24 noviembre, 2021
Desde Periodistas de a Pie respaldamos el trabajo de nuestra compañera y cofundadora Marcela Turati y exigimos garantías para el ejercicio pleno y libre en la cobertura de desapariciones forzada. Organizaciones exigen justicia para las víctimas y que se investigue la estructura de la FGR
Texto: Red de Periodistas de A Pie y Redacción Pie de Página
Foto: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
El pasado martes 22 de noviembre el diario Washington Post dio a conocer que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) investigó, bajo el supuesto de crimen organizado, a las tres mujeres que han trabajado por esclarecer los crímenes de la masacre de 196 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, sucedida en el verano del 2011: Marcela Turati, cofundadora de la Red de Periodistas de a Pie, y de la organización periodística Quinto Elemento Lab; Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación Justicia y el Estado Democrático de Derecho; y Mercedes Doretti, coordinadora del Equipo Argentina de Antropología Forense.
La acción de la PGR de investigar a Turati, Delgadillo y Doretti a partir del 2015, cuando comenzaron a reportear e investigar la masacre, es un ejemplo más de sistemático acoso del Estado Mexicano a periodistas y personas que actúan desde la Sociedad Civil Organizada ante la parálisis de las instituciones. Y pone de manifiesto el riesgo en que se desarrolla el trabajo periodístico en este país. La amenaza en contra, recae también sobre las víctimas y las fuentes de la periodista.
Por la mañana de este miércoles, organizaciones civiles destacaron que si bien la criminalización del trabajo periodístico y de defensoras de derechos humanos sucedió en la administración pasada, el gobierno federal debe garantizar la justicia a las víctimas y sus familiares, así como que se resguarde la información personal de Marcela Turati, Ana Lorena Delgado y Mercedes Doretti, y se cese cualquier investigación en su contra.
En conferencia de prensa, demandaron también un Centro Especial en la Fiscalía que con apoyo de la ONU, especialistas y expertos internacionales que investigue lo ocurrido en San Fernando, Tamaulipas, en masacres y desapariciones.
También exigieron que la Fiscalía General de la República realice una investigación estructural al interior de su personal para combatir la impunidad.
La organización periodística A dónde van los desaparecidos demando también que se detenga el asedio y posible espionaje contra periodistas y defensoras de derechos humanos.
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