La propuesta presentada por el gobierno federal no contempla a millones de personas que no cotizan a la seguridad social ni unifica otros esquemas pensionarios

Twitter: @vgarciadeleon

¿Sabía que la seguridad social es un derecho humano? Uno que, como muchos otros en México, se viola sistemáticamente.

En el país 34 millones de mexicanos que trabajan no cuentan con seguridad social, o 62% de la población económicamente activa. A ellos deben sumarse millones de mujeres que hacen trabajos no remunerados, y quienes están en el desempleo, actualmente 8 millones de personas, según Inegi.

Pero hay un dato más revelador para los fines de esta columna: alrededor de 51.3 millones de personas en México nunca han cotizado, ni hecho aportaciones para su retiro en alguna institución de seguridad social. 

Por ello es que si bien la reforma que propuso López Obrador la semana pasada es positiva, no es la que esperaban muchos, que incluyera a quienes no cotizan en algún sistema de seguridad social y que unificara los cientos de esquemas pensionarios que existen en el país, más allá del que contemplan el IMSS y el ISSSTE.

La reforma que se esperaba, dicen algunos, era una más ambiciosa y de mayor calado. Así opina el actuario Alejandro Turner, que en 2011 dirigió PensionIssste y que actualmente, además de consultor, es presidente del comité de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. “Se esperaba una reforma para la creación de un sistema nacional de pensiones”, comenta. 

Los cambios propuestos sí generarán una mayor cobertura, pero dentro del universo de los que ya cotizan en el sistema y que tienen una cuenta individual en una Afore. Muchas personas que no alcanzaban las mil 250 semanas  de cotización necesarias para tener una pensión mínima garantizada podrán acceder a ella con 750 semanas, si se aprueba la reforma. 

Otro beneficio importante es que las aportaciones de los trabajadores al ahorro en su Afore incrementarán de 6.5% del salario hasta 15%, gracias a una mayor participación de los patrones en ese porcentaje, de tal forma que la pensión esperada, en promedio aumentará hasta en un 40%.

Además, la reforma para un sistema nacional debería incluir la unificación de los cientos de sistemas de pensiones que existen en el país, que en algunos casos tienen condiciones desfavorables para los trabajadores, y cuyos recursos salen también de la federación.  

Los gobiernos locales de 32 estados, de 2 mil 450 municipios y 55 universidades públicas tienen sus propios esquemas de pensiones, operados o subsidiados por el gobierno federal. Además están los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas, el de PEMEX, de la CFE, el de la Suprema Corte, del banco central y de los bancos de desarrollo. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico esta fragmentación es fuente de grandes desigualdades, pues los distintos grupos de trabajadores reciben un trato muy diferente desde el punto de vista de los requisitos y beneficios del retiro.

“La propuesta era de crear un solo sistema, y que no haya pensiones de privilegios. Un solo sistema nacional de pensiones sería más justo, equitativo y barato”, dice Turner.

Los retos son aún grandes y complejos, aunque eso no le quita valor a la propuesta presentada sobre todo que, por lo pronto, quita el temor que estaba en el aire sobre la posibilidad de que el gobierno actual decidiera el destino o administración del dinero de las pensiones.