mundo y en 30 idiomas A plena luz, un documental de Alberto Arnaut que reconstruye los hechos de la tarde del 31 de julio de 2015, cuando asesinaron Mile, Yesenia, Alejandra, Nadia y Rubén. Estará disponible en Netflix.
Texto: Arturo Contreras Camero
Fotos: María Fernanda Ruiz
CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México alteró las evidencias, tergiversó la versión de los hechos y obstruyó las investigaciones para simular que habían solucionado el caso Narvarte. Es decir el feminicidio de Nadia Vera, Mile Virginia, Yesenia Quiroz y Alejandra, así como el asesinato de Rubén Espinosa. Eso demuestra el documental A plena luz, realizado por el director Alberto Arnaut. La película se hizo con una estrecha colaboración entre los familiares del caso, sus abogados y peritos independientes.
“Esta película fue un proyecto que duró, desde que iniciamos a su terminación, cuatro años. Al inicio hubo un apoyo de la fundación Ford y del festival de Sundance, lo que nos permitió involucrar a un equipo de periodistas e historiadores. Después, cuando se vendió a Netflix, eso ayudó a contar con peritos y cuestiones técnicas para entender la averiguación previa”, cuenta sobre su realización el mismo Arnaut, después de una función especial, previa a su estreno.
El primer documental de Arnaut, Hasta los dientes, tuvo repercusiones en la construcción de la historia y la verdad sobre dos estudiantes asesinados. Incluso orilló al Ejército a aceptar su responsabilidad. Con ese conocimiento, el documentalista quiso aprovechar la metodología que desarrolló en un caso de mayor relevancia.
“En ese momento (2015) veníamos saliendo de muchas manifestaciones, yo estaba muy movilizado contra las Reformas de Peña. Cuando sucede lo de la Narvarte, nos conmovió mucho porque los identificamos a ellos como uno de nosotros. Sentíamos que la muerte nos estaba tocando a la casa, muchos estudiantes de posgrado y activistas vivíamos en la colonia, las rentas eran accesibles. Que haya sido en la Narvarte, a plena luz y que haya habido tal grado de impunidad, daba miedo”.
El documental dio un empujón extra a las investigaciones que las familias, junto con sus abogados, ya venían realizando por un par de años. También ayudó a acelerar sus resultados. En otras palabras, documentalistas, abogados, familiares de víctimas, peritos y activistas han suplido la tarea del Estado en la investigación de uno de los delitos más relevantes de los últimos años.
“Lo que hicimos mucho (cada vez que había un hallazgo) fue ir presentando avances a las familias. Toda la información se las íbamos mandando”, cuenta Arnaut. El trabajo de detectives que realizó este equipo multidisciplinario fue tal, que a veces los productores de la película tenían que recordar a Arnaut que tenían un documental que grabar. “Hubo una labor con los abogados de llevar los avances a la Fiscalía, nosotros no queríamos tener la primicia. Incluso, muchos de los avances se dieron a conocer en julio y son derivados del trabajo conjunto”.
En julio de este año, los familiares de las víctimas y los abogados dieron a conocer que además de las tres personas implicadas en las ejecuciones, había por lo menos dos personas más implicadas. Además, identificaron dos automóviles implicados en la comisión de delito, que se pasaron por alto en las investigaciones de la autoridad.
Al respecto, Edgardo Calderón, abogado de Artículo 19 que ha acompañado a las familias, asegura que la Fiscalía de la Ciudad de México sigue diciendo que está investigando, pero no tienen resultados.
“Se tardaron hasta 2020 en dar 21 tomos de averiguación previa, que ya son 24, y no fue por buena voluntad, fue a base de amparos y de revisiones, hasta que la ‘justicia’ federal obligó a la Fiscalía a entregar unas copias mal hechas”.
Después de presentar los resultados de sus investigaciones a la Fiscalía, los familiares esperan a que se validen y que la Fiscalía se enfoque en dos cuestiones. Uno: identificar al resto de los involucrados, que podrían ser hasta 10 personas, y dar con los autores intelectuales. Dos: Iniciar un proceso judicial en contra de los funcionarios que participaron en el encubrimiento del multiasesinato.
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