El Congreso de Baja California revivió la criminalización y el proceso de investigación en contra de activistas del movimiento Mexicali Resiste, que frenó la ley privatizadora del agua. A pesar de la consulta, la cervecera aún no se va. Las defensoras del agua mantienen sus brigadas informativas 

Texto: @Dal_air 

Nunca voy a olvidar la fotografía de una mujer citadina, con rabia en el rostro joven, con una piedra que está a punto de arrojar en la mano, con sangre en la cara, y que sin importarle esto, defiende el agua a toda costa. Impide la construcción de una tubería que llevaría agua a una mega planta cervecera.

Ahí fue cuando me di cuenta que el movimiento popular en defensa del agua nombrado Mexicali Resiste estaba logrando lo en otras ciudades ni si quiera es tema: impedir el robo masivo del oro azul por parte de una empresa trasnacional.  

Durante todo 2017, el movimiento popular urbano Mexicali Resiste emprendió una serie de acciones de resistencia transmitidas en vivo. Las realizaron, a modo de protesta contra la construcción de una planta que se quedaría con el 44% del agua de Mexicali  para producir cerveza que después exportaría a Estados Unidos. Es el momento de plena efervescencia del movimiento.

El ánimo del nutrido grupo de activistas se sentía fuerte. Lograron convocar y cohesionar a gran parte de la sociedad cachanilla para defender el preciado líquido de la zona desértica. Protestaron de manera enérgica y clausuraron las puertas de edificios gubernamentales, como el Palacio de Gobierno, el Ayuntamiento, la Conagua o el Congreso de Baja California. 

“Mexicali Resiste construyó en 2017 muchos vínculos a nivel nacional e internacional después de lograr que se eliminara una ley estatal privatizadora del Agua. Nos convencimos de que es posible echar abajo lo que atente contra la vida. Quizá por eso el gobierno intentó, por medio de denuncias y persecuciones, la desarticulación del movimiento”, cuenta Tania, la mujer de la emblemática foto. 

Así llegaron las órdenes de aprehensión contra personas del movimiento, que este julio de 2021 el Congreso de Baja California revive, a través de la unidad jurídica, al promover un recurso de inconformidad. 

La planta fue cancelada por el impulso del movimiento que lucha por el agua hasta hoy, después de una consulta.

Pero en ese 2017, varios activistas fueron acusados y señalados por el ministerio público por “privación de la libertad”. Incluso, el activista León Fierro estuvo preso por “tentativa de homicidio”, lo cual no pudieron acreditar.

“Fue meramente para asustar”, explica Tania. “Nos acusaron de ‘privación de la libertad’ de policías cuando en una ocasión, entre muchos activistas intentamos cerrar las puertas del Congreso para denunciar el peligro de la Ley de Asociaciones Público – Privadas”. En ese entonces gobernaba el PAN.

La resolución de estos cargos entonces fue la de ‘No Ejercicio De La Acción Penal’, la cual dictó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California. Sin embargo hoy, a pesar de las protestas y la consulta ciudadana donde la respuesta fue “Fuera Constellation Brands, Agua para Baja California”, la cervecera aún no se retira del estado.

El gobernador actual, el morenista Jaime Bonilla, ha interpuesto varios recursos para intentar que la planta continúe con sus operaciones, por lo que Mexicali Resiste no ha bajado la guardia, asegura Tania, y relata que continúan con las brigadas informativas hacia la población, pues hay quienes creen que la trasnacional ya se fue.

En este ambiente, se reactiva el proceso de investigación por el delito de privación de la libertad y despojo contra los activistas y el día de mañana, jueves 8 de julio, les citaron en la fiscalía del estado. 

Organizaciones de Derechos Humanos como Aequus analizan esta resolución del Congreso de Baja California:

“No podemos descartar desde el punto de vista político, que al ser hechos imputados a integrantes de Mexicali Resiste, constitutivos de un esquema de criminalización, puedan generar afectaciones a su integridad y a su libertad, ya que eventualmente podría el juez determinar la revocación del No Ejercicio y el Ministerio Publico al tenerlas y tenerlos presentes ordenar su detención so pretexto de ello”.

Contra esto, organizaciones, colectivos y redes nacionales e internacionales se movilizan en contra de esta movida del Congreso estatal y convocaron a una protesta en Palacio Nacional. Redactaron una carta-denuncia con más de 164 firmas de personas y 141 firmas de organizaciones desde Alemania, Perú, Colombia, Chile y de norte a sur de México, a la que aún se puede sumar la exigencia de libertad y alto a la criminalización a quien lucha por la tierra y el agua.

Las defensoras del agua y activistas Tania Gallaga, Diana Aranguré, León Fierro y algunas más señaladas, como Alma Piña, Araceli Piña, Filiberto Sanchez, Francisco Zambrano y Jorge Benitez interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

El gobierno de Baja California y la clase empresarial, dispuestas a acabar con la naturaleza y la vida con tal de enriquecerse, no tienen fácil en Mexicali la privatización del agua.