7 marzo, 2022
La Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a los gobiernos estatal de Oaxaca y municipales a atender el desplazamiento forzado interno de las personas triquis de Tierra Blanca Copala, que llevan más de un año fuera de su comunidad. Un representante de la comunidad triqui criticó que la CNDH no incluyó al gobierno federal
Texto y fotos: Diana Manzo / Istmo Press
OAXACA.- Ante el desplazamiento forzado interno que viven personas indígenas triquis de Tierra Blanca Copala, Oaxaca por conflictos políticos, sociales y del territorio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Oaxaca y autoridades locales a establecer un plan de trabajo, que tenga como objetivo principal impulsar el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Oaxaca (CEAV).
Mediante la recomendación 36/2022, la CNDH exhortó al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, al presidente municipal de Juxtlahuaca Oaxaca Arsenio Lorenzo Mejía García y al fiscal de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, a atender esta demanda que ha creado el desplazamiento forzado, originada principalmente por intolerancia religiosa conflictos comunales y disputas por tierras y recursos naturales.
La CNDH señala que las consecuencias del desplazamiento forzado de las personas de la comunidad indígena triqui de Tierra Blanca Copala fue la imposibilidad de subsistir por sus propios medios, así como ejercer sus derechos de manera libre y voluntaria, tener un lugar físico para vivir y alimentarse, trabajar, acceder a educación y tener los medios y recursos para acceder a centros de salud.
Asimismo, la comisión reconoce que existe desplazamiento forzado interno de personas de la comunidad de Tierra Blanca Copala, y algunas familias se encuentran viviendo en la comunidad de Yosoyuxi, sin especificar que hay personas desplazadas en otros lugares, así como en la Ciudad de México.
La CNDH solicitó a las autoridades oaxaqueñas que proporcionen el tratamiento médico, psicológico y tanatológico de manera culturalmente apropiada, según corresponda a las personas desplazadas, porque es importante atender la salud física y emocional.
De manera conjunta, las autoridades estatales y municipales, sus sistemas del DIF, deberán diseñar un protocolo de actuación dirigido a las autoridades encargadas de garantizar los derechos de las personas desplazadas particularmente a la vida, la salud, a la alimentación, educación, entre otros.
El fiscal de Oaxaca Arturo Peimbert, debe brindar atención a las víctimas y demás familiares que acrediten la vulneración al derecho humano de acceso de justicia, la reparación integral por los daños causados que incluya la compensación justa y suficiente, así como la atención médica psicológica y tanatológica que en sus casos requiera, con motivo de las violaciones de derechos humanos evidenciadas, según recomendó la CNDH.
La Fiscalía de Oaxaca debe diseñar e implementar un protocolo de actuación para casos de desplazamiento forzado interno de personas mediante el cual se investiguen los hechos y delitos relacionados con el desplazamiento.
El 26 de diciembre de 2020, Andrés Martínez López fue asesinado en un ataque armado en la comunidad de Tierra Blanca, Oaxaca, y tres de sus hijos resultaron lesionados. Durante los días posteriores la violencia continuó. Ante el terror que se esparció, 143 familias tuvieron que desplazarse. Un mes después llegaron al Centro Histórico de la Ciudad de México e instalaron un plantón, en el que ya suman más de un año.
Pese a que ha habido intentos de volver a su tierra coordinados por los gobiernos estatal y federal, éstos han sido fallidos y las familias permanecen en un campamento sobre el asfalto, a un kilómetro de distancia de la casa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.
Maurilio Santiago Reyes, activista y defensor del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), quien acompaña a algunas familias, solicitó el cumplimiento eficaz y rápido de dicha recomendación.
Santiago Reyes enfatizó la omisión de la CNDH al no responsabilizar de estos hechos al gobierno federal por su nula atención.
“La CNDH también debió incluir en la recomendación al gobierno federal para que acate estas recomendaciones. Los indígenas triquis llevan décadas viviendo desplazamiento y demás conflictos que han generado asesinatos, violencia continua y por supuesto afectaciones emocionales y mentales, esto. ¿Quién lo repara?”.
Maurilio Santiago Reyes
El desplazamiento de las personas triquis no es el único en la mixteca de Oaxaca. También hay otro desplazamiento forzado que viven indígenas Ñuu Saavi (mixtecos) de Atatlahuca Oaxaca desde octubre del 2021. Son más de 100 familias que huyeron cuando les quemaron sus casas por la defensa del bosque y viven en refugios temporales y otros en la cabecera municipal, sin que hasta el momento las autoridades establezcan un plan de regreso o reubicación.
De acuerdo con el informe de Episodio de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México 2020 de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos CMDPDH, Oaxaca es el Estado con mayor desplazamiento forzado interno con un 21 % de desplazamiento a nivel nacional.
*Esta nota fue realizada por ISTMO PRESS, medio aliado de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.
Reportera en Unión Hidalgo, Oaxaca.
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