En el proceso electoral de San Luis Potosí destacan las agresiones a candidatos a distintos puestos, las denuncias por vínculos delincuenciales en algunos de los candidatos y la violencia de género durante las campañas

Texto: Marcela Del Muro 

Fotos: Ceepac y Especial

SAN LUIS POTOSÍ.- En las calles de la capital de San Luis Potosí se siente la proximidad de las elecciones. Las vías rápidas se encuentran tapizadas de espectaculares que muestran los rostros de los candidatos con sus mejores promesas electorales, algunas frases innovadoras y otras menos entendibles. El próximo 6 de junio los habitantes elegirán quién ocupará la gubernatura y renovarán su congreso y todas sus alcaldías.

Es frecuente que en las pláticas se especule sobre los resultados electorales, pero lo cierto es que ni las encuestas nos muestran con claridad lo que se aproxima. Lo que sí ha salido a flote son los señalamientos de presuntos vínculos delincuenciales de los aspirantes a la gubernatura y una violencia que tiene a San Luis Potosí como una de las entidades con más agresiones dentro de la contienda electoral.

La plataforma Polls.mx, que recopila los resultados de distintas casas encuestadoras, coloca en la primera posición a Octavio Pedroza, candidato a la gubernatura de la coalición “Sí por San Luis”, integrada por PRI, PAN, PRD y el local Partido Conciencia Popular. Consulta Mitofsky y Massive Caller también dan la primera posición al exsenador panista.

Facto Métrica, en tanto, indica que desde finales de abril la abanderada de Morena, la doctora Mónica Rangel, superó por 4 puntos a Pedroza.

La encuesta del periodico El Financiero es la única que da la la ventaja, con 19 puntos, a Ricardo Gallardo Cardona, el candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por el PVEM y PT.

Para la capital, tenemos únicamente la encuesta de encuestas de Polls.mx que coloca en la primera posición al candidato de la coalición “Sí por San Luis”, el excomisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.

Pero las especulaciones y las pláticas electorales no demuestran que exista claridad en la preferencia de la población. A dos semanas para las elecciones, Pie de Página entrevistó a transeúntes que circulaban por la zona centro de la capital, la mayoría de ellos muestra desinterés hacia las jornadas electorales o consideran que ningún perfil cumple sus expectativas para darle el voto. Las pocas personas que ya tienen una idea clara decidieron gracias al acercamiento de los aspirantes a sus colonias, por las promesas de apoyos gubernamentales justos o porque los perfiles de los candidatos se ven honestos. 

Gastos de campaña y señalamientos de corrupción

Los caminos rurales en la Huasteca potosina fueron forrados por lonas con el rostro del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Ricardo Gallardo; a fuerza de mantas impresas, pasó de ser un completo desconocido en la zona a estar presente, prácticamente, en cada esquina.

Ricardo Gallardo ha gastado más que cualquier otro candidato en la elección, hasta ahora 13 millones 854 mil pesos, según información del INE. La imagen del abanderado del Verde está por todos los rincones del estado. Los números doblan en cantidad a los gastos de campaña de los otros punteros, Pedroza y Rangel. En medio de estas cantidades millonarias se comienzan a interponer denuncias que van de un lado y del otro de la balanza.

Hace una semana, el senador morenista Elí Cervantes interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por las tarjetas proselitistas “La Cumplidora” que se activarán en caso del triunfo de Ricardo Gallardo: “para que a partir del 26 de septiembre, tengas acceso a diferentes programas y becas que otorgará mi gobierno en beneficio tuyo y de tu familia”, se puede leer en los trípticos informativos que se muestran en redes sociales.

Esto no es lo único que envuelve al candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ha informado que existen varias indagatorias que señalan el desvío de recursos públicos, mediante empresas fantasmas, que han beneficiado a la campaña de El Pollo Gallardo, como se le conoce coloquialmente al candidato, y a su partido político. A esta información se suma las diversas investigaciones realizadas por el medio potosino Astrolabio, donde se indican los vínculos y modus operandi de la familia del candidato. 

Recordemos que los Gallardo, Ricardo Gallardo Juarez, padre de El Pollo, y su hijo, han ocupado distintos puestos políticos en el estado. Primero, Gallardo Juárez fue alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, municipio conurbado de la capital, del 2009 al 2012; lo sucedió su hijo, del 2012 al 2014. Del 2015 al 2018 Gallardo padre gobernó el ayuntamiento de San Luis Potosí. Ese mismo año, el 6 de enero, Gallardo Cardona fue aprehendido “por la presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera”.A su salida de prisión y absuelto de las acusaciones, Gallardo ocupó una diputación federal del 2018 al 2020.

Pero Gallardo no es el único señalado. Durante el segundo debate, organizado por la Coparmex, el único candidato independiente a la gubernatura, el maestro Arturo Segoviano, denunció el desvío de más de 10 millones de pesos por parte del secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitan, hermano del candidato panista Octavio Pedroza, a la campaña de la coalición “Sí por San Luis”, a través de la triangulación con una empresa propiedad del coordinador de campaña.A estas acusaciones se suma la denuncia del delegado nacional del PVEM, Francisco Elizondo, donde señalan que hubo un presunto financiamiento a la campaña de Pedroza por parte del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el prófugo de la justicia Javier Cabeza de Vaca.  

La candidata por Morena y extitular de Secretaría de Salud en el estado también ha sido señalada por la asociación Ciudadanos Observando, quienes aseguran que existen contratos irregulares triangulados por empresas fantasma entre Secretaría de Salud y el empresario Gabriel Salazar Soto, que es investigado por fraude. Hasta ahora, estas aseveraciones no han sido comprobadas, pero en Ciudad Valles, algunos ciudadanos aseguran que estas transas de compras irregulares fueron habituales durante su jefatura en la Jurisdicción Sanitaria No. VI, que abarca la responsabilidad de once municipios de la zona huasteca sur del estado.   

Las denuncias y sanciones no son exclusivas de las candidaturas a la gubernatura. El pasado 12 de mayo, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación revocó la candidatura a diputado federal por Morena de Pedro Carrizales Becerra, “El Mijis”, tras no poder comprobar la autenticidad de los documentos presentados para ocupar la diputación plurinominal como representante de comunidades indígenas.

Para el activista y vocero de la Coordinación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (Cocihp), Rogel del Rosal, la jornada electoral ha sido muy superficial: 

“Es una elección al estilo antiguo, donde los candidatos son perfiles impresentables que no presentan soluciones reales. Ningún candidato tiene interés en promover la autonomía de la población indigena. Vemos que se sigue usando a los pueblos indígenas como objetos electorales no como sujetos de derecho. No se ve el cambio ni la transformación”.      

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Foco rojo en violencia

San Luis Potosí es la séptima entidad con más violencia política durante el proceso electoral 2020-2021. La violencia, que ya se sentía con fuerza previo a las campañas, incrementó. De acuerdo con datos del gobierno federal, San Luis Potosí está entre las siete entidades del país que concentran el 53 por ciento de candidatos protegidos ante amenazas y agresiones en el proceso.

La Huasteca potosina se encuentra en foco rojo, según informó el secretario General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández, después del ataque armado a simpatizantes del PES en el municipio de San Martín Chalchicuautla y el ataque a la candidata panista a la regiduría de Tamasopo durante un mitin de campaña. 

En el reciente debate con los candidatos a la gubernatura, realizado por la Confederación Patronal de México, Coparmex, se notó la preocupación de los participantes ante el incremento de la violencia electoral en todo el país. Pero desde el debate anterior, organizado por el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana (CEEPAC) y la Universidad Autónoma (UASLP), los candidatos pusieron énfasis en sus propuestas de seguridad.  Todas giran en torno a la idea de robustecer la policía o crear una nueva Guardia Civil que sustituya a la policía estatal.

Violencia de género

En la intervención del candidato panista Octavio Pedroza en el segundo debate habló que para lograr que se reconstruya el tejido social en el estado y haya mayor seguridad es necesario apostarle a la familia. “La primera responsabilidad (de la mujer) es la atención de los hijos, en cuanto a su edad lo exija […] Hay que darle mayor participación a las mujeres, sin descuidar su función en lo familiar, para que una mujer que trabaja y al mismo tiempo son madres de familia no desatiendan su responsabilidad fundamental de ser ese núcleo que da cohesión a la familia”, señaló el candidato. Esta declaración fue señalada como misógina por feministas, medios de comunicación y Marvely Constanzo, candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano.

Pero no es algo aislado. Desde las precampañas se han denunciado varios casos de violencia política en razón de género. El más reciente es la acusación y multa del candidato a la alcaldía por el PVEM, Leonel Serrato, al comprobar que “existieron las conductas denunciadas por la víctima (la candidata priista al ayuntamiento de Xilitla, María Rebeca Terán), generadas en el mes de abril de 2017 y diciembre de 2020 y son constitutivas de violencia política de género», indicó el Tribunal Electoral del Estado. 

Algunas mujeres de colectivas feministas y entrevistadas en vía pública expresaron que no detectan ningún perfil que sea genuino en su promesas de campaña que aborden la erradicación de la violencia contra la mujer. La mayoría de ellas son conscientes de la importancia del voto, pero pese al poco tiempo para el día de la votación, se sienten desalentadas por los perfiles electorales.  

Violencia contra mujeres periodistas

Estas prácticas machistas y la violencia electoral permearon en la vida de las mujeres periodistas. 

El primer incidente, el 28 de abril, fue en una entrevista realizada por el periodista Omar Niño a el candidato de la coalición “Sí por San Luis”, donde el presentador infantilizó y desacreditó a una compañera periodista y fue secundado, de nuevo, por el candidato Pedroza. El segundo incidente fue previo al primer debate, donde el expriista José Luis Romero Calzada, ahora candidato por Redes Sociales Progresistas, respondió con un “yo no contesto mamadas”, ante el cuestionamiento por la transparencia de los gastos a raíz del uso de un helicóptero en su campaña electoral. Este no ha sido el único caso de agresiones de Romero Calzada, Tekmol, ante preguntas de mujeres periodistas. 

“Se habla de la violencia política que se ejerce contra mujeres que están en la función pública, pero las mujeres periodistas estamos en una especie de vacío y también estamos siendo violentadas políticamente. Hasta ahora, no hay una instancia a la cual recurrir y que pueda dar seguimiento a los casos, se ha intentado hacerlo a través del CEEPAC y del INE, pero en la ley no hay una competencia que los haga aptos y no hay nada más allá”, comenta la periodista María Medrano. Ella ha dado acompañamiento a las compañeras víctimas de violencia, como parte de la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí. 

Para ella, la violencia que estamos viviendo durante este proceso electoral tiene que ver con tres ejes. La permisividad que dan las campañas de desprestigio ante trabajo periodístico; el silencio y las malas prácticas periodísticas ante agresiones contra el gremio en el estado y, por último, las formas cómo los funcionarios públicos han solucionado ciertos errores con la prensa y las oportunidades de comprar las líneas editoriales de algunos medios. María señala que es preocupante que los candidatos traigan la agenda de género como discurso principal de sus campañas, para ella sería más relevante que entendieran de qué va tener propuestas o políticas públicas con perspectivas de género.

¿Qué se elige?

1		Una gubernatura
15		Diputaciones de mayoría relativa
12		Diputaciones de representación proporcional
58		Presidencias Municipales y Alcaldías
64		Sindicaturas
387		Regidurías