Los funcionarios de Javier Duarte implicados en la desaparición de decenas de veacruzanos están libres gracias errores y violaciones a sus derechos humanos cometidos durante la administración de Miguel Ángel Yunes y el aún procurador Jorge Winckler Ortiz

Texto: Miguel Ángel León Carmona / E-consulta Veracruz

Foto: Yerania Rolón

Xalapa, Ver.- Exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte que fueron detenidos y señalados como artífices de múltiples desapariciones forzadas en Veracruz se valieron de errores de la Fiscalía General del Estado (FGE) y libraron la cárcel, bajo el amparo de la justicia federal.

En menos de seis meses, Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública, y Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal general, demostraron ante jueces que la fiscalía veracruzana solicitó medidas cautelares excesivas en su contra y lograron seguir su juicio desde casa. A cambio, pagaron fianzas que van de los 15 mil pesos hasta el millón de pesos.

Pero estos casos no son únicos. Bajo argumentos idénticos exmandos de esas instituciones burlaron la justicia, entre ellos Rosario Zamora, exdirectora de Investigaciones Ministeriales, quien fue liberada este 21 de mayo, Gilberto Aguirre, exdirector de Servicios Periciales, y Carlota Zamudio Parroquín, exdelegada regional de la policía ministerial de la zona centro, quienes salieron de prisión este 22 de mayo.

La estrategia emprendida por los abogados de Arturo Bermúdez sirvió como respaldo para más expolicías procesados por el mismo delito. Apenas el 12 de abril de 2019, ocho exelementos imputados por la desaparición forzada y asesinato de un joven cordobés fueron liberados tras pagar 15 mil pesos de fianza.

Los exoficiales que hoy viven su proceso en su domicilio son: Francisco “N”, Patricio “N”, Misael “N”, Rubén “N”, Luis “N”, Martín “N”, Ra “N” y Ricardo “N”, acusados del crimen contra Juan Arturo Méndez Alcántara, perpetrado el 21 de febrero de 2018.

En el lado de la Fiscalía General, la ruta jurídica la trazó Gilberto Aguirre, quien presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y demostró que fue obligado a declarar –bajo tortura- en contra de sus superiores. Lo anterior, producto de una negociación con el Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, según la declaración del quejoso, asentada en la recomendación 25/2019.

Cuatro casos destacados de exfuncionarios que exhibieron errores de la dependencia a cargo de Jorge Winckler Ortiz y que, con su liberación, abollaron la justicia en el tema de desaparecidos, pregonada en el gobierno del panista, Miguel Ángel Yunes Linares.

Luis Ángel Bravo, “¡sí se pudo!”, gritó al salir de prisión

Tras casi un año en prisión, y al grito de “¡Sí se pudo!”, el exfiscal general Luis Ángel Bravo quedó libre este 22 de mayo luego de que la juez Mónica Segovia removiera su medida cautelar en cumplimiento de una orden federal que concluyó que la prisión preventiva en su contra fue excesiva.

El exfuncionario fue detenido el 17 de junio de 2018 en la Ciudad de México, acusado de la desaparición de 12 cadáveres hallados en la barranca de “La Aurora”, en el municipio de Emiliano Zapata, que habrían sido víctimas de un grupo de élite de la policía estatal.

Cuatro días antes, el 13 de mayo, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, explicó que el exservidor público era investigado por los delitos de desaparición forzada, de entorpecer investigaciones y encubrir a más responsables (colaboradores suyos) en estos casos.

De acuerdo con el mandatario, el exfiscal habría dado la orden para desaparecer 13 cadáveres que fueron encontrados el 19 de enero 2016 en la barranca La Aurora, presuntamente víctimas de la Fuerza Especial de la SSP, conocida como Los Fieles.

Gilberto Aguirre, acusado de solapar desapariciones

Gilberto Aguirre, exdirector general de Servicios Periciales, y Carlota Zamudio Parroquín, exdelegada de la Policía Ministerial de la región Xalapa, salieron del penal de Pacho Viejo este 22 de mayo tras recibir prisión domiciliaria.

El pasado 3 de abril de 2018 ambos fueron detenidos y el 9 de abril vinculados a proceso, señalados de alterar el hallazgo de 13 cadáveres en enero de 2016 en Emiliano Zapata, entre ellos el cuerpo de un policía de la SSP, de nombre David Lara Cruz.

La juez de control Mónica Segovia Jácome, quien había dictaminado seis meses para que la Fiscalía Especializada en Denuncias por Personas Desaparecidas realizara la investigación complementaria, fue quien determinó cambiarles su medida cautelar por arraigo domiciliario.

Según la Fiscalía Aguirre Garza y Zamudio Parroquín sólo reportaron la localización de seis cuerpos de una veintena que habían sido reportados por pobladores de la zona y procesados por la Fiscalía.

Recientemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación que señala que Aguirre Garza fue torturado para incriminar en este caso a Luis Ángel Bravo Contreras.

Rosario Zamora, presunto brazo ejecutor de desapariciones

Rosario Zamora, exdirectora de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía de Veracruz, imputada por desaparición forzada, fue liberada de prisión este 21 de mayo, luego de que la juez Mónica Segovia cambió su medida cautelar a arresto domiciliario.

Lo anterior, en cumplimiento a la orden de un juez federal quien resolvió a favor de Rosario “N”, amparada ante el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito.

María del Rosario “N” fue detenida el 27 de marzo de 2018, y se le responsabiliza de ordenar la desaparición de 12 cadáveres hallados en 2016 en la barranca La Aurora, a un costado de la Academia de Policía de Veracruz.

Rosario “N”, alias “La Chacala” fue un elemento de confianza del exfiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras.

La exservidora pública asumió el cargo el 01 de marzo de 2014 y renunció el 12 de diciembre de 2016. Ella fue objeto de señalamientos de familiares de desaparecidos por entorpecer las diligencias de búsquedas en vida, así como el rastreo de restos en fosas clandestinas y de encubrir en casos polémicos a su superior, Luis Ángel Bravo.

Arturo Bermúdez, ‘soy inocente. Se hizo justicia’

Arturo Bermúdez fue imputado el 8 de febrero por desaparición forzada. Al extitular de la SSP y a otros dos mandos se les atribuyen 15 desapariciones perpetuados durante el mandado de Javier Duarte.

El apodado Capitán Tormenta fue señalado de comandar un grupo de fuerzas especiales de la SSP apodado Los Fieles que, en la clandestinidad, utilizó la academia de policías de Veracruz para torturar y desaparecer al menos a 15 personas, según investigaciones de las autoridades estatales a las que E-Consulta Veracruz tuvo acceso.

Tras casi un año en prisión, la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez decidió que el exsecretario siguiera su proceso desde casa. La juez fijó como nuevas medidas cautelares la entrega del pasaporte del acusado para que no pueda salir del país y la presentación cada ocho días al penal de Pacho Viejo donde habrá de firmar un pase de lista. Además, pagó un millón de pesos.

Tras su liberación, decenas de conocidos de Bermúdez arribaron a Pacho Viejo para esperar el momento de su salida. Hasta la puerta le llevaron un traje de color azul para suplir su vestimenta naranja de convicto; zapatos negros bien lustrados y una pizza. “Se hizo justicia. Soy un hombre libre, soy inocente”, dijo a los medios.

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