Urge que los gobiernos cambien la lógica con la que enfrentan y previenen los desastres naturales y estén a la altura de la Declaración que ellos mismos elaboraron y firmaron durante la cumbre de al CELAC

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La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de la semana pasada en la capital mexicana podría ser el germen de una mayor articulación entre los países —o al menos algunos países— de las tierras al sur del río Grande, una que ayude a dejar en el pasado a la Organización de Estados Americanos y que siente las bases para combatir juntos y sin la tutela de Estados Unidos los grandes retos que compartimos, entre otros los ambientales. En ese sentido, la forma y abundancia en la que se trató el tema de la crisis climática en la Declaración de la Ciudad de México producto del encuentro apunta en la buena dirección. Ahora está el problema, claro, de que los países que la firmaron se la tomen en serio y se apeguen a lo dicho.

Varios puntos de la Declaración refieren a temas ambientales, sobre todo climáticos. Se afirma, de entrada, que la Comunidad ratifica “su más alto compromiso político en la lucha contra el cambio climático, la desertificación, la contaminación, la defaunación y la pérdida de biodiversidad” y toma nota de que la región es enormemente vulnerable al aumento de las temperaturas globales. 

Después, los países firmantes se comprometen “a incrementar la ambición climática en los Estados Miembros en torno a los objetivos del Acuerdo de París, conforme a los principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas”. También hacen un llamado a los países desarrollados a cumplir sus compromisos tanto de mitigación en sus economías y territorios como de financiamiento para apoyar los esfuerzos de mitigación de otros. Lo más interesante, sin embargo, está detrás de esa maraña que reitera lo que ya se ha oído en todas partes.

En forma muy destacada, en la Declaración los firmantes “reitera[n] su apoyo para abordar los desafíos ambientales urgentes, por medio de, entre otras medidas, el fomento de enfoques basados en los ecosistemas, funciones ambientales y/o soluciones basadas en la naturaleza”. Esta mención ya es en sí misma un paso enorme, pero ahora falta que se la tomen en serio.

Las soluciones basadas en la naturaleza son formas de resolver problemas que no se apoyan en infraestructura de concreto, sino en la restauración de la biodiversidad y en lo que se conoce como infraestructura verde. Si hay un problema, por ejemplo, de inundaciones en una ciudad, en lugar de construir represas se restauran los bosques y suelos para recuperar su capacidad regulatoria. Donde los huracanes golpean las costas con especial dureza, en lugar de diques de concreto se conservan y restauran los arrecifes o los humedales que podrían regularlos.

Al menos de palabra, los países latinoamericanos y del Caribe se comprometieron a emprender un trabajo así. Los hechos, sin embargo, indican que todavía no se creen lo que están diciendo. Por ejemplo, el presupuesto de egresos de la Federación que acaba de presentar el gobierno mexicano contempla un enorme aumento en los fondos para prevenir desastres y para lidiar con ellos. Esos fondos, sin embargo, se irán sobre todo a tuberías, represas de concreto, canales y canaletas que no filtran el agua, sino que llevan el agua y el problema de un lado a otro —de la Ciudad de México a Tula, sin ir muy lejos—.

Urge que los gobiernos cambien la lógica con la que enfrentan y previenen los desastres naturales y estén a la altura de la declaración que ellos mismos elaboraron y firmaron. También urge que los países latinoamericanos asuman de lleno el espíritu de la Declaración y trabajen en conjunto para proteger los recursos naturales que comparten. Podríamos empezar, por ejemplo, por el Sistema Arrecifal Mesoamericano que abarca las costas de México, Belice, Guatemala y Honduras, y que además depende para su supervivencia de la Selva Maya que también salta varias fronteras. Conservar esos arrecifes es proteger toda la infraestructura pesquera, recuperar biodiversidad y generar más y mejores empleos, además de favorecer un entorno en el que podrían florecer cooperativas y pequeñas empresas. 

En lo dicho y lo firmado en la Ciudad de México hay grandes promesas. Ahora toca hacerlas realidad. 

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.