Los audios de “Alito”, la inexistencia de la Fiscalía de Delitos Electorales, la oposición denunciando que el crimen organizado juega para Morena y la visita de AMLO al Triángulo Dorado marcan las elecciones del 5 de junio

Twitter. @chamanesco 

Primer acto.- Los audios del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, son reveladores de la forma en la que se hace política en México.

El exgobernador de Campeche, convertido en líder nacional de su partido, reclama a supuestos operadores electorales del proceso 2021 que no sepan presionar a empresarios y proveedores para que les ayuden.

De manera grosera y cínica -obviamente, sin saber que está siendo grabado-, Alejandro Moreno se explaya: en un audio deja ver que se han hecho pagos por 5 millones de dólares a asesores políticos. Uno de ellos podría ser el polémico asesor español Antonio Sola.

En otro audio, ordena que le pidan 100 mil gorras a proveedores que, presumiblemente, se habrían beneficiado con contratos cuando él fue gobernador de Campeche (2015-2019).

En uno más, habla campechanamente de la empresa Cinépolis y se queja de que, a pesar del gran éxito de los Ramírez, apenas hayan apoquinado 25 millones de pesos a las campañas priistas.

Finalmente, en un cuarto audio se escucha la voz de “Alito” comentando con un miembro de su equipo sus “métodos” para tratar con la prensa.

“A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”, dice el priista, mostrando el verdadero rostro del PRI.

Los audios son filtrados en partes por la gobernadora morenista Layda Sansores -antigua enemiga de “Alito”-, quien argumenta que éstos le llegaron de manera anónima, y los presenta en su talk show de los martes, alcanzando resonancia nacional.

La filtración ocurre en el último mes de las campañas de 2022, en las que Morena trata de derrotar a la alianza PRI-PAN-PRD y dejarlos sin seis estados que actualmente gobiernan. 

Como es de esperarse, Alejandro Moreno niega todo; primero dice que no es su voz, luego acusa espionaje y, después, afirma que se manipularon las grabaciones para hacerlo decir cosas que él jamás diría.

En entrevista con Aristegui Noticias, “Alito” sugiere que el autor del espionaje en su contra es Renato Sales, excomisionado de Seguridad Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto y actual fiscal general de Campeche. 

Lo cierto es que la manera de hablar del “Alito” de los audios corresponde a la forma de hablar del “Alito” al que muchos políticos y periodistas han tratado en las últimas décadas: un priista malhablado, bravucón y con fama de haberse enriquecido conforme fue escalando puestos en la política, desde dirigente juvenil hasta diputado, senador, gobernador y presidente nacional del tricolor.

“Alito” aspira a la Presidencia de la República en 2024, y el obús de su paisana parece haberle pegado en la línea de flotación, matando dos pájaros de un tiro: la candidatura del campechano y la estabilidad de la alianza Va X México.

Segundo acto. La gobernadora de Campeche, legisladores y dirigentes de Morena intentan sacarle aún más jugo a los audios de “Alito”.

Mientras a él lo acusan de corrupto, señalan al Instituto Nacional Electoral por “no hacer nada” y guardar silencio frente a lo que revelan las conversaciones.

Pasan dos semanas desde el primer audio hasta que Morena formaliza una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, aportando como únicas pruebas la USB donde vienen los audios, y los links de los programas de tuiteros a los que Layda Sansores utilizó para filtrar los audios.

El 20 de mayo, el propio INE informa que acaba de recibir la denuncia y anuncia que ésta se procesará conforme a las reglas de fiscalización.

Las campañas de 2021, tanto las federales como la específica de Campeche, ya fueron sometidas a un proceso de fiscalización conforme a los tiempos que marcan las leyes vigentes. Aun así, las quejas de Morena derivarán en nuevos procedimientos y, de comprobarse financiamiento irregular o uso de recursos para fines no partidistas, podrían llevar a nuevas sanciones contra el PRI.

A pesar de este anuncio, Layda Sansores, Mario Delgado y hasta Claudia Sheinbaum acusan de omiso al INE, y usan el escándalo de los audios de “Alito” en su ya conocida campaña contra la autoridad electoral.

Incluso, el presidente de la República se sube al tema y, en la mañanera del 26 de mayo, acusa al INE -y de paso al Tribunal Electoral- de no decir “nada, nada”. 

De ahí la necesidad de una reforma político-electoral, remata el primer mandatario, convirtiendo a la mañanera en caja de resonancia de la posverdad.

Los líderes morenistas y los funcionarios públicos de alto nivel que se meten a la polémica ignoran -o pretenden ignorar- que existen procedimientos específicos para que la autoridad administrativa procese quejas y denuncias de este tipo.

Pero lo más curioso es que nada dicen de la inacción de la Fiscalía de Delitos Electorales de la FGR, cuyo titular, José Agustín Ortiz Pinchetti, brilla por su ausencia desde hace varios meses, por no decir años.

Ni un reclamo hacen las y los morenistas por la pasividad de la Fiscalía, a la que en 2019 dotaron del poder de perseguir de oficio, y como delitos graves, los fraudes electorales.

Más allá de algunos dichos, no existe información concreta que indique que Layda Sansores o Morena hayan procedido ya por la vía penal en contra de “Alito” por las conductas que se presumen en los audios.

Tercer acto.- Alejandro Moreno trata de darle la vuelta al escándalo de los audios, acusando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de utilizar el aparato del Estado para deshacerse de sus opositores.

Sin embargo, los otros dirigentes de la alianza Va X México se hacen ojo de hormiga. 

El panista Marko Cortés y el perredista Jesús Zambrano evaden el tema y concentran baterías en aquellos estados donde creen que pueden ganar: Aguascalientes, Durango y Tamaulipas. 

Conforme se acerca la recta final, las campañas rumbo al 5 de junio adquieren un tono ríspido, con acusaciones de presuntos vínculos con bandas criminales, de una coalición a otra.

PAN y PRD mantienen la alerta por la presunta intervención del crimen organizado a favor de las y los candidatos de Morena.

Ya en 2021, tras las elecciones que ganó el lopezobradorismo en todo el corredor del Pacífico (desde Baja California hasta Guerrero), los líderes del PAN y PRD -también acompañados por el hoy defenestrado “Alito”- viajaron a Washington para encender la alarmas de la Organización de los Estados Americanos, acusando al oficialismo de coludirse con criminales para ganar elecciones.

El tema preocupa y, en el recién iniciado debate de la reforma electoral, el PAN ha colocado en su iniciativa una nueva causa de nulidad: la intervención del crimen organizado en una campaña.

En esa lógica, a una semana de las elecciones, el panista Marko Cortés pide al gobierno sacar las manos del proceso y que garantice que no se involucre la delincuencia organizada.

Y el perredista Jesús Zambrano va más allá, al denunciar que la visita del presidente López Obrador al Triángulo Dorado, en la semana previa a los comicios, es para sellar “su nefasto pacto de complicidad con el crimen organizado”.

Cuarto acto.- Efectivamente, a una semana de las elecciones, el presidente sobrevuela el Triángulo Dorado. Recorre Sinaloa y Chihuahua, y asegura que esa tierra de narcos bien podría llamarse el “triángulo de la gente buena y trabajadora”.

En la gira, algunos periodistas pueden comprobar que el territorio está sembrado de retenes operados por civiles armados, que hacen labores de seguridad en aquellos parajes donde las fuerzas del Estado no llegan.

Una semana antes de las elecciones en estados con graves conflictos de seguridad y violencia, y fuerte presencia de bandas criminales, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas minimiza el hallazgo que han hecho los periodistas que intentan seguirlo en una gira inaudita.

Cuando se le pregunta por el retén, el presidente niega que haya territorios ocupados por grupos delincuenciales. “No, no, no, eso lo piensan los conservadores”.

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¿Cómo se llamó la obra?