La secretaria de Energía explicó la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, que busca rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, darle el 56 por ciento de la producción de energía eléctrica y con ello revertir el escenario actual que otorga 62 por ciento de la generación a empresas privadas

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Victoria Valtierra / Cuartoscuro y Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Expropiación, nacionalización o apagón energético son algunos de los adjetivos con los que se ha tildado a la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que presentó el presidente López Obrador a inicios de este mes. Para contrarrestar las críticas, el presidente dedicó su conferencia matutina de este lunes 11 a explicarla detenidamente.

En pocas palabras, destacó, la reforma busca rescatar los pedazos que quedaron de la Comisión Federal de Electricidad, que fue dividida en varias empresas desde 2013 con la reforma de Enrique Peña Nieto y parecía destinada a desaparecer. De paso, busca revertir el escenario de producción eléctrica en el país, que actualmente depende en 62 por ciento de empresas privadas y el resto de las empresas del Estado. 

La exposición de los fines de la reforma estuvo a cargo de la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, pero llevaba una dedicatoria especial del presidente:

«Todo esto se va a explicar para que no haya manipulación y también para que los legisladores sepan de qué se trata”, dijo López Obrador al inicio de su conferencia

Según dijo la secretaria, la reforma plantea eliminar las modalidades ilegales de generación privada y asegurar que el 56 por ciento de la producción de energía quede en manos de la CFE. 

CFE de empresa productiva del Estado a organismo del Estado

“En el 2013 se le dio el estatus de empresa del Estado a la CFE para poderla dividir, para fraccionarla, y con ello crearon nueve subsidiarias, cuatro filiales y cuatro unidades de negocios. Entre estas subsidiarias no podía haber una relación comercial ni financiera, estaban obligadas a tener una operación legal, esto con el propósito de fragmentarlas”, dijo por la mañana la secretaria Nahle.

Ese fue el último golpe de un largo proceso de pauperización a las empresas del estado que inició en el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994) para abrir el campo a empresas extranjeras, según explica José Antonio Almazán, exdirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, que recuerda que después de la extinción masiva de Luz y Fuerza del Centro, las políticas de descapitalización se enfocaron en la CFE.

“Le impidieron crecer en el terreno de la generación, obligándole a comprar toda la energía en bloque a los privados. La dotaron de presupuestos raquíticos para favorecer las tesis de señalar a la empresa pública como ineficiente y finalmente lo que esperaban fuera el último golpe: modificar el andamiaje constitucional sucedió con Peña Nieto”, asegura José Antonio en entrevista. 

“Lo que hace Peña Nieto es modificar la Constitución y quitar la traba que hablaba de la exclusividad de la nación en la generación eléctrica. ¡La echa para abajo! En 2015 lo que hace es adecuar, en leyes secundarias, todo ese proceso. Ahí se reforma la Ley del Servicio Público en Energía Eléctrica y se crea la Ley de la Industria Eléctrica. CFE deja de ser un organismo descentralizado y se convierte en una empresa fracturada y le quitan la posibilidad de ejercer una tutoría, un control del estado sobre el proceso de producción de la energía”, añade el dirigente del SME. 

Al respecto, la reforma propuesta por López Obrador al artículo 28 propone que se le regrese al sector público la exclusividad en áreas estratégicas como la generación de electricidad y la extracción de litio. Además, la CFE dejaría de trabajar como una empresa fragmentada, bajo la idea de que esto generaría mayor productividad y rentabilidad. 

Un nuevo orden en el despacho

Con la reforma también se busca incorporar a la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y al Centro Nacional de Energía Eléctrica, el Cenace, a la estructura de la Comisión Federal de Electricidad. La primera, la CRE, determina el precio de las tarifas y el segundo, el Cenace, regula qué generador suministra energía a la red eléctrica y en qué momento.

Bajo el esquema de 2013 la CFE despacha electricidad conforme a un Contrato Legado. El despacho es el orden en el que los generadores entregan energía a la red de la CFE. El contrato por su parte, según explica el texto de la reforma, obliga a CFE-Generación a vender energía a CFE-Suministro con precios menores a los costos de generación en un esquema que disminuye la producción de la propia CFE.

Como resultado, las 191 centrales de generación que tiene CFE operan al 55 por ciento. Obligada a suministrar energía que no produce, CFE debe comprar energía a generadores privados que venden energía más cara de la que puede producir la empresa estatal. En 2020 la CFE compró 223 millones de pesos y por tener sus plantas operando a media capacidad dejó de facturar 215 millones. 

Actualmente, para satisfacer la demanda eléctrica del país, CFE va despachando a las centrales eléctricas en un orden que depende de su costo de producción de energía, de las más baratas a las más caras, aunque por el esquema de Contrato Legado, se debe pagar el precio más alto a todos los generadores. 

El orden de despacho actual da prioridad a la generación nuclear, seguida de la solar, la eólica, la geotérmica, la de ciclos combinados de gas natural, las hidroeléctricas y al final las térmicas y de carbón.

En la propuesta se busca poner en primer orden la energía de las hidroeléctricas, por ser la más limpia, firme y constante, según dijo Nahle. Después la de la planta nuclear de Laguna Verde y las de generación geotérmica, propiedad de CFE. Seguidas del despacho de la CFE de gas y plantas termoeléctricas. Al final quedan las fuentes intermitentes como las eólicas, después las solares y al final las de producción de gas natural de privados y las de carbón.

Adiós a los contratos y al fraude del autoabasto

La reforma también busca terminar con dos formatos de contratos “leoninos” según los calificaría el presidente López Obrador. Como los que se firmaron de 2014 a 2018 en el proceso de subastas de generación de energía a largo plazo. Estos contratos obligaban a CFE a comprar electricidad generada por empresas privadas de energía solar y eólica durante 20 años a un precio fijo. Según dijo la secretaria de energía, actualmente ese precio es el más alto del mercado. 

Otro tipo de estos contratos son los de Productores Independientes, que en los últimos años permitieron la creación de 34 centrales de generación de energía privadas. En este tipo de contratos la CFE está obligada a comprarles energía por 25 años para apalancar la inversión realizada por estos privados. Al final, después de los 25 años, las centrales de generación quedan en manos de privados.

También se planea cancelar las sociedades de autoabasto. Según explicó Nale, estos eran permisos para que grandes fábricas produjeran su propia electricidad; sin embargo, esto devino en una práctica ilegal que creó un mercado eléctrico paralelo. En este mercado las empresas permisionarias empezaron a vender electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE sin pagar el costo de transmisión, incurriendo en fraude fiscal.

“Hasta hoy hay registradas 239 centrales de autoabasto y 77 mil 767 consumidores. Estas centrales no cuentan con el permiso para vender electricidad. Si hay 239 centrales de autoabasto, debería de haber 239 consumidores, pero hay 77 mil, aseguró la secretaria Nahle. Entre las empresas que movía su energía sin pagar por ella se encuentran empresas como Cemex, Bimbo, Alsea, Kimberly Clark, Oxxo, Walmart y Femsa.

Un rescate, más que una nacionalización

La constante tensión entre el control de la generación de electricidad, en disputa entre los sectores públicos y privados, se asemeja a un juego de tira y afloja histórico. En los últimos años, las empresas privadas casi jalaron tan duro estuvieron por tirar el control del Estado en materia energética.

“Eso fueron la Reforma de 2013 y las leyes secundarias en 2015. Después de ellas era cuestión de algunos años para acabar con CFE. Lo que no hicieron en su cálculo, fue valorar la oportunidad de triunfo de López Orador, si no hubiera pasado, CFE ya habría desaparecido”, dice seguro José Antonio. El fortalecimiento de CFE pareciera balancear esa tensión que estaba por romperse.

“Es una tensión que cambia de lados”, explica el exdirigente sindical, que conoce la historia de la industria eléctrica del país desde sus entrañas. Incluso escribió un libro al respecto. “Quizá lo más notable de esta tensión se da en el precio de la electricidad, que las empresas manejan a su antojo. Y eso es lo curioso, que cuando se da la nacionalización, entonces la tensión no está sobre las empresas, sino que se traslada al nivel sindical”. 

El tira y afloja se consolida después de la Revolución, cuando el Estado que surgió de la revuelta reconoce las concesiones a perpetuidad que había dado Porfirio Díaz a empresas de Canadá y Estados Unidos para el suministro eléctrico, que en su inicio era completamente privado.

Sin embargo, desde los años 40, en el país se inició un proceso de nacionalización de la industria eléctrica, un proceso inconcluso que inició en la década de 1940 pero que nunca pudo desterrar por completo los intereses y las inversiones del sector privado en el sector. Desde entonces se impuso un modelo de desarrollo de una empresa pública que, según describe José Antonio, se fue desnaturalizando de los objetivos originales de una empresa pública sin fines de lucro. 

Como un ejemplo basta recordar el intento de Salinas de convertir a la vieja compañía de Luz y Fuerza del Centro en en una empresa de capital social que permitiera el capital privado. “Su idea era transformar y ampliar la estructura de Luz y Fuerza y por ahí canalizar el capital privado nacional excluyendo los residuos de la Mexican Light Company. Digamos que la idea era hacerlo más un negocio de la burguesía nativa”, explica José Antonio. 

La firma del Tratado de Libre Comercio en ese mismo sexenio permitió la entrada del capital privado a la generación de energía, una tendencia que continuó hasta el sexenio pasado.