¿Cuáles son las herramientas legales para prevenir y sancionar las agresiones sexuales, el hostigamiento y el acoso? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación luego de las denuncias por violencia de género en contexto del #MeTooMx? ¿Cuál es la responsabilidad del periodismo con las mujeres?, ¿qué debe cambiar? Tres abogadas ofrecen un norte sobre la ruta del movimiento

Texto: Vania Pigeonutt

Fotografías: Archivo / María Fernanda Ruiz

Este lunes se vence el plazo que mujeres reunidas a través de #MeTooPeriodistas pusieron a las autoridades para atender las denuncias de violencia de género que se ventilaron en las redes sociales en gremios académicos, literarios, artísticos, periodísticos, entre otros.

En el foro #MeTooMx realizado el pasado 11 de abril, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se puso el plazo a las autoridades para responder desde el ámbito legal a las denuncias y presentar un plan de acción para erradicar en cualquier gremio este tipo de conductas. Además de garantizar el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que reconoce el derecho de las víctimas a denunciar en forma confidencialidad sus violencias.

En el caso de las denuncias del gremio periodístico, entre el 23 de marzo y el 10 de abril, la cuenta @PeriodistasPUM publicó 250 denuncias en contra de 197 presuntos agresores, 12 de ellos fueron señalados más de tres veces.

«Denunciar no se trata de dañar el honor o el prestigio, sino de abrir los procesos de investigación», explicó la abogada Andrea Medina Rosas en el foro #MeTooMX. Especialistas y activistas consideraron que es el Estado mexicano quien tiene que garantizar justicia a las víctimas y brindar garantías para las mujeres en todo ámbito.

El Estado debe responder: abogadas

Pie de Página recogió las opiniones de tres abogadas sobre qué hacer después del #MeToo, y de qué manera podrían servir en el ámbito legal las denuncias recogidas vía Twitter: entrevistó a Gabriela Amores Moya, directora jurídica de la Unión Nacional de Abogadas, y a Karla Michel Salas, Premio Europeo de Derechos Humanos 2010; además de retomar los comentarios de Gisela Pérez de Acha, abogada y activista, en su cuenta de Twitter.

Amores Moya, abogada feminista, desglosa el problema desde la cultura. Afirma que son las prácticas cotidianas, el machismo exacerbado, el desdén institucional, los que permiten empoderar el problema en redes sociales; en lo real, hay una impunidad casi del 100 por ciento en los casos de violencia, que hay que combatir, y eso alienta que estos movimientos crezcan desde el anonimato.

“La cultura feminicida ha sido y será por falta de aplicación del derecho. No es que no se haya hecho nada. No aplicamos una legislación o no se ha educado, y se ha empoderado aún más al agresor… Y no estoy hablando de esta administración, estoy hablando de un Estado en donde en más de 20 años no se ha presentado con algo para erradicar la violencia hacia las mujeres directamente”, señala.

Precisa que varias de las denuncias en Twitter, como violaciones sexuales, no se pueden acreditar en lo legal. Y la aplicación del derecho, desde el Ministerio Público hasta los jueces, es misógina, siempre ponderando la presunción de inocencia del agresor. En su opinión, la escalada de denuncias en redes tiene fuerza por la desconfianza y revictimización insitucional.

Amores, quien acompaña a mujeres violentadas en sus procesos legales, asegura que los servidores públicos no sólo se niegan a aplicar los tratados internacionales y legislaciones existentes, desconocen la ley, no son sensibles con los procesos; consideran que son casos aislados, y en muchas ocasiones por no tomar denuncias a mujeres golpeadas las mandan de vuelta a los espacios de violencia donde pueden ser asesinadas.

“No reconocen lo que se está viviendo, no les duele. Ellos piensan que esto se va acabar con una legislación y yo no lo veo así. Litigo para las mujeres. La ley no es el problema. Es un sujeto que tiene una venda en los ojos y no lo visualiza”, dice.

Considera que los funcinoarios que no realizan su trabajo en el ámbito legal para atender la violencia de género deben ser sancionados incluso penalmente.

–¿Qué de las denuncias confidenciales en #MeTooPeriodistas amerita investigaciones legales?

–En cuestiones jurídicas una denuncia anónima puede ser aplicada dependiendo qué tipo de delito. Si estamos hablando de un delito que va por oficio, la denuncia anónima sí nos podría servir. Desgraciadamente este tipo de delitos que están siendo denunciados anónimamente en el #MeTooMx no le sirve a las víctimas. La víctima en esos momentos no puede denunciar y eso limita la denuncia. Limita la investigación. Ese es el gran problema que tiene el sistema jurídico. Como si fuera tan fácil denunciar una violación… Como no está sustentado, sólo de forma jurídica, difícilmente las compañeras podrían presentar o pedir que abrieran una investigación.

Abogadas feministas tenemos métodos que estamos llevando para sustentar con una prueba psicológica el daño por una violación, una agresión sexual. Pero en muchas ocasiones, el nuevo sistema o el sujeto que aplica la ley, como los jueces o los Ministerios Públicos, no visualizan este sustento científico que es la prueba pericial en materia de psicología y no nos permiten abrir una carpeta de investigación.

–La Fiscalía de Michoacán abrió una investigación por los periodistas denunciados en  ese estado. ¿Cuál fue el fundamento legal?

–El #MeToo se está haciendo en medios informáticos. Se está visualizando una denuncia, no es que la Fiscalía diga: “tengo ganas de investigar algo” o es de oficio; entonces está incurriendo en un proceso: hubo una denuncia, hubo algún proceso de investigación, hubo quien presentó nombres, porque si no hay nombres no hay quien investigar.

–¿En este caso las víctimas, cómo podrían ampararse ante los denunciados que dicen que van a tomar acciones por difamación, cuando no saben quiénes son las víctimas?

–Yo lo considero una forma cultural. En términos jurídicos no hay sustento para presentar la denuncia ni la demanda. Podríamos trabajarlo por una demanda, por la vía civil por daño moral, pero realmente no sabemos quién presenta esta denuncia pública, no hay elementos, no hay un seguimiento.

–¿Qué hacer en materia legal después del #MeToo, cómo aterrizar esas denuncias penales?

– Hay casos como Campo algodonero, donde se determinó que no hubo perspectiva de género; las mujeres violadas de Atenco, donde tampoco hubo una aplicación correcta de la ley. No visibilizaron el problema. ONU Mujeres nos está dando el ABC del proceso. El Ministerio Público tiene un protocolo de actuación, ONU mujeres les está actualizando el protocolo de investigación; pero aquí, es eso en particular: quién lo está leyendo y quién lo está entendiendo. Pueden llegar manuales, juicios, pero realmente el detalle es quién los está aplicando: allí está el tope, el nudo. Es una ignorancia deliberada. Prefieren tener una ignorancia a tener el conocimiento, porque no sabrían como llevarlo: están en su confort. A mí lo que me interesa mucho y trabajaré es en visualizar la violencia familiar como un delito grave. Allí está el gran problema donde no visualizamos estos golpes, el maltrato psicológico, y que están matando a las mujeres allá adentro.

Hacia la creación de mecanismos regulatorios

La abogada Karla Michel Salas, quien litigó en instancias internacionales el caso “Campo algodonero”, emblemática referencia en justicia con perspectiva de género, considera que se debe hacer una revisión profunda para ver qué falla al momento de aplicar justicia a las víctimas de la violencia de género.

“Toca revisar a las mujeres jóvenes. Revisar qué es lo que no estaba funcionando en esos mecanismos. Por qué las mujeres quieren hacer la denuncia pública, de forma anónima, porque además tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque no confían en las instituciones. Toca revisar esos mecanismos, la legislación, generar un debate en México de esa forma de relacionarnos. Un debate con los hombres, con las mujeres”.

–¿Qué de las denuncias confidenciales en #MeTooPeriodistas amerita investigaciones legales?

–No tenemos que espantarnos porque se den denuncias anónimas. Las propias Fiscalías alientan esto en otros delitos como: “Si usted conoce que alguien vende drogas, denuncie”. Debemos pensar en generar mecanismos de seguridad internos, en los medios de comunicación, crear espacios seguros donde se puedan denunciar estas conductas. Las mujeres deben saber que serán escuchadas desde sus empresas. Generar esa confianza hasta en las instituciones. Eso significa que la investigación se debe asumir como un deber jurídico propio, no lavarme la cara. O la responsabilidad de comprobarlo a la víctima. No decirle: ¡ay, señora, usted que denunció tráigame testigos! ¡¿Qué otras pruebas tienen?!

–¿Qué deben considerar los mecanismos regulatorios o códigos de ética y protocolos de empresas periodísticas o instituciones?

–Los centros de trabajo, los gobiernos, las empresas deber contar con mecanismos de autoregulación, protocolos de actuación para que las víctimas denuncien. Donde las víctimas sepan sus derechos y los acusados tengan un instrumento para demostrar, en todo caso, su inocencia. Generar espacios seguros. Erradicar el acoso, el hostigamiento sexual, las violencias generadas desde los superiores, los jefes; puntualizar qué consecuencias tendrán esos actos.

Derecho a la confidencialidad

Mediante su cuenta de Twitter, la abogada y activista Gisela Pérez de Acha puntualizó que denunciar a los hombres que violentan es un derecho universal. Ella citó al relator especial sobre libertad de expresión de la ONU, David Kaye, quien dijo “como el anonimato facilita la opinión y expresión de manera significativa, los Estados deberían protegerlo y no restringir como norma general las tecnologías que lo procuran”.

Del foro #MeTooMX, activistas, defensoras de derechos humanos y abogadas consideran que para el 6 de mayo, los organismos públicos de Derechos Humanos, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Fiscalías y Procuradurías de Justicia, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), los institutos nacionales para las mujeres deberán homogenizar programas para la erradicación, y reparación de daños.

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