Después de dos recorridos en ambas Cámaras y más de cuatro meses de discusión legislativa, fue aprobada la reforma educativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador que, según su proyecto, derogaría la reforma hecha en 2013 por Enrique Peña Nieto. ¿Después de todo esto, cómo queda la ley que regirá la educación en el país?
Texto: Arturo Contreras Camero
Fotografías: María Fernanda Ruiz
Sin cambios al dictamen que envió la Cámara de Diputados, los senadores aprobaron la reforma educativa que mandó hace casi cinco meses el presidente. La reforma se aprobó con 97 votos a favor, 22 en contra y una abstención.
Una noche antes, el Congreso inició un periodo extraordinario de sesiones para discutir diversas leyes, entre ellas, la educativa, que de acuerdo con el senador Ricardo Rocha Moya es “la más importante, socialmente hablando, del sexenio”, pues el derecho a la educación es una llave que facilita el acceso a otros derechos.
En menos de cuatro horas, el Senado aprobó el dictamen enviado por la Cámara de Diputados.
La única bancada que presentó reservas a algunos artículos del dictamen de reforma fue la del PAN. Pero las palabras de esos legisladores, a quienes se sumó el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, fueron un mero trámite.
Del otro lado del salón de sesiones, algunos senadores platicaban entre ellos, otros dibujaban en sus libretas mientras que unos más se hundían en las pantallas de sus celulares.
La negativa fue tan imponente, que en una de las votaciones, el senador Gustavo Madero levantó dos manos y un pie, como si votara tres veces a favor de que se discutieran las modificaciones a los artículos reservados, que más que propuestas, parecían un ataque al “presidente dictador”, según sus palabras, y a la reforma que, dijo, devolvía el control de la educación a la Coordinadora y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
La discusión de esta reforma tuvo algunos obstáculos durante su aprobación, entre ellos, varios bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues, según aseguraron, se buscaba dar continuidad a la reforma hecha en 2013 impulsada por Enrique Peña Nieto.
Meses después de los bloqueos, la Cámara de Diputados aprobó la reforma y la envió el 24 de abril al Senado, donde no se logró aprobar por un voto. El motivo, uno de los legisladores morenistas abandonó el pleno a mitad de la discusión.
Esto forzó a que se convocara a un periodo extraordinario para que se volviera a discutir en ambas Cámaras.
La reforma modifica los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, y define los lineamientos que guiarán la política educativa del país. Entre ellos, se encuentra la adopción de la educación plurilingüe en comunidades indígenas, la incorporación de la educación inicial (preprimaria) a la educación básica, la obligación del Estado de garantizar la educación superior gratuita y universal, la alimentación gratuita para alumnos en escuelas de poblaciones marginadas además de incluir en el texto constitucional la enseñanza de matemáticas, lectoescritura, educación sexual y reproductiva; y el fortalecimiento a las escuelas normales.
Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la propuesta de dictamen a la Cámara, la premisa fue clara: abrogar “la mal llamada reforma educativa” de 2013 promovida por Enrique Peña Nieto. Sin embargo, en la actual ley aún quedan ciertos rasgos.
Por ejemplo, se mantiene la evaluación a los maestros, aunque la permanencia en su puesto ya no dependerá de ella. El Instituto Nacional de Evaluación a la Educación será sustituido por otro órgano cuyo nombre aún no se define.
Uno de los puntos más frágiles de la discusión fue el control de las plazas magisteriales. El gremio magisterial peleó porque las relaciones laborales se rigieran, como el resto de los trabajos en el país, por el artículo 123 de la Constitución. Según el texto aprobado en la reforma, el control de las plazas será una atribución única del Estado, sin embargo, los reglamentos de cómo deberá operar se tendrán que delinear en la discusión de las leyes reglamentarias.
Entre otras cuestiones pendientes de la reforma, aún queda por definir los recursos necesarios para garantizar la buena calidad de los planteles educativos y para promover la investigación y la innovación científica, humanística y tecnológica. Además, en un plazo que no pase los 180 días a partir de que la reforma entre en vigor, el Ejecutivo tendrá que definir la estrategia para mejorar las escuelas normales.
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