Habitantes de Santiago Mexquititlán denuncian que ante la movilización que han emprendido en contra del saqueo y escasez de su agua, grupos ligados a actuales candidatos panistas en el municipio de Amealco, han orquestado amenazas en contra de defensoras comunitarias 

Texto y fotos: Alejandro Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO.- El 31 de marzo, casi una decena de pipas privadas, supuestamente contratadas por la Comisión Estatal de Aguas (CEA), comenzaron a extraer agua del pozo de la comunidad de Santiago Mexquititlán, Amealco, a lo que las y los pobladores, quienes desde hace más de tres meses denuncian la escasez del líquido en sus casas, montaron una guardia en el pozo, reteniendo a una de las pipas, y exigiendo al Gobierno del Estado de Querétaro, así como al Ayuntamiento de Amealco de Bonfil, que explicaran por qué se estaban realizando estas operaciones, así como la procedencia de estas pipas.

Esa misma noche, y después de que funcionarios de la CEA desconocieron ante la comunidad el origen de las pipas, más de 20 patrullas estatales y municipales montaron un cerco a los alrededores del campamento, posterior a esto se escucharon detonaciones de arma de fuego en los alrededores, quedando como evidencia los casquillos de bala a unos cuantos metros donde la comunidad había instalado el campamento. 

Este hecho, acusaron los pobladores semanas después, marcaría el inicio de las acciones de intimidación y hostigamiento que grupos de choque, presuntamente dirigidos por la exdelegada municipal Verónica Sánchez y la candidata a la presidencia municipal Verónica Hernández, estarían realizando en contra de las y los pobladores que participan activamente en las asambleas comunitarias que se realizan en el campamento que mantiene la toma del pozo.

A estas agresiones, las y los pobladores de Mexquititlán denunciaron que se han sumado una serie de citatorios por parte de la Fiscalía General del Estado, amenazas directas en contra de algunos habitantes, intentos de compra de voluntades para que desistan de asistir a las asambleas comunitarias y agresiones físicas en contra de las y los pobladores que volantean en la comunidad para informar sobre el saqueo del agua.

“Los hechos de violencia armada de los malos gobiernos en contra del pueblo indígena de Santiago Mexquititlán, de balas y fabricación de delitos, son herramientas de persecución política e intimidación y no una disposición al diálogo”, señalaron representantes de Santiago Mexquititlán a través de un comunicado leído en las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), tomadas por la comunidad otomí desde el 12 de octubre del 2020.

Ante estas acusaciones que la comunidad ha realizado desde el 31 de marzo, las autoridades municipales y estatales no han dado una respuesta de deslinde, tan sólo algunos funcionarios de la Comisión Estatal de Agua han dicho que se trata de un conflicto “intercomunitario”, cuando pobladores de Santiago Mexquititlán señalan directamente a la dependencia:

“La lucha que hoy tenemos no es contra el pueblo, es por la defensa del agua, queremos que la CEA responda nuestras exigencias y le regrese el pozo de agua a Santiago Mexquititlán”.

Las peticiones que han emanado de sus asambleas comunitarias son muy claras, y han sido recibidas por la CEA desde el 14 de abril a través de un pliego petitorio: 

1.- Respuesta ante la problemática de escasez y saqueo del agua, concretamente la acreditación documental de la procedencia de las pipas privadas y una explicación de por qué no hay agua en la comunidad si las bombas del pozo funcionan las 24 horas. 

2. La acreditación documental del estado actual de la concesión del pozo y el funcionamiento de la infraestructura de tuberías y bombas. 

3.- La restitución del pozo a la comunidad de acuerdo con los derechos de autonomía y autodeterminación indígena establecidos en la Constitución y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Actualmente estas peticiones se encuentran pendientes de resolución y se pactó una reunión del consejo estatal de la CEA para el 24 de mayo con el objetivo de darles respuesta. Entre tanto, la comunidad continúa con la toma de las instalaciones y la pipa, y los grupos de choque han intensificado las acciones de intimidación y hostigamiento. 

Amenazas contra defensoras: práctica recurrente 

Las defensoras comunitarias Sara Hernández Jiménez y Estela Hernández Jiménez denunciaron que las agresiones en contra de ellas y su familia se han desprendido a raíz de la lucha que la comunidad ha entablado para defender su agua. Pero desde el año pasado el gobierno del expresidente municipal, y ahora candidato a diputado local por el PAN, Rosendo Anaya Aguilar, ha orquestado acciones de intimidación y amenazas en contra de las defensoras.

El 1 de septiembre del 2020, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDHM) emitió dos cartas donde denuncian las agresiones que grupos estatales y civiles han perpetrado en contra de las defensoras comunitarias, desprendidas de la organización comunitaria que detonó a raíz de la imposición de una obra turística en la explanada principal del templo.

Ahí, tanto la RNDDHM como las defensoras comunitarias denunciaban que el gobierno estatal presidido por Francisco Domínguez Servién había ignorado las peticiones que el concejo autónomo de Santiago Mexquititlán había elevado a las instancias correspondientes para que cancelara la obra “gentrificadora” y “turistificadora” del templo. 

Asimismo, responsabilizaban por omisión a la federación y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a que la obra de la explanada principal ponía en riesgo la estructura del templo, la cual se derrumbó en abril de 2021.

El conflicto derivado de la obra que el ayuntamiento no consultó con la población de Santiago Mexquititlán escaló a su punto más crítico el 30 de junio del 2020. En un acto inaugural Anaya Aguilar, aún presidente municipal de Amealco, Verónica Hernández y Verónica Sánchez se presentaron en la comunidad para dar inicio a los trabajos de remodelación de la plaza principal.

Durante este acto, pobladores y pobladoras, así como tianguistas y autoridades comunitarias, manifestaron su rechazo a dicho proyecto, a lo que un grupo de choque, dirigido por ex policías municipales ligados a Rosendo anaya, respondió con golpes y martillazos, lesionando a más de 10 pobladoras y pobladores. 

Estela y Sara Hernández son hijas de Jacinta Francisco Marcial, una de las mujeres hñöhó injustamente encarcelada en el 2006 tras ser acusada de secuestrar a seis exagentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

Las amenazas en su contra se intensificaron en ese entonces, y la Fiscalía General del Estado abrió una serie de carpetas de investigación en su contra, sin contar con pruebas y testimonios que culminaran en su resolución.

“No nos perdonan que mujeres indígenas le hayamos ganado al gobierno”, señaló Sara Hernández, “les molesta nuestra voz, les molesta que los pueblos sepan lo corruptos que son y que utilizan su aparato de poder para inventar delitos y llenar las cárceles de inocentes mientras los verdaderos delincuentes son quienes gobiernan hoy.” 

Ante esto, y tras casi un año de organización comunitaria, las defensoras acusan que las acciones de intimidación han escalado durante este periodo.

En semanas previas una balacera se suscitó en las inmediaciones de barrio quinto, Santiago Mexquititlán, donde presuntamente están involucrados en una disputa de terrenos familiares y allegados de la ex delegada municipal, Verónica Sánchez. 

Pese a que a través de un video en redes sociales, uno de los implicados en la balacera reconoció que el conflicto no tenía nada que ver “con la gente del pozo”. Declaró que en este acto estaba involucrada la familia de Jacinta Francisco, y pedía a la Guardia Nacional y al Ejército intervinieran en la comunidad para “calmar a la gente del pozo.” 

“Sabemos quiénes son los que nos han atacado, nos han maldecido, nos han amenazado”, enfatizó Estela Hernández durante la rueda de prensa en la toma del INPI.

“Atentan contra todo aquél que quiera levantar la voz, luego luego lo amenazan si lo ven en las reuniones, los amenazan por teléfono si lo ven en las juntas para la defensa del agua. Nosotros decimos que no nos queda de otra más que defender lo que nos heredaron nuestros abuelos”.

“No somos criminales, por eso denunciamos la corrupción que hay. No es cierto lo que dicen en redes y en casa en casa diciendo, que mi madre es una delincuente y guarda criminales, las puertas de las casas de mis papás están abiertas para todo aquel que quiera ir a ver, observar e investigar. Lo que buscan es criminalizar la protesta social, desaparecer la organización social y que nadie hable ante tanta injusticia”, agregó. 

Para las defensoras comunitarias las agresiones en su contra tienen la intención de desestructurar su organización comunitaria y los órganos de gobierno autónomo que han construido para la defensa de su territorio. Y puntualizan que concretamente se tratan de operadores panistas a quienes tienen plenamente identificados, y cuentan con una relación de nombres por si les llega a acontecer algo a ella o a sus familiares.

“Ante tantas violaciones a nuestros derechos indígenas”, continúo ,“después de que hicieron la obra turística, de que afectaron el templo histórico y nuestra identidad cultural con la muñeca Lele y con todas nuestras artesanías hoy van por lo más sagrado y el vital líquido que nos hace vivir.” 

“Nuestra lucha es por la vida, nuestra voz es por la vida, y sin agua no hay vida”. Concluyó.