Durante más de diez horas futuros secretarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador recorrieron la región donde se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Un viaje a la nueva y violenta realidad que provoca la devastación ambiental por el proyecto. Al final del recorrido, a pesar del rechazo de los pobladores, sólo quedó una frase: la consulta por el aeropuerto va

Texto y fotos: Daliri Oropeza y Arturo Contreras

TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO.- Javier Jiménez Espriú se detiene al borde de una profunda cañada. Mira hacia abajo la devastación que deja una mina roja. Sus compañeros le advierten el peligro de resbalar y caer al abismo. Con un paso lento, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes retrocede a terreno más seguro.

Hace poco el enorme agujero no existía. Desde hace unos años, de esta mina teñida de rojo se extrae piedra para reforzar el suelo blando donde se instalan las pistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Es el proyecto más controvertido en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La mina que contemplan Jiménez Espriú y su comitiva está en Tezoyuca, que paradójicamente en náhuatl significa “lugar lleno de tezontle”.

Un tesoro envenenado: en tres años la extracción de la piedra dejó profundas excavaciones que, al menos en esta zona, tienen en riesgo a por lo menos 200 casas. Diez están a punto de caer al precipicio.

Por un día, funcionarios del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador vivieron lo que desde hace 17 años padecen los habitantes de la zona oriente del Estado de México:

Amenazas de las empresas constructoras, disparos al aire para amedrentar a los quejosos, el paisaje de lodos tóxicos, el territorio del lago partido por una barda perimetral. Y socavones, agujeros, abismos donde antes había cerros y lagunas.

Con Jiménez Espriú caminaron Josefa González, propuesta como secretaria de Medio Ambiente; María Luis Albores próxima secretaria de Bienestar, Adelfo Regino designado responsable de la atención a pueblos indígenas y Román Meyer, futuro secretario de Desarrollo Territorial y Urbano.

Durante más de diez horas los colaboradores del presidente electo, acompañados de personas afectados por la construcción del aeropuerto, constataron el daño que provoca el NAIM en los municipios de Texcoco, Tepetlaoztoc, Teotihuacán, Tezoyuca y Atenco.

El próximo secretario de Comunicaciones insistió en la consulta nacional que propuso López Obrador para decidir el destino de la obra. Los habitantes de la región la rechazan: quieren que se cancele el proyecto sin consultar a nadie.

“Imagínese usted, qué nos van a decir los de Chihuahua, que no tienen idea de los problemas de aquí. Seguro muchos van a decir ‘van a hacer un aeropuerto nuevo y voy a poder llegar más rápido a mi destino ¡que se haga! Y pues como no tienen información de lo que pasa acá, pues lo van a aceptar”, asegura en una plática una de las asistentes al recorrido.

A los inconformes, en la mayoría de los medios de comunicación, les acusan de oponerse al progreso. No es así, responde Ignacio del Valle, uno de los líderes históricos del movimiento social que logró cancelar el proyecto original, hace más de una década.

“Por supuesto que no nos oponemos al progreso ¡Al contrario! Nosotros lo que queremos es mejorar y progresar. Necesitamos atención al campo, que es nuestra forma de vida, y que ha sido olvidado desde hace muchos años”, asegura.

Y marca la contradicción en el oriente mexiquense: no hay hospitales ni escuelas, pero eso sí, podrían tener uno de los aeropuertos más modernos del mundo.

Jiménez Espriú no cede. “He tomado una decisión: haré mía la opinión de los mexicanos”, subraya.

Lodos tóxicos

Las tierras alrededor del poblado de San Nicolás Tlaminco solían ser una reserva natural protegida, en la que no se permitían minas. Ahora existe una que extrae tezontle, la piedra con que se pretende rellenar loshundamientos que tendrán las pistas del nuevo aeropuerto por el tipo de suelo donde se construirá.

Tepetlaoztoc es un municipio boscoso que hoy padece al menos 63 zonas de extracción pétrea. El territorio está saturado de destrucción.

De frente al voladero de una mina, Ignacio del Valle dice: “Esto debería estar sembrado de maíz, frijol, calabaza, cempasúchil”. Otro campesino completa: “Han erosionado el terreno, ya no se puede sembrar”.

En esta parte del recorrido la caravana observa, una tras otro, camiones con góndolas de basalto y arena. Para rellenarlas aplican un procedimiento sencillo:

Dinamitan los cerros, trituran las piedras, las envían en camiones a las pistas y después regresan los vehículos a las minas cargados con lodos tóxicos extraídos del terreno del nuevo aeropuerto.

Al inicio de la construcción, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México –responsable de la obra- aseguró que sólo necesitaría 16 minas para sostener la construcción. Tres años después en la zona hay más de 150.

Las denuncias fueron desoídas. Los habitantes del oriente mexiquense dicen que el cambio de uso de suelo para la explotación minera no está claro.

Algunas zonas de extracción pétrea están en terrenos de uso forestal, en zonas protegidas o de reserva natural a las que ahora sólo les queda el título. Los vecinos dicen que las empresas actúan al margen de la ley, pues según el marco normativo no debería de haber poblados, ríos, cuerpos de agua y mucho menos escuelas cerca de las minas.

“Si esto sigue así, nos vamos a extinguir”, asegura Edith Estrada Aguilar, habitante de San Nicolás. “Esto, además de provocar un ecocidio, puede provocar un genocidio, porque las consecuencias van a matar a nuestros hijos”.

Un vecino de San Salvador Atenco sentencia: “Estamos conscientes que los pueblos van a desaparecer, ese es su plan desde hace más de 17 años”.

El miedo

Una serie de estallidos lejanos interrumpen la conversación en la caravana. Jiménes Espriú se detiene. “Fueron explosiones, ¿no?”, pregunta.

Pues no. Fue una ráfaga disparada al aire. Un golpe de realidad con que la mina de San Agustín Teotihuacán, ubicada muy cerca de las pirámides prehispánicas, recibe a los visitantes.

Desde que empezó la construcción del NAIM, los disparos forman parte de la vida cotidiana en la comunidad.

“Hemos sido amedrentados y agredidos”, dice una vecina. El pueblo, que antes era tranquilo y donde no pasaba nada, fue invadido por el miedo a los golpeadores enviados por los dueños de las minas.

Cuando se quejan de las amenazas las autoridades dicen que son pleitos entre comuneros. El problema no se detiene ahí. Junto con la extracción de piedra llegaron jóvenes armados, a los que se suman bandas de delincuencia organizada y de robo de combustible.

“Yo aquí he vivido por más de 35 años, y nunca habíamos vivido con miedo”, cuenta una habitante del pueblo de Tezoyuca que prefiere permanecer en el anonimato por miedo a las represalias que se puedan tomar en su contra.

Ella vive a unos cuantos metros de otra mina. Ahora, por su pueblo cruzan grietas y ella cuenta que en su casa, las láminas y los vidrios no dejan de temblar por las detonaciones. Cuando se llega a acercar a la mina, se asoman hombres. Muestran sus armas y cortan cartucho. “Ya ni podemos pasear por aquí tranquilos”, dice con tristeza.

Cuenta que hace unas pocas semanas, la casa de su vecina, la señora Angélica, fue rafagueada. “No ha cambiado las ventanas que están llenas de hoyos de balas con la esperanza de que eso sea un prueba de algo”.

“Nos han roto el tejido social, aquí las empresas llegaron ofreciendo trabajos para los jóvenes, y ellos, que los aceptan porque no tienen otras oportunidades, se vuelven los enemigos de la comunidad y empiezan a haber rencillas”, lamenta Ignacio del Valle.

“¿Usted quién es?”

“Les pido que se retiren ya porque voy a mandar a traer una patrulla y los voy a poner a disposición del Ministerio Público”, advierte una mujer vestida con blusa beige.

Enojada, manotea enfáticamente. Exige a la comitiva de periodistas, campesinos y colaboradores de López Obrador que se marchen. “Es propiedad privada”.

Dijo que su nombre era María Susana Rodríguez, apoderada legal de la empresa Martínez y Villegas, propietaria de la mina por donde camina el grupo.

“Les pido que se retiren, se van a meter en problemas” insiste la abogada. Jiménez Espriú se acerca. “No, no me voy a meter en problemas”, responde. “Soy el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes a cargo de la construcción del aeropuerto”.

La mujer mira la libreta donde el próximo funcionario anota unos datos. “Tome nota de mi nombre, de mi teléfono y me acusa ante el Ministerio Público” dice el futuro secretario.

—“¿Usted quién es?”, pregunta la abogada

—Soy el próximo secretario de Comunicaciones. Dígale al dueño que lo voy a citar para que me muestre todas las autorizaciones que tiene para explotar esto.

A Susana Rodríguez se le fue el enojo y le llegaron los nervios. Los campesinos a su alrededor le reclaman. “¡Saquen las armas como cuando nos amenaza!”.

Otro golpe de la realidad en los alrededores del NAIM. Al finalizar el recorrido los dos grupos de colaboradores de López Obrador, se encuentran en la cima del cerro de Oatepec, en el municipio de Atenco.

Desde allí se ve una inmensa llanura verde salpicada por espejos de agua. Son los restos de lo que fue el Lago de Texcoco, quizá, la única alternativa para sostener el abasto de agua para la metrópoli de Ciudad de México, según dicen expertos.

«Ahora es un infierno», dice Felipe Álvarez, ejidatario de San Salvador Atenco. “Aquí se va de por medio, no la vida de uno, sino la vida de todos. Y por eso estamos dispuestos a defender lo que fue nuestro, lo que fue de nuestros abuelos”.

“Si López Obrador entra y avala este proyecto, entonces está avalando toda la corrupción que está detrás de él”.

A punto de marcharse, Jiménez Espriú reconoce que alcanza a ver las charcas de lo que otrora fuese el gran lago “desecado hace 20 años”. América del Valle, activista de Atenco, lo corrige: “Más bien hace 500 años”.

Toluca se suma al plan B

Un día después de la visita a las comunidades afectadas, Jiménez Espriú ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que, sin importar qué decisión se tome en torno al aeropuerto, se modernizará, en breve, el aeropuerto de Toluca.

Incluso, dijo, de continuar la construcción en Texcoco, el nuevo aeropuerto no iniciaría operaciones hasta 2022 o 2024 (distantes del 2018 prometido) por lo que también tendrían que acondicionarse el aeropuerto de Santa Lucía y el Benito Juárez, de la Ciudad de México.

La razón: es necesario para atender desde ahora la saturación del aeropuerto de la capital, que actualmente da servicio a casi 45 millones de pasajeros al año.

En conjunto, estos tres aeropuertos  — Toluca, Santa Lucía y Benito Juárez — podrían atender a 110 millones de pasajeros anualmente (contra 135 millones de pasajeros al año que ofrece Texcoco, según las estimaciones actuales), mientras que su modernización y acondicionamiento implicarían un gasto de 110 mil millones de pesos (frente a los 285 mil que se calcula que podría ser el costo total en Texcoco), explicó Espriú.

La propuesta recuperaría parcialmente el fallido plan de crear una red de aeropuertos metropolitanos que se propuso durante el gobierno de Felipe Calderón.

El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes disipó las dudas que flotaban en torno a la operación conjunta del aeropuerto de Santa Lucía y el actual de la Ciudad de México

Según con los estudios publicados hasta el momento, la operación de ambos no era viable, pues su tráfico aéreo podría chocar. Sin embargo, Espriú citó un documento de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional — una dependencia de la ONU — que data de 2013 y establece que si se modifica la organización del espacio aéreo del Valle de México, ambos podrían operar simultáneamente.

Después citó una carta enviada por la misma organización, con fecha del 7 de septiembre de este año, en la que reafirman la viabilidad y en la que ofrecen realizar los estudios necesarios para reorganizar el espacio aéreo, que costarán cerca de 600 mil dólares.

Pero todo eso, se definirá en la consulta, que de acuerdo con el funcionario se realizará del 26 al 28 de octubre, cuando se instalen mil 73 urnas en 573 municipios del país.

Nuestra cobertura sobre este tema:

Pueblos de Texcoco enlistan agravios por aeropuerto

De Atenco a AMLO: “No le des el avión al pueblo

”Detrás del muro del nuevo aeropuerto: la historia que nadie ve

Esta lucha es por el territorio

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