Enrique Peña Nieto prometió en Quintana Roo un hospital para atender a pacientes con cáncer, pero la corrupción e irregularidades retrasaron la obra 5 años; ahora, por la emergencia sanitaria, el espacio se convirtió en hospital-covid dejando de lado otra vez tratamientos oncológicos 

Texto: Ricardo Hernández Ruiz

Fotos: Especial

CANCÜN.- Irregularidades en los contratos de obra, incumplimientos de parte de contratistas, anomalías en construcción, sobrecostos y un proceso legal a cuestas han tenido como consecuencia que, a cinco años del inicio de su construcción, el Hospital de Especialidades de Chetumal, el único en su tipo en Quintana Roo, siga sin atender a pacientes con cáncer.

El hospital fue promesa de campaña del entonces candidato a la Presidencia, el priista Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, irregularidades en la obra que significaron un sobrecosto, y retraso en su construcción, dejaron a los pacientes oncológicos sin lugar para su atención.

Ahora en plena emergencia sanitaria por covid-19 la federación, a través del Insabi, tomó control del hospital para atender ahí a pacientes por coronavirus. Y los pacientes de cáncer ahora tienen que viajar a estados vecinos, con sus propios recursos o apoyos de organizaciones civiles, para acceder a los tratamientos.

Las irregularidades

En febrero de 2015, Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo, durante el mandato del gobernador Roberto Borge –hoy preso por desempeño irregular de la función pública y peculado–, convocó a una licitación pública para construir la primera etapa del nuevo hospital. 

Fueron seis empresas las que presentaron propuestas económicas; de entre ellas se eligió a la Promotora NC, pese a ser la más cara de todas. De hecho fue 2.5 veces mayor que la opción más barata –que era de 70.9 millones de pesos–, según constató este medio en los documentos de la licitación. 

El 2 de marzo se firmó el contrato (núm. SESA-DDISFPCGC-LP-OP-05-2015) por 214.4 millones de pesos, precio con IVA, en el cual se estipulaba que la beneficiada contaba con 279 días naturales para terminar los trabajos. 

Dos días después de la firma, se celebró “de manera indebida” un convenio adicional para ampliar el monto en 121.3 millones de pesos y el plazo en 157 días naturales, modificaciones que representaron incrementos de más del 50 por ciento en ambos casos, por lo que el monto final quedó en 335.8 millones de pesos y el periodo de ejecución en 437 días naturales, según expuso la ASF en una auditoría de inversiones físicas. 

Pese a las ampliaciones presupuestales y del periodo de gracia, la empresa no concluyó los trabajos, causando una afectación a 405 mil 098 habitantes que dependen de los Servicios Estatales de Salud, se lee en la auditoría. 

La empresa no solo incumplió con los plazos, sino que construyó la obra con una serie de irregularidades.

“Se apreciaron evidentes deficiencias en el procedimiento constructivo, como ejes desalineados de las columnas de la estructura del cuerpo principal y trabes desfasadas respecto de las columnas, inadecuados apuntalamientos de trabes y armado de elementos estructurales en columnas y trabes, carencia de bitácora debidamente actualizada y supervisión inadecuada del residente de la entidad auditada, que ponen en entredicho la seguridad estructural de la obra”, apuntó la ASF.

Por todo lo anterior, la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos determinó la rescisión administrativa del contrato. En 2017, el gobierno adjudicó a Medical Tool un nuevo contrato por 141.2 millones de pesos para terminar las obras pendientes, mismas que debió de terminar en 220 días naturales. No obstante, la firma tampoco cumplió con el plazo originalmente fijado. 

Tuvieron que pasar tres años, hasta principios de 2020, para que se terminara de construir el edificio y se equipara adecuadamente.

Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud de Quintana Roo, rechazó varias veces una entrevista para conocer en qué condiciones se encuentra el hospital. Por su parte, Guillermo Canul Cruz, actual director de Desarrollo de Infraestructura de Salud y encargado de la primera licitación, aceptó una llamada telefónica, pero omitió responder a los cuestionamientos por el procedimiento de compra pública, la ampliación indebida de plazos y presupuestos; se le preguntó si Medical Tools remendó las deficiencias constructivas que señaló la ASF, pero solo contestó de manera escueta un “sí, se reparó todo”, para luego colgar el teléfono y no volver a responder jamás.

Para cuando el hospital quedó listo, el coronavirus ya se había propagado por el norte del territorio estatal, por todo el país y el mundo. Para hacer frente a la pandemia, la Federación decidió tomar el control. El Insabi tomó posesión administrativa del nuevo hospital desde mayo pasado; fue reconvertido para atender pacientes con coronavirus y así se volvió a impedir que pacientes con cáncer tuvieran un hospital oncológico para tratarse. 

Asociaciones subsanan carencias de servicio

Ante la falta de oferta en la atención oncológica, los enfermos de Quintana Roo suelen viajar a Campeche,  Tabasco o Yucatán, e incluso a  Ciudad de México o cualquier entidad que pueda brindarles lo que en su territorio no encuentran.

Así, a los elevados gastos por medicamentos y tratamiento se le suman los del transporte foráneo y el desgaste emocional y de energías que implican los viajes de un convaleciente. Esto, por dos años que en promedio dura el tratamiento.

Es en este punto donde organizaciones civiles en Quintana Roo tienden la mano a enfermos y sus familias, como lo hace la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) desde hace poco más de un año, la cual cubre los gastos de los viajes y de algunos medicamentos y tratamientos, explica Paulina Castillo, su representante en la entidad.

Además, esta organización brinda ayuda psicológica, alimentaria e incluso alojamiento temporal.

“Más que costear el tratamiento médico, lo que hacemos es acompañarlos para garantizar la continuidad de su tratamiento; evitar que por nada del mundo lo suspendan, porque un día sin tratamiento puede costar la vida. La intervención asistencial que damos es darles medicamento, alimentos, transporte, apoyo psicológico especializado en oncología; tenemos también un área de nutrición para que tengan una alimentación balanceada. Nuestra idea y modelo es que impacte en la supervivencia, en la calidad de vida y que desarrollen capacidades, tanto ellos como sus familiares”, explica Paulina por llamada telefónica.

Y es que las autoridades de Salud estatal solo atienden pacientes cuando se encuentran en tratamiento ambulatorio, ya sea quimioterapias o radioterapias, por ejemplo, y solo en Cancún y Chetumal.

“Y esto tampoco los exime de viajar por lo menos una vez al mes a los estados donde reciben el resto de su tratamiento”, cuenta Paulina. Como ejemplo, Paulina comenta que Amanc beneficia a un enfermo que viaja tres horas cada tanto a un hospital de Tabasco para atenderse.

Dependiendo del tipo de cáncer, de la etapa de la enfermedad y de la atención especializada que necesite, el enfermo deberá viajar a tal o cual estado.

Sin la ayuda de parte de la asociación, los 29 beneficiarios directos por Amanc en el estado difícilmente podrían sobrellevar la situación.

El costo promedio de la “atención integral” que la organización da a los enfermos, comenta Paulina, es de unos 50 mil pesos al año por individuo.

Paulina tiene la certeza de que la apertura del Hospital de Especialidades de Chetumal traerá muchos beneficios, aunque también le quedan algunas incertidumbres.

“El problema principal no es que condicionen un hospital, sino la parte humana, porque faltan médicos. Pueden haber los mejores aparatos, pero el médico no está. Además, no creas que hay en el país muchos oncólogos pediátricos”, dijo.

A decir de Aguirre Crespo, actualmente solo hay 63 niños, niñas y adolescentes con cáncer en tratamiento en la entidad: 38 en la unidad médica del Hospital General de Chetumal y 25 en la unidad de quimioterapia ambulatoria del Hospital General de Cancún (64% son hombres y 36% mujeres). Del total, tres fueron diagnosticados en 2020, 47 en  2019, cinco en 2018 y el resto entre 2014 y 2017. El 80 por ciento padece leucemia.

“Y no es que no haya más, sino que los demás no son atendidos en Quintana Roo. Unos están en otros estados, viajando a otros lugares, porque no reciben tratamiento aquí”, enfatiza Paulina.

Congreso presiona

El pasado 4 de noviembre, durante la comparecencia en el Congreso de Quintana Roo de la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre, con motivo de la ampliación de la glosa del cuarto informe de actividades del gobernador panista Carlos Joaquín González, diputados de Morena, PRI y PT le reprocharon que el Hospital de Especialidades esté inconcluso; hicieron un llamado a para que la funcionaria realice las gestiones necesarias para habilitarlo y poder recibir en breve a estos pacientes crónicos.

“El hospital oncológico se volvió  covid-19 y dejó en la calle a los pacientes de cáncer”, lanzó el diputado petista Roberto Erales.

Aguirre Crespo informó que no hay fecha para volver a habilitarlo completamente como hospital oncológico y depende de que el coronavirus ceda y haya mejores condiciones epidemiológicas.

“¿Qué se necesita para que ya funcione como hospital oncológico? En mi pronunciamiento yo decía que se necesita hacer trabajo en equipo para poder trabajar de la mano juntos; para lograr el objetivo de disponer de más recursos, no solamente para las cuestiones materiales, sino también para el recurso humano que requiere”, respondió.

“¿Cuándo va entrar en acción el hospital oncológico como tal, para lo cual fue diseñado? No le sé decir exactamente en este momento, porque estamos a expensas del comportamiento epidemiológico, no solamente en Quintana Roo, sino en el mundo entero”, reiteró.

En su intervención, el diputado Fernándo Chávez comentó que enfermos suelen acercarse a los legisladores para intentar obtener ayudas sociales para poder viajar a Campeche y atenderse.

Disputa empresa finiquito

En el oficio DNAJ/0216/2020, en poder de este medio, Carlos Marcelo Baquedano Gorocica, Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Sesa, informó que el 23 de marzo de 2017 Promotora NC presentó un juicio contencioso administrativo federal ante la Décima Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de la autoridad que le rescindió el contrato de construcción del Hospital de Especialidades (expediente número 6699/17-17-13-5).

La empresa se manifestó inconforme por la nulidad de la resolución emitida por la Directora de Normatividad de rescisión del contrato de obras y por el anuncio de la autoridad de Salud donde se comunica que se le ha pagado un finiquito. Además, ante la Sexta Sala Regional Metropolitana, Promotora NC alega que la autoridad, con documentos falsos, intentó comprobar el pago del finiquito.

Más adelante, el 2 de abril de 2018, quedó registrada una prueba superveniente (posterior a la fecha de la demanda) de parte de la Directora de Normatividad  y Asuntos Jurídicos en que se exhibe la factura electrónica, emitida por Promotora NC (con folio ef53711b-8266-4e87-8763-d2a29e200725), con la cual la autoridad tenía la intención de acreditar que se liquidó el finiquito de la obra, con el objetivo de hacer notar que “no existe adeudo alguno”.

Como respuesta, el 25 de junio de 2018, la empresa promovió un incidente de Falsedad de Documentos y se le admitió a trámite el Recurso de Reclamación respecto al acuerdo del 2 de abril, cuando se admitió la prueba de la factura.

La Directora de Normatividad comunicó a la autoridad judicial que estaba enterada del incidente de Falsedad, sin embargo, no presenta a su perito. 

El 27 de agosto de 2019 se lleva a cabo la diligencia de testigos para desahogar la prueba pericial en caligrafía y documentoscopia ofrecida por la parte actora y el 20 de noviembre comparece el perito de la empresa para ratificar su dictamen pericial respecto al Incidente de Falsificación de documentos.

Desde entonces no ha habido ninguna novedad; el juicio se encuentra suspendido en lo principal.