Desde que asesinaron a Samir Flores, defensor del territorio y esposo de Liliana Velásquez, las vidas de esta activista y sus hijos cambiaron completamente. Decidieron quedarse a pesar del peligro y vivir rodeados por un muro y ella continúa apoyando la oposición al Plan Integral Morelos (PIM) al que Samir Flores enfrentó desde una radio comunitaria

Texto: Rodrigo Soberanes / Mongabay

Fotos: Crédito: Daliri Oropeza, Marlene Martínez, Ana Cristina Ramos, Archivo lado B y Especial 

MORELOS, MÉXICO.- Liliana Velásquez no abandonó su casa cuando asesinaron a su esposo, Samir Flores. Decidió quedarse y adaptarse al sistema de seguridad que el Mecanismo de Protección a Defensores del gobierno mexicano instaló para ella y sus hijas: un muro, sobre este una alambrada y cámaras de seguridad en todo el perímetro para prevenir otro ataque, como el que acabó con la vida del activista y defensor del territorio hace ya 19 meses.

Desde afuera la fachada de la casa se asemeja más a una prisión. La sensación es la de un exiliado dentro de tu propio territorio. Igual Liliana Velásquez ha tenido que adecuarse a esta nueva forma de vida en en Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, mientras quienes mataron a Samir Flores (36 años) gozan plenamente de libertad.

“Rodearon la casa, amurallaron. Ya nos vamos acostumbrando. Nos sentimos así (mal) por la cerca, por las cámaras, porque no sabemos si nos estamos mirando entre nosotros o quién más nos esté viendo”, narra desde el otro lado del teléfono Vázquez, quien accedió a conversar con Mongabay Latam.

Liliana y Samir habían cumplido siete años como parte de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM), un movimiento social opositor al Plan Integral Morelos (PIM), un proyecto energético con presencia en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, en el centro del país.

Detrás de esta pareja de activistas hay una historia de 10 años al frente de un movimiento surgido desde las comunidades campesinas que, al enterarse de los daños ambientales que causaría el PIM, decidió oponerse a un multimillonario corredor industrial.

Los defensores del territorio, como Liliana Velásquez, aseguran que las amenazas que sufrieron antes del crimen de Samir Flores, persisten hasta ahora. Este riesgo se relaciona con las cifras del último informe de la ONG Global Witness, el que reportó el asesinato de 18 defensores ambientales en el 2019, convirtiendo así a México en el cuarto país más violento para estos liderazgos.

¿Por qué oponerse al corredor industrial?

El Plan Integral Morelos (PIM) contempla la construcción de dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado de 620 megavatios, una de las cuales ya ha sido construida, que funcionarán con gas natural. Se espera que este sea transportado a través de un gasoducto —que mide 150 kilómetros y atraviesa tres estados mexicanos— desde las instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX). El PIM también considera, además, la construcción de un acueducto de 10 kilómetros para extraer agua del río Cuautla.

El problema con esta obra es que las manifestaciones de impacto ambiental —tanto para la construcción de las termoeléctricas como del acueducto— han sido cuestionadas. En el 2013, por ejemplo, la diputada federal Claudia Bojórquez presentó un punto de acuerdo, recogido en la gaceta legislativa, en el que señala las “contradicciones, omisiones y faltas administrativas que deslegitiman un trabajo objetivo y serio por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para evaluar los impactos del proyecto”.

Antonio Sarmiento Galán, investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM, ha seguido desde el inicio esta controversia y asegura que las comunidades no fueron informadas de los peligros reales del corredor industrial.

“El problema —explica Sarmiento— es que el corredor industrial se arranca sin consultar a la gente. Son imposiciones brutales. Les dijeron que no contaminaría el agua, ni el aire. Que (la hidroeléctrica) era muy silenciosa, que no iba a afectar para nada a la comunidad”.

Sin embargo, el Informe sobre el impacto negativo de la termoeléctrica en Huexca y la región oriente de Morelos, firmado por 19 organizaciones ambientales mexicanas, señala los puntos que más preocupan a la población.

“La tecnología para tratar las aguas de la termoeléctrica solo existe para limpiar el agua que va a entrar a las torres de enfriamiento pero no trata el agua que va a salir de la termoeléctrica, las cuales son catalogadas ya como aguas industriales que contendrán metales pesados, altas temperaturas, modificación de acidez del agua”, dice el estudio.

Antonio Sarmiento explicó a Mongabay Latam que, en el caso del río, hay comunidades de vocación agrícola que serán afectadas de ambos lados de su cauce, con lo cual —precisó— no sólo se afectaría a las familias campesinas, sino a la producción de alimentos tanto en Morelos como en Ciudad de México.

Son daños silenciosos que pueden generar un impacto en la vida y economía de más de un millón de personas, dijo el investigador de la UNAM, quien también hizo énfasis en la contaminación que podría causar el gasoducto, con pequeñas y numerosas filtraciones que se darían a causa del permanente movimiento sísmico de la región.

El especialista recuerda cómo las comunidades fueron adquiriendo pleno conocimiento de la situación con la ayuda de Samir Flores y sus mensajes radiales. Sus comentarios y llamados a la acción, según Sarmiento, fueron de mucho valor para la gente.

Samir Flores, indígena náhuatl, fue parte activa de un movimiento social de tres años que logró alcanzar una meta importante: que la comunidad pudiera gobernarse por usos y costumbres, y no por el sistema de partidos políticos que rige el sistema electoral en México. Ese proceso culminó en febrero de 2017 y permitió consolidar la vocación agrícola de la población indígena de Amilcingo y Temoac.

“La tierra hay que cuidarla y defenderla, es la que nos da de comer, nos alimenta. Ellas vienen con esa parte de la formación que él venía inculcando”, sostiene Liliana Velázquez, quien no olvida cómo en su casa persistió un relato de apego y cuidado de la tierra mientras Samir estuvo vivo, y que ella hoy se encarga de transmitir a sus hijas.

Samantha César, integrante de la Asamblea a la que pertenece Liliana Velásquez y los habitantes de los pueblos de Morelos, explica que existen tres motivos por los que se oponen al proyecto. El primero está relacionado al daño ambiental: “No es energía limpia…Se prevén efectos de esterilidad en la tierra que afecten la diversidad de plantas y animales. Y está la contaminación en el río Cuautla con los químicos de las turbinas”.

El segundo problema —precisa— está asociado al riesgo que enfrentaría la población, considerando que el gasoducto atraviesa 60 poblaciones de los tres estados y que pasará por varias zonas de riesgo volcánico del Popocatépetl que es el más activo de México.

Además, señala César, se trata de una región aledaña al epicentro del terremoto de septiembre de 2017 que devastó varios poblados y ciudades en la zona, y que en la Ciudad de México hizo recordar el desastre del terremoto de 1985. “Ahora tenemos un nuevo riesgo”, sostiene.

El Programa de Ordenamiento Territorial del Volcán Popocatépetl prevé ese riesgo y estipula que los proyectos no deben modificar el uso de suelo o impulsar políticas que promuevan el crecimiento poblacional; por el contrario, “se debe recuperar y preservar primordialmente los recursos naturales”.

La Semarnat consultó al Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred) sobre la viabilidad del proyecto, debido a que se encuentra “dentro de la zona de riesgo volcánico del volcán Popocatépetl”. Y esta instancia respondió “que el proyecto era inviable en esta zona, justamente porque pasa por las zonas de significativo riesgo eruptivo”.

Y, finalmente, está el impacto que el PIM, según la experta, generará en la vida de las  comunidades. “Causará que la gente deje de sembrar y emigre a las ciudades. Es una cosa violenta contra las comunidades, se va a romper la organización comunitaria. Hay grupos de choque que ya han tratado de romper la vida comunitaria. Por eso se ha decidido luchar, por el despojo del agua, la tierra y la vida campesina”, señaló César.

Esos, según la activista, eran los argumentos de Samir Flores Soberanes, quien se dedicó siete años de lleno como la cara más visible de un intenso movimiento social, pero  que fue asesinado a tiros en la puerta de su casa la madrugada del 20 de febrero de 2020.

Zapata a escena

El proyecto fue concebido durante el gobierno de derecha del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y continuó su desarrollo durante el mandato del centralista Enrique Peña Nieto.

La llegada al poder de la izquierda con Andrés Manuel López Obrador suponía una buena noticia para quienes recordaban que alguna vez, en 2014, cuando estaba en campaña para ser presidente, dijo que la presencia del PIM en Morelos, la tierra del mítico caudillo revolucionario Emiliano Zapata, era inconcebible.

El PIM tiene un componente que se opone al discurso del presidente López Obrador: hay tres empresas extranjeras. Elecnor y Enagas construyen el gasoducto, y Abengoa las dos centrales termoeléctricas. Todas españolas.

“¿Cómo poner en la tierra de Zapata, el mejor dirigente social que ha tenido México, una termoeléctrica? Es como poner una planta nuclear en Jerusalén. Nosotros vamos a defender, como sea, a los pueblos”, dijo un López Obrador candidato que entonces defendía en sus discursos que el sector energético de México debía estar en manos sólo de las empresas paraestatales.

Ya en el poder, López Obrador nombró al 2019 como “el año de Zapata”.

El político se topó con que el gasoducto del PIM tiene cláusulas que comprometen al gobierno mexicano a pagar por décadas  a las empresas involucradas en el gasoducto, se usen o no las instalaciones, y cambió su opinión sobre el PIM, que prevé una inversión que ronda los 1,600 millones de dólares.

Siendo presidente, Obrador ordenó una consulta ciudadana para decidir si el proyecto continuaba o no, y puso al frente de los preparativos a un político llamado Hugo Eric Flores Cervantes, quien funge como delegado federal en Morelos.

Flores Cervantes fue abogado de las personas acusadas de perpetrar la Masacre de Acteal, en Chiapas, al sur del país, en 1997. Ahí, 45 personas (la mayoría mujeres y niños) fueron asesinadas por paramilitares que luchaban contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Él nunca se entrevistó con nosotros, pero sí se reunió con funcionarios, con las empresas. Cuando vino la encuesta famosa, el presidente mandó a su súper delegado a investigar y lo que salió de eso fue la consulta. No sabemos quién emitió la encuesta, quién contó los votos. Tampoco fue una consulta indígena…Hubo una campaña mediática a favor del proyecto. Era una simulación de democracia”, contó Samantha César.

Mongabay Latam contactó a Hugo Eric Flores para pedirle su versión pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.

El 19 de febrero, el gobierno federal realizó un foro sobre el PIM. Ese día Flores Cervantes se encontró públicamente con Samir; este lo encaró y le dijo que sólo hablaba de las bondades pero no de los impactos del proyecto.

Cuenta Liliana Vázquez que al día siguiente alguien llamó a su puerta en la madrugada. Cuando ella habla sobre Samir Flores no lo describe como una persona que tuviera la valentía como bandera, pero sí con un compromiso tal con sus causas, que el miedo no estaba en él.

Esa madrugada, el activista salió confiado a ver quién lo buscaba y eran sus asesinos con armas de fuego.

El 20 de febrero de 2019, en “el año de Zapata”, un día después de haber encarado al delegado de López Obrador, mataron a Samir Flores, el principal opositor del PIM

El presidente López Obrador reaccionó al suceso en su conferencia de prensa de las mañanas. Anunció que no había resultados de la investigación y que posiblemente a Samir Flores lo habían matado “conservadores” para afectar a su gobierno.

Tres días después del crimen comenzó la consulta para decidir si continuaban o no los trabajos de construcción de la termoeléctrica. El voto a favor ganó con un 59% según el gobierno.

De acuerdo con las primeras pesquisas, los asesinos dejaron un mensaje que relacionaría a Samir con actividades ilícitas, una versión que ya está descartada, cuenta Samantha César. Ahora hay seis líneas de investigación abiertas, según ha dado a conocer la Fiscalía de Morelos.

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, dijo el pasado 25 de septiembre frente a legisladores de ese estado, que la dependencia a su cargo ya tenía identificados a los probables responsables del crimen de Samir Flores y que “pronto” serían detenidos.

Mongabay Latam también intentó contactar con la Fiscalía morelense pero hasta el cierre de este reportaje no respondieron a nuestro pedido.

Recién ocurrido el asesinato, el presidente Obrador también llamó “radicales” y “conservadores de izquierda” a integrantes del movimiento opositor.

“Esa era su palabra. Si nos llaman conservadores, sí, nos gusta conservar nuestras costumbres, nuestras tierras, nuestras aguas”, dijo Liliana Vázquez.

Después de la muerte de Samir Flores, el movimiento que encabezó ha generado una potente iconografía en la que se le compara con Emiliano Zapata. “Está fuerte eso. Se siente bien, se siente bonito pero fueron dos personas totalmente diferentes. Él nunca quiso ser otro Zapata. Son personas con las mismas ideas, defender su territorio, pero diferentes”, dijo Velásquez.

La vida de Liliana Vázquez, además de los cambios que ha tenido por las modificaciones a su casa y las medidas de seguridad que se le impusieron, también ha tomado un giro que le da una responsabilidad fuerte.  “Al ya no estar él, me han visto como una pieza importante en la radio. Entonces en la medida en que podemos, vamos apoyando”.

Amilcingo es la tierra de Vinh Flores, un histórico líder magisterial pariente de Samir quien que murió hace 44 años en un supuesto accidente automovilístico, cuando encabezaba dos importantes movimientos: la declaración de Temoac como municipio libre y la fundación de la Escuela Normal Emiliano Zapata que hoy sigue funcionando.

La casa de Liliana Velásquez y Samir Flores está en Amilcingo, municipio de Temoac. Ambos son indígenas nahuas y sus vidas están ligadas al cultivo de las tierras. Se conocieron cuando aún eran estudiantes, en tiempos en que no se imaginaban lo que estaba por venir.

“Cuando nos conocimos —narra Liliana Velásquez— no estábamos metidos en ningún tipo de movimiento, pero él por ser de aquí ya tenía esas nociones e inquietudes y participaba de vez en cuando en las actividades que se hacían aquí, en la Normal o en el pueblo; entonces cuando yo lo conocí sólo me platicaba que participaba en todo eso, entonces él ya traía noción de todo lo que pasaba en el pueblo, de todo lo que eran las luchas y las defensas”.

Liliana cuenta que fue en el 2010 que llegaron a la casa las primeras noticias sobre la realización del PIM. Ese mismo día —recuerda— Samir Flores tomó una bocina  y salió a la calle para difundir los efectos negativos que un proyecto de tal envergadura traería a las comunidades.

“Empezó con unas bocinas que las instalaba en las casas donde le daban permiso. Su sueño siempre fue el de tener una radio comunitaria…pensaba cómo le funcionaría, en los recursos para instalarla. Era caro”, explica Liliana. Así fue como nació Radio Bocina, sin un transmisor, sin una antena, pero sí con la urgencia de informar a las comunidades del proyecto que se venía.

“Con Radio Bocina, [Samir]  empezó a involucrarse y a recibir talleres de otros compañeros que ya tenían una radio comunitaria en sus comunidades. Empezaban a compartir cómo funcionaba. Y en lo que todo se construía él seguía con su Radio Bocina, explicando a la gente lo que se venía, qué era lo que iba a pasar si se llegaba a instalar el gasoducto”, narra Liliana Vázquez.

El 6 de enero de 2013, Radio Bocina se convirtió en Radio Amilcingo, una emisora radial que hasta hoy sigue al aire y que funciona en una pequeña habitación construida con ladrillos. Liliana Vázquez, quien participa en una brigada de salud que atiende a integrantes del movimiento contra el PIM, tiene un programa radial en donde habla de salud herbolaria.

Las fotografías de Samir Flores están pegadas en las paredes de la cabina de radio. Y ella sigue informando a la comunidad de Amilcingo y alrededores de los acontecimientos relacionados al proyecto. Si hay que programar música y hablar de música, también lo hace.

“No se puede decir que estoy como él (Samir) al 100% metida —dice Liliana Velásquez— porque me quedó una responsabilidad muy grande que son mis hijos y les tengo que poner atención”.

Samantha César cuenta que el PIM “está casi todo construido ya”. Faltan 200 metros del acueducto y una de las termoeléctricas. La oposición ganó un amparo para suspender el gasoducto y hay un plantón permanente en una de las zonas de riesgo “cuidando que no avancen”.

No obstante, el presidente López Obrador anunció el 09 de septiembre, en otra de sus conferencias de prensa, que el PIM se va a seguir construyendo porque “ya no hay problema legal”. Es decir, que su gobierno logró sortear los amparos. No puede permitirse —dijo el presidente— que se pierda la inversión realizada hasta el momento, que rondaría los 20 mil millones de pesos (poco más de 96 millones de dólares).

La activista Samantha César describe cómo es la vida en la comunidad ahora que Samir Flores ya no está: “Por un lado la comunidad continúa organizada. Sigue luchando y defendiendo, tanto el gobierno por usos y costumbres como el embate contra el PIM. Se continúa en ese sentido luchando por el trabajo de Samir. Y también a la par un vacío, una situación que te lleva como movimiento a reestructurar, a replantearte. Impactó mucho. Entonces es un proceso. Aunque él era el visible, no era un líder autoritario, permitía que la gente participara, se involucrara y se creara consciencia. Por eso hace falta Samir.  Ha sido duro, triste. Nos hace falta. Lo recordamos mucho en el pueblo, en la memoria de la gente”.

La vida después de Samir es otra. En casa de Liliana Vázquez salen cuando es realmente necesario, el resto del tiempo prefieren permanecer detrás del muro y la alambrada que el Mecanismo de Protección a Defensores del gobierno mexicano construyó para su familia.

“¿Qué te puedo decir? ¿qué nos sentimos seguros?… ¿que no va a pasar nada? Pues obviamente no. Ni así, aquí en la casa. Pero tenemos que seguir con nuestras vidas, mis hijos tienen que salir porque van a la escuela, entonces creo que la seguridad nadie nos la puede garantizar porque en la calle nadie está seguro. Ni en la casa ni mucho menos en la calle”, precisa la activista.