Tres pueblos mayas de Yucatán organizaron su propia consulta para decidir si renuevan los permisos de operación a granjas de cerdos de sus territorios; dos dijeron que se vayan, uno dijo que se queden. En los días previos, hubo amenazas y presiones de las empresas

Texto: Daniela Pastrana

Fotos: Cortesía

CIUDAD DE MÉXICO.- La pregunta era sencilla: ¿le das permiso al dueño de la granja de cerdos de seguir trabajando en nuestro territorio? La respuesta era igual de sencilla: Sí o No.

Los pobladores mayas de dos municipios y una comisaría de Yucatán se organizaron, hicieron sus asambleas informativas, avisaron con perifoneos a sus vecinos y al final, este domingo salieron a votar.

Las empresas involucradas hicieron su parte: amenazaron opositores, presionaron trabajadores y trataron de deslegitimar la consulta.

Al final, la participación fue copiosa. Contundente. El futuro de las granjas (y de los pueblos) no tanto: En Celestún, una mayoría abrumadora votó porque echar a las granjas de la zona. En Kinchil, con una votación más pareja, la decisión fue que se queden. Y en San Fernando, un poblado de 300 habitantes, la diferencia fue un voto en favor de que se vayan.

“Lo importante para nosotros era iniciar esta conversación sobre lo que quieren los pueblos y la participación a gran escala de la gente. La verdad es que estamos muy contentos por la cantidad de gente que salió a votar”, dijo vía telefónica José Koyoc, quien fue como observador del proceso en Kinchil como parte del Equipo Indignación.

En un comunicado, Indignación destacó el proceso de organización y convocatoria del pueblo, y agradeció el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos mayas.

“Hoy, el pueblo maya sembró un precedente: Nunca más sin su permiso, con lo cual, abren camino para gobernar sobre su territorio y decidir como pueblo, pero sobre todo, para que sepan las empresas y el Estado, que antes de implementar cualquier proyecto, tienen que contar con el permiso del pueblo maya”, dice el texto.

Los resultados

La consulta de los tres pueblos indígenas tuvo también la observación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México y de otras organizaciones sociales, como el centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Consejo Ciudadano por el Agua en Yucatán. Los resultados de la fase consultiva fueron los siguientes:

-Celestún: mil 101 personas dijeron no a las granjas porcícolas contra 7 que dijeron que sí.

-Kinchil: 576 personas optaron porque las granjas sigan funcionando contra y 423 que nos las quieren.

-San Fernando: el “no” ganó por una nariz: tuvo 59 votos contra 58 por el “sí”.

Las intrigas

En los días previos a la autoconsulta promovida en estos pueblos para decidir si renuevan o no los convenios de las seis granjas porcícolas  sus territorios, el Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in Ja denunció amenazas en la comisaria de San Fernando.

“Escuchen ustedes, van a recibir un escarmiento para que aprendan”, dijo a los promotores de la consulta el comisario Bernardo Canul Cocom acompañado de un grupo de empleados de la empresa Agroindustrais MOBO

“Los colectivos que organizamos la consulta les pedimos estar alerta. Bernardo Canul, comisario, empleado de la granja y operador del alcalde electo de Maxcanú, Camilo Deleleys May Cauich, es uno de quienes se ha valido la empresa Agroindustrias MONO para evitar que el pueblo participe”, denunció el Consejo.

Además, la empresa envió un módulo médico a San Fernando, que estuvo dando consultas gratis de martes a jueves y el viernes dio una charla sobre los beneficios de la granja. Algunos pobladores denunciaron que les ofrecieron.

Por su parte, la empresa Kekén descalificó la consulta con el argumento de que no cumple los parámetros de una consulta indígena.

“Para nosotros esa descalificación es una muestra de racismo porque la consulta la está organizando el propio pueblo”, dijo el Consejo.

Indignación destacó que la consulta se realizó con éxito, “a pesar de la presencia de la empresa, quien en público obstaculizó y deslegitimó la consulta, pero a la vez operó de diferentes maneras a través de las amenazas, la confrontación e incluso la coacción monetaria”, lo que “influyó notablemente en el clima de tensión y en el resultado de las consultas efectuadas en San Fernando y Kinchil”.

Los retos

En la península de Yucatán se han instalado en los últimos años cientos de granjas de cerdos para satisfacer las necesidades del mercado asiático. Las seis granjas que ya operan en los territorios de estos tres pueblos las granjas porcícolas tienen una capacidad, cada una, de 20 mil cerdos.

En San Fernando, una exhacienda donde viven unas 300 personas, la consulta fue tensa, pues muchos de los pobladores trabajan en la granja y no estaban de acuerdo con la consulta.

Durante la votación, los habitantes detectaron que gente de la cabecera de Maxcanú había emitido su voto lo que provocó un altercado que no pasó a mayores.

Algo similar pasó en Kinchil, donde muchos de los pobladores que votaron por la permanencia de las granjas trabajan en ellas. 

Luego de esta consulta, los resultados se presentarán ante las autoridades responsables de dar los permisos de operación. 

Sin embargo, los retos que se presentan son complejos, porque el efecto de cada granja no impacta solo sobre una comunidad. Es el caso de los pobladores de Celestún, que sufran todos los efectos de la granjas instaladas en Kinchil.

¿Qué sigue?

“Nosotros vamos a tener una junta mañana con todos los comités pues para ver qué sigue. En los próximos días se publicará un informe”, dice Koyoc.

“Lo relevante para nosotros es, en el caso de los pueblos, que ellos mismos se autoconvocaron y siguieron las fases de la consulta. Y de las empresas se reveló que, aunque por un lado decían que la consulta no tenía legitimidad, estaban bien al pendiente y trataron de intervenir de todas las formas en la decisiones de la gente”.