14 agosto, 2020
El freno económico por la pandemia dejó sin sustento a más de 40 mil habitantes de la región boscosa de Michoacán que dependen de la explotación y venta de resina de pino y que ahora tuvieron que dejar de cuidar los bosques para buscar con qué comer, lo que abre la puerta a la tala clandestina y la deforestación. Piden ayuda al gobierno federal
Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Mario Marlo / Zona Docs
“Al final, las familias que vivimos en el bosque seremos las perdedoras”, dice Rosa Icela Soto. La crisis económica por la pandemia de covid-19 dejó a su familia, y a otras 120 del ejido Mata de Plátanos, en Uruapan, Michoacán, sin opciones de ingreso ni de trabajo. La recolección de resina de pino, que era su sustento, ya no es redituable.
“El problema con la resina es que se vende a intermediarios a un precio muy bajo”, asegura. “Los habitantes de mi ejido están buscando la forma de subsistir”.
Como ella, otras 10 mil personas en los municipios de Hidalgo, Tuxpan, Jungapeo, Aporo, Tuzantla, Angangueo, Susupuato, Zitácuaro, Senguio, Cherán y Patambán dependen de esta actividad.
Todos, en un par de semanas, pasaron de estar en pobreza a pobreza alimentaria, es decir, que no cuentan con los medios necesarios para comer.
“Es un caso muy extremo, en los últimos meses se han aumentado los robos a nuestras casas y se ha aumentado la tala ilegal”, dice preocupada Rosa Icela Soto.
“Desde hace 50 años hacemos esto. Mis abuelos, antes de la constitución del ejido (a finales de los años 60) ya se dedicaban a esto. Hemos heredado sus conocimientos, es una actividad en la que colaboramos toda la familia. Mujeres, niños, jóvenes”.
En el ejido en el que ella vive, anualmente producen cerca de 300 toneladas de resina de pino, lo que les genera una derrama económica de 4 millones de pesos sin derribar un árbol. El cuidado que toda su comunidad hace del bosque ha impedido que la tala clandestina y la sustitución de bosques por cultivos de aguacate acaben con estos reductos de bosque templado, característico de la región.
Las ganancias del ejido de Rosa Icela son sólo una fracción del valor de la industria de la resina de pino en Michoacán, el principal productor a nivel nacional. Según Juan Manuel Barrera, de Resiliencia Ambiental y Desarrollo Comunitario, una organización civil especializada en temas forestales, la producción del municipio alcanza los 600 millones de pesos al año.
“Este año, si se tienen ganancias por un 15 o 20 por ciento, va a ser mucho. Estamos hablando de 500 millones de pesos que ya no van a llegar a las comunidades, ese es el impacto económico”, explica Barrera, durante una conferencia de prensa realizada el martes 12 de junio por diversas organizaciones ambientales así como por recolectores de resina y habitantes de la zona.
La extracción de resina en esta zona se realiza desde hace más de 100 años. Es una cadena productiva que sale de estos bosques y llega a diversos artículos. Quizá el más famoso sea el limpiador multisuperficies de pino.
Además, es un ingrediente común en diversas casas de pintura. Se usa como brea en la construcción, como emulsificantes en algunos refrescos y como base para las gomas de mascar. El cierre temporal de muchas de estas empresas, por la pandemia, hizo que la compra de resina de pino se detuviera.
“Con el inicio de la pandemia la compra empezó a disminuir y no se ha recuperado”, comenta en la conferencia virtual Olga Leticia Enríquez, resinera de Cherán K’eri, el municipio que a principios de siglo expulsó a los partidos políticos por la corrupción con la que manejaban el gobierno municipal
De los 3 mil árboles que cuida su familia llega a obtener entre 350 o 400 kilos de resina al mes. El dinero que ganan lo usan principalmente para comprar comida, cerca de un 70 por ciento, asegura. El resto, lo usan para pagar gastos de vivienda y vestido.
“Ahora, para trabajar, mi familia está yendo a una empresa empacadora de fresas que está a 3 horas de Cherán. Se van en camiones escolares, y van todos hacinados, además de que el viaje durante el turno de la noche es más peligroso”, cuenta durante la conferencia.
Olga admite que por la situación, los resineros están abandonando los bosques y su cuidado para rentar su mano de obra en la colecta de aguacate, en donde hacen tareas como tirar estiércol entre las parcelas para fertilizarlas.
Este abandono de los bosques podría abrir la puerta a la tala clandestina y a la sustitución de uso de suelo para transformar estos bosques en plantíos de aguacate.
Al respecto, Jaime Nava, del del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural, una asociación que busca el desarrollo rural sostenible y que trabaja en la región, explica que la mayor parte de los bosques en la región Purépecha, una de las que integran esta zona boscosa, existen gracias a los cuidados forestales que realizan los resineros.
El cambio de uso de suelo en estas tierras es imparable. De las 200 mil hectáreas de cultivo de aguacate que existen actualmente, la mitad solían ser bosques templados.
“La tasa de cambio ha sido muy drástica, han habido booms muy importantes de zonas aguacateras”, previene Jaime Nava.
“Si no se hace algo, este fenómeno va a ir caminando a las zonas resineras. Ese es un problema de ilegalidad y de incapacidad que nadie en Michoacán atiende”, critica.
“Es algo que queda impune, todos los días pasa, pero está coludido en tantas dimensiones que es un ciclo que no se ha podido para”.
Según el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible la pandemia detuvo la operación de 18 plantas de procesamiento de resina que compraban, por medio de intermediarios, la producción de los resineros de Michoacán.
Para remediar la dependencia de estos intermediarios y dotar a los productores del oriente de Michoacán de mejores medios de producción, Abel Tello, presidente de administración de la Asociación Rural de Interés Colectivo Lázaro Cárdenas. La ARIC es la organización productiva más importante de resineros de la zona y está intentando volver a echar a andar una fábrica de procesamiento que permanece cerrada desde 2011.
“La reactivación de esta organización nos permitiría establecer centros de acopio en los ejidos tratando de eliminar el intermediarismo, lo que nos permitirá fortalecer el desarrollo de cada una de las comunidades y de los ejidos”, dice en entrevista con Pie de Página Abel.
“Por eso es que requerimos de un programa emergente que ayude a capitalizar a esta organización”.
Actualmente los recolectores de resina de estos bosques venden el kilo de extracto de los pinos en 6 pesos a los intermediarios, que a su vez los vende a empresas procesadoras hasta en 10 u 11 pesos.
Echar a andar la resinera no solo ayudaría a eliminar a intermediarios en el proceso, sino que fortalecería a los ejidos al permitirles refinar y vender mejores productos derivados de la resina.
“Esta empresa funcionó desde el 68”, recuerda Abel. “Fue con la creación de los ejidos que apoyó el general Cárdenas que se creó. Él también ayudó a crear la resinera, por eso la ARIC, la asociación rural, lleva el nombre del General”.
Sin embargo, en 2011 el centro de procesamiento tuvo que cerrar por una caída estrepitosa en el precio de la resina, que pasó de 50 pesos el kilo, a menos de 20.
“Eso es lo que nosotros no entendemos, a veces las políticas del mercado y de las empresas afectan esto, pero no sabemos quién pone el precio y eso nos complica. Solamente nos dicen que las fábricas que usan la resina están comprando de Brasil y de otros lados y más barato, pero en realidad no lo sabemos”, explica Abel sobre la caída de 2011, misma que no se ha podido superar.
“Si en el 68 se hizo esta resinera con la finalidad de que fuera un centro de acopio de la producción de los municipios, creo que la podemos levantar y producir aceite de pino, aguarrás y brea. Sabemos que se pueden sacar otros productos, para la limpieza y para hacer cosméticos y algunas otras cosas, pero quisiéramos, mínimo, trabajar con esto de la brea, del aceite del aguarrás”, dice Abel ilusionado.
Actualmente, la ARIC está en pláticas con el Consejo Nacional Forestal (Conafor) para buscar una estrategia de reactivar la resinera. De lograrlo, Abel asegura que se eliminaría la participación de los intermediarios y podrían establecer un precio de garantía de la resina en 19.50 pesos por kilo.
“Aunque quién sabe si lo podamos sostener, porque vamos a luchar en contra de los grandes empresarios a nivel nacional y a nivel internacional”.
Este 13 de agosto, en la conferencia diaria sobre los programas sociales, Pie de Página cuestionó a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, sobre alguna opción de apoyo a la producción de estos trabajadores, quienes, por no ser propietarios de la tierra no pueden acceder a uno de los programas estrella del gobierno federal, Sembrando Vida.
La secretaria aseguró que se pondría en contacto con la Conafor para buscar una solución al problema de los resineros, e incluso aseguró que se podrían usar otro programa como Producción para el bienestar y aliviar la precaria situación de los jornaleros de los bosques, como se denominan estos trabajadores.
Además, tanto Olga Leticia como Rosa Icela Soto, habitantes de la zona y resineras, pidieron al gobierno federal la implementación de un programa de empleo temporal que ayude a dar vigilancia al bosque y mantener así el cuidado que los resineros hacían del mismo.
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