Empezó con represión a la protesta. Pero ésta no detuvo las movilizaciones, por el contrario, 8 días después, las demandas de jóvenes, mujeres, campesinos, trabajadores, se articulan cada vez más. Este es un recuento día a día de la decena que conmueve a Colombia

Texto: Gabriela Ruiz Agila

Fotos: Selección de Karen Toro 

CALI, COLOMBIA.- Desde el pasado 28 de abril, el pueblo colombiano se moviliza contra la reforma tributaria, laboral y de salud impulsada por Iván Duque, presidente de Colombia. Debe cumplir el acuerdo de pago por la deuda de 11 mil millones de dólares contraída con el FMI en abril de 2020. La inconformidad, la falta de acceso a los servicios de salud, el desempleo y el hartazgo son una pólvora que se extiende rápidamente en Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Villavicencio, Pasto. Duque anuncia el despliegue de fuerzas de seguridad y «asistencia militar» para «reforzar la seguridad ciudadana». 

El Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la policía responde al descontento popular con bala. Y para el 5 de mayo, los reclamos y la represión se intensifican. En las inmediaciones del palacio de gobierno, las alarmas de los autos se activan con la vibración de las detonaciones. “¡Asesinos!” gritan los manifestantes. El humo de las bombas lacrimógenas se asienta con la lluvia. Las sirenas y el arranque de motocicletas son estruendos. El saldo: 26 homicidios, 145 desaparecidos, 800 heridos, informó la Defensoría del Pueblo.  Las organizaciones sociales reportan 26 muertos, abusos sexuales en los puestos policiales, cortes de energía, y censura de fotos y videos en las redes sociales. 

La resolución del Paro Nacional en Colombia muestra el ordenamiento geopolítico para el pago de deudas con el FMI. La represión contra los Paros en Chile y Ecuador que ocurrieron en 2019, se repite sistemáticamente bajo el mismo modus operandi: despidos masivos, el debilitamiento de la estructura estatal, el desprestigio del servicio público, la privatización de servicios, la concesión de territorios sin consulta previa. Para frenar los reclamos, se recurre al desmedido uso de la fuerza contra los civiles. Y una fuerte campaña de difusión de contenidos falsos aterroriza a la población. 

En Chile y Ecuador, el Paro Nacional se sostuvo con días de luto y rabia. Varios jóvenes perdieron sus ojos por disparos de bombas lacrimógenas. Los procesos de resistencia civil y protesta decayeron tras la llegada de la pandemia por Covid-19, situación que los gobiernos aprovecharon para acentuar el giro a la derecha sin mayor oposición. Emitieron decretos de emergencia con baja fiscalización y contrapeso de poderes. 

La posibilidad de la muerte por reclamar una vida digna afecta a 50 millones de personas. El 47% de la población económicamente activa son trabajadores informales. Se suma la vulnerabilidad de casi dos millones de migrantes venezolanos radicados en el país. Con estos factores, Colombia enfrenta el tercer pico de contagios por covid-19 con 17 mil casos nuevos y más de 400 muertes en un día. Al cierre de este reporte, la sociedad civil teme la declaración del Estado de Conmoción Interna. Para acallar la resistencia a las reformas neoliberales ¿Militarizan por completo a Colombia? 

Bala para el  «Vándalo-terrorismo»

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) hacen disparos a la cabeza y al pecho. Rompen los protocolos internacionales de disparos parabólicos y de metraje para disuadir. Los homicidios y abusos policiales se registran por civiles con teléfonos. Los nombres de algunas víctimas se viralizan en las redes sociales: Juan Diego Perdomo Monroy de 20 años en Neiva, Marcelo Ágredo de 17 años en Cali; Santiago Murillo de 19 años en Ibagué, Evelio de Jesús Flírez de 86 años en Pereira. Antes de morir posteó: “Si no llego  a casa, me mató el Estado”. 

La noche del 4 de mayo, 16 Comandos de Atención Inmediata (CAI) son vandalizados en Bogotá y se intenta incendiarlos. 26 policías resultaron heridos y con quemaduras, seis de ellos de gravedad. Los acusan de vándalos y saqueadores. La perfecta justificación para la intervención militar. La CIDH recordó al gobierno colombiano que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser “extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”. El uso legítimo de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, y eso no se cumple. 

Ráfagas nocturnas aterrorizan las concentraciones en espacios públicos. El derecho a la protesta social no se respeta. Policías vestidos de civiles y armados disparan contra la gente. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) registró 21 asesinatos, 503 detenciones arbitrarias, 379 personas desaparecidas, 208 heridos, 42 agresiones a reporteros, 10 casos de violencia sexual, casos documentados por 26 organizaciones civiles. Son 31 muertos según Human Rights Watch y la ONG temblores.

Una geopolítica de la deuda con el FMI

El Ejecutivo esperaba recaudar 23 mil 4 billones de pesos colombianos (6 mil 400 millones de dólares) con el cobro e incremento de Impuestos al Valor Agregado (IVA) para los servicios públicos,  productos de la canasta básica. El salario mínimo en Colombia es de $908 mil 526 pesos colombianos ($239 USD), en México $4 mil 310 pesos mexicanos ($214 USD), en Chile $326 mil 500 pesos (466 USD) y en Ecuador de $400 USD. La diferencia es notablemente grande con respecto al salario de los congresistas: en Colombia alcanza más de 10 mil USD mensuales, 9 mil USD mensuales en Chile, y 108 mil USD al año en México. 

Mientras civiles y policías se enfrentan en las calles, el ex presidente Álvaro Uribe, legitima en Twitter “el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender a las personas y bienes” del “vándalo-terrorismo”. Incitación al odio. Durante su periodo de gobierno entre 2002-2010, Uribe estrechó la relación de cooperación con Estados Unidos en la guerra contra las drogas. Siete bases militares articulan recursos y logística militar con gobiernos como el ecuatoriano para el control del corredor marítimo del Océano Pacífico bajo el Plan Colombia. La base de Manta se desactivó en el gobierno de Rafael Correa. 

Al igual que en México, la alianza estratégica no acaba con el narcotráfico y la violencia de las organizaciones criminales. Por lo contrario, las afectaciones contra la sociedad civil se agravan. Las víctimas de los “Falsos positivos” suman 4 mil 154 según el informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre ejecuciones extrajudiciales. La muerte en Colombia perdura a través de 50 años de conflicto armado, y la firma de un acuerdo de paz que no llega a los territorios. Front Line Defenders informó del homicidio de 177 defensores en Colombia equivalente al 53% de los casos. En México se registraron 17 homicidios de defensores en 2020. 

La Unión Europea, la ONU, la Casa Blanca exhortan al gobierno de Colombia a frenar la violencia y evitar abusos de autoridad por las fuerzas públicas. El presidente de Colombia, Iván Duque, anuncia un diálogo nacional: “es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, gobernadores, alcaldes y líderes de la sociedad civil”. Al mismo tiempo, Álvaro Uribe es ponente en la conferencia “Colombia Sostenible: Política, Planeta y Seguridad Democrática» en la Universidad de Nueva York. Circulan también teorías conspirativas en la realización del Foro de Defensa de la democracia en las Américas. La infiltración de mercenarios del gobierno de Nicolás Maduro en el Paro Nacional  de Colombia al igual que el de Ecuador en octubre de 2019, fue denunciado por el presidente Lenín Moreno. No hay informes. 

El 6 de mayo, el portavoz del FMI, Garry Rice, manifestó su apoyo a un “consenso más amplio para la reforma fiscal en Colombia”. Si el Paro Nacional continúa en Colombia ¿Se pone en peligro la estabilidad de la política geoeconómica del FMI en Sudamérica? ¿Puede la violencia institucional frenar el descontento, el hambre y el reclamo de los colombianos?

Comité de Paro Nacional para frenar no solo la reforma fiscal

La habitual movilización por el Día del Trabajo, se convirtió en el llamado a un Paro Nacional, en rechazo a la reforma tributaria anunciada por el presidente, Iván Duque. Se conformó el Comité Nacional de Paro por sindicatos laboristas, pensionados, educadores, trabajadores del campo, transportistas, entre otras organizaciones. El Comité convocó a las calles el 28 de abril. Intentaron frenarlos con una orden del Tribunal de Cundinamarca inútilmente. Exigen garantías democráticas para la movilización y la protesta, la desmilitarización de las ciudades, el cese de las masacres y el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía. 

El proceso de resistencia social tiene lugar desde noviembre de 2019. Las manifestaciones se suspendieron con la llegada de la pandemia en marzo de 2020. La población pide desmilitarizar campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y desmantelar las organizaciones criminales.

El 2 de mayo, el presidente Iván Duque retira el proyecto de reforma tributaria del Congreso y ofrece redactar un nuevo texto. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renuncia. Las protestas no cesan. Se registran bloqueos en las principales vías. Productos y suministros de oxígeno se quedan atascados. Se reportan disparos y agresiones por la fuerza pública en Bogotá, Pereira, Palmira, Armenia, Ibagué, Bello, Cali y Facatativá. El movimiento estudiantil se activa en universidades públicas y privadas y decreta Paro Estudiantil entre el 3 y el 5 de mayo. 

El 4 de mayo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anuncia la asistencia militar para custodia de estaciones de Policía y URIs. Algunas estaciones del Transmilenio se cierran y las marchas continúan en varios puntos de la capital y Medellín. 

El Comité convoca a una nueva jornada de movilización el 5 de mayo. Falta echar abajo la reforma a la salud que de ser aprobada, cobrará un impuesto a la gestión sanitaria, facilitará contratos de tecnología, insumos y medicinas con baja fiscalización y privatizará los servicios afectando el acceso a la salud en plena pandemia. Para la jornada del #5M, el petitorio del Comité demanda un plan de vacunación masiva, la renta básica en un millón de pesos, defender la producción nacional, subsidiar pequeñas y medianas empresas, matrículas sin costo para estudiantes de universidades públicas, no al modelo de alternancia, que no haya discriminación de género, y la derogación del Decreto 1174 de pisos de protección social. 

Es 5 de mayo. Octavo día de marchas en Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Medellín, Bogotá, Buenaventura, Cali. Es la 1 am en el Municipio de Buga, Valle del Cauca, el Esmad arremete contra manifestantes de Puente Resistencia o el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Ha sido denominada como el punto de encuentro de la ciudadanía atravesando una de las arterias o vías principales que conectan el puerto de Buenaventura, el principal sobre el pacifico y que lidera el 70% de la economía del país. Durante más de siete horas de enfrentamientos, la comunidad de dos barrios observaron las agresiones en contra de estudiantes y docentes. 

Hasta el 7 de mayo, la Defensoría del Pueblo concerta mesas de diálogo y mediaciones, registra 1630 concentraciones, 699 marchas, 943 bloqueos, 213 movilizaciones, 3 asambleas. La Procuraduría abrió 30 investigaciones contra policías por violación a los derechos humanos, principalmente homicidios en Cali, Ibagué y Madrid (Cundinamarca). El presidente Duque se reunió con la Coalición de la Esperanza, exalcalde y directores de medios. El 8 de mayo, se reunirá con el movimiento estudiantil.

Cali: la resistencia

A las 9:20 de la noche, las fuerzas públicas llegan a Puerto Resistencia disparando. El 28 de abril un policía le dispara por la espalda a Marcelo Agredo de 17 años y muere. A Miguel Ángel Pinto de 23 años, lo mata un balazo en el abdomen. El 1 de mayo, la policía lanza una bomba aturdidora en la manifestación, Yinson Rodriguez de 23 años. María Jovita estaba en pijama cuando la explosión de una bomba lacrimógena dentro de su casa la sorprendió, al punto de que murió de un paro respiratorio a los 73 años. 

El domingo 2 de mayo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, rechaza la asistencia militar ordenada por el presidente: “Hoy más que militarizar la sociedad, necesitamos retirar la reforma tributaria y abrir un diálogo nacional con todos los sectores”. Horas más tarde, las imágenes de la madre de Santiago Andrés Murillo de 19 años, recorren las redes sociales. «¡Mátenme!» suplica. Es La Piedad frente al cuerpo de su hijo en la sala de urgencias de un hospital en Ibagué. No es el único joven muerto. Nicolás Guerrero de 22 años fue asesinado por un disparo en la cabeza mientras participaba en la velatón en el sector de la 14. 

El lunes 3 de mayo, un hotel en Siloé fue incendiado por presumirse que allí se alojaban policías del Esmad. Ese día, se reportaron 22 muertos en Cali. El 4 de mayo, se presentó una marcha «blanca» en apoyo a las fuerzas públicas y bajo el lema «Los buenos somos más». De 216 reportes de disparos contra policías, 2002 son en Cali, informa el Ministerio de Defensa. El presidente Duque envió cuatro miembros de su gabinete a esa ciudad.  

“Anoche lloré muchísimo. Sentí que paría viendo a tantos jóvenes protestar en las calles”, narra Mary Cruz Africania, docente. Les reconoce a los jóvenes la valentía de pelear en la primera línea. En Cali se habla de escasez de alimentos y gasolina. Pero lo que en realidad preocupa es la militarización de la ciudad. 

Sobre la Quinta, una de las calles principales, se han dado tres espacios de concentración: Universidad del Valle, Meléndez y la Loma de la Cruz. La comunidad denuncia la presencia de francotiradores, cortes de energía y disparos en Siloé. La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, expresa su alarma ante los muertos y heridos. 

Los manifestantes improvisan escudos con barriles metálicos cortados por la mitad. “1 M” llevan escrito con spray. Los manifestantes descansan en las barricadas. De pronto, las fuerzas de seguridad arremeten, “ya no con gases sino con balas”, narra Lucía. Su testimonio lo da bajo un nombre protegido. La comunicadora social teme las repercusiones. 

—¿Es Cali musical y violenta?

—No, no estoy de acuerdo en que Cali sea encasillada por su ambiente de violencias que tuvo en los años setenta, ochenta y parte de los noventa en manos por el narcotráfico. Lo que está sucediendo en este momento, no solo en Colombia sino en Cali y el Valle del Cauca, es una represión cargada de masacres causadas por la policía. Los medios de comunicación tradicionales divulgan cortinas de humo que ponen a la protesta social como actos vandálicos. Estamos haciendo un llamado de auxilio, un SOS para que vuelquen sus ojos en Cali y el país.

—¿Es Colombia un país militarizado?  

—En este momento Colombia sí es un país militarizado. No podemos negar el terror mediático ocasionado por las Fuerzas Militares desfilando con armas y tanquetas en las ciudades. Evitan que organismos de salud y defensores de derechos humanos atiendan el llamado de la gente. Podemos recobrar la convivencia cuando el presidente Iván Duque se siente a dialogar. La lucha popular se respeta porque aquí convergen los campesinos, los pueblos indígenas, negras, sindicales, feministas, entre otros.

— ¿Cómo te sientes?

—Agotada mentalmente. Ha sido una situación compleja de sentir profundo dolor por todas las muertes que hemos visto en vídeos, una de ellas a través de Facebook live, pero con un profundo agradecimiento por ese despertar que ha tenido el pueblo y solidaridad. Agradecida por los jóvenes de primera línea que han defendido con perrenque. ¡Gracias Colombia!

El 6 de mayo, varios videos ciudadanos reportan una balacera a las dos 45 de la tarde en el sector de El Ancla. Denuncian que policías vestidos de civil, se bajaron de un camión blanco y dispararon contra los manifestantes. Encontraron un uniforme dentro del camión y corroboraron que la placa era de un vehículo policial. La policía confirmó que se trataba de policías judiciales que solo usan chaqueta cuando «formalizan procedimientos». Usaron tres cartuchos de las armas de dotación según las primeras investigaciones. 

El mundo con Colombia

Para la redacción de este reporte, se buscó la declaración de periodistas y defensores de derechos humanos locales. Hay mucho miedo. La jornada del 6 de mayo transcurrió tensa. La protesta se tomó también las redes sociales: Hay un gran esfuerzo por reunir evidencia y registrar con foto y video las imágenes de los abusos policiales desde el 28 de abril a la fecha. 

Los colectivos colombianos y la prensa independiente han activo reportes empleando tecnología y datos para lograrlo en tiempo récord. Y simultáneamente, implica un gran esfuerzo por verificar la autenticidad de los contenidos por grupos de periodistas organizados por localidades. Se puede consultar Colombiacheck. 

Un ejemplo es la ONG Temblores que actualiza reportes con el monitoreo de denuncias documentadas por violencia física, homicida y sexual en la plataforma «Grítanos» y con la asesoría y acompañamiento legal de «Policarpa». Hasta el 4 de mayo, registraron más de 100 casos de violencia policial, 26 homicidios, 17 lesiones oculares, 50 heridos por arma de fuego, detenciones, retenciones, privaciones de la libertad.

Las publicaciones asociadas a los hashtags #SOSColombia se invisibilizaron por parte de las redes sociales. La denuncia la hicieron de forma individual y en colectivo, reporteros, fotógrafos, artistas, colectivos feministas y medios independientes. Instagram se limitó a explicar que los problemas para cargar y ver historias se debían a “un problema técnico global generalizado”. 

La Flip informó que las organizaciones integrantes del Índice Derechos Digitales observamos con preocupación la creciente cantidad de denuncias sobre posibles obstrucciones al libre flujo de información en Internet en marco del #ParoNacional. Explican en el comunicado: «Las acciones de “apagar” o “interrumpir” Internet son una forma de censura previa prohibida por la Constitución y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y El Estado tiene el deber de investigar y clarificar las causas de los hechos denunciados en los últimos días.»  Fundación Karisma está investigando el bloqueo y obstaculización de acceso a internet o redes telefónicas, censura de contenidos o cuentas en redes sociales durante la participación en el #ParoNacional a través de una encuesta. 

El cerco informativo existe y se impone desde el poder de las corporaciones de social network internacionales. El trabajo de interconexión del tejido social permite activar estrategias que superen la censura de contenidos a nivel local. Se enlistan algunos colectivos y espacios que los lectores pueden consultar para acceder a contenidos hechos por artistas y prensa independiente: Agencia Colectiva Amalias, Fotógrafas Latam, Poéticas de la Resistencia, Cindy de Colores, Mutante, La Silla Vacía, 070, La Oreja Roja, La Tribu, Trabajo Colectivo, Pares.

La Internet se emplea por la sociedad civil como herramienta de encuentro, denuncia, transformación. Artistas con fama internacional y ciudadanos, así como la comunidad internacional se unen empleando #ElMundoconColombia. Se reportan concentraciones fuera de las sedes diplomáticas de Colombia con carteles y velas. Varias sesiones en vivo de las Naciones Unidas a través de youtube presentan un hilo persistente de mensajes pidiendo ayuda para Colombia. Este deseo es la paz para quienes reclaman en el Paro Nacional salud, trabajo y paz en sus territorios.