Unas 800 personas de las comunidades El Balsamar, Chautipa y Tepozonalco fueron desalojadas por civiles armados. Reclaman falta de reacción y atención gubernamental

Texto: Jesús Guerrero

Foto: Especial

Civiles armados que se identificaron como integrantes del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG) desalojaron a unas 800 personas de las comunidades de El Balsamar, Chautipa y Tepozonalco, municipio de Leonardo Bravo, en la sierra de Guerrero, el 24 de marzo.

Se trata del segundo éxodo masivo de habitantes de la Sierra que huyen de la violencia generada por la confrontación de dos grupos criminales que se disputan el control de la zona. Isaac Navarrete encabeza a uno de esos grupos y Onésimo Marquina Chapa a otro.

El éxodo anterior ocurrió el 11 de noviembre del 2018. En esa ocasión unos mil 500 pobladores huyeron de Filo de Caballos, también comunidad de Leonardo Bravo, cuando civiles armados del FUPCEG tomaron la población.

Entre los nuevos desplazados hay personas de la tercera edad, niños y mujeres, quienes caminaron alrededor de hora y media para llegar a El Huamuchil, donde se concentraron este miércoles 25 de marzo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ubica a 14 grupos criminales que operan en las siete regiones de la entidad, entre ellos, El Cártel de la Sierra, pero en este mapa no señala el grupo que opera desde Tlacotepec, cabecera de Heliodoro Castillo, encabezado por Onésimo Marquina.

El desalojo

Entrevistados en el crucero de El Huamuchil los nuevos desplazados dijeron que desde hcace una semana comenzaron las amenazas, pero apenas el martes los hombres armados empezaron a llegar a las tres comunidades. Su reacción inmediata, dijeron, fue salirse para evitar los autodefensas del FUPCEG los asesinaran.

Los desplazados dijeron que hasta este miércoles no sabían si por esta incursión de la gente armada hubo personas asesinadas o heridas. El campesino de Tepozonalco señaló que todavía se quedó gente en su pueblo porque no pudo salirse a tiempo. 

Los civiles armados llegaron disparando y este miércoles las familias empezaron a salirse ante el temor a las agresiones. «No sabemos qué le pueda pasar a esa pobre gente que quedó en manos de esos delincuentes», dijo.

Las familias de Tepozonalco caminaron hora y media para llegar a Chihihualco. Entre la gente que se quedó en Tepozonalco hay muchas personas de edad avanzada.

«Esa gente que no son policías comunitarios sino sicarios de Onésimo Marquina -líder del cártel de Tlacotepec- están sacando a la gente y el gobierno no hace nada», señaló una señora desplazada de una de esas tres comunidades.

La mujer considera que este grupo de supuestos policías comunitarios del FUPCEG quieren tomar Chichihualco, la cabecera de Leonardo Bravo.

La desplazada dice que no sabe qué tipo de intereses tiene el gobierno de Héctor Astudillo. A pesar de que son miles de personas expulsadas de sus pueblos, advierte, no hace nada para frenarlo.

Reacción tardía

Las familias que avanzaban por los cerros o en vehículo por la carretera denunciaron que pidieron el auxilio de las fuerzas de seguridad para que acudieran a sus comunidades a brindarles protección, pero nunca llegaron.

Un señor que llegó a pie a Chichihualco informó que la gente de Tepozonalco salió apenas comenzó la balacera. Aseguró que el grupo de hombres armados ya aumentaron su presencia en esta zona ya que tienen bajo su control las comunidades de El Balsamar, Carrizal de Bravo, Tepozonalco, Las Joyas y Chautipa.

En el caso de la toma de Tepozonalco, que ocurrió este miércoles, contó que el grupo de pistoleros se robaron muchas pertenencias de las familias que aquí viven.

«Se llevan todo, puercos, gallinas, pollos, ventanas, son unos ladrones», dijo.

El campesino de Tepozonalco, dijo que ellos son productores de aguacate y nunca buscan problemas. «Si nos salimos fue para que nadie de nosotros fuera asesinado», agregó.

Tras las amenazas que desde hace días les hacía la supuesta policía comunitaria este lunes una comisión de habitantes de las comunidades tuvieron una plática con las autoridades del gobierno de Astudillo para solicitarle  protección. Pero ninguna corporación policiaca estatal o federal acudió a darles auxilio.

Hasta la tarde de este miércoles, las familias desplazadas seguían concentrados en el crucero de El Huamuchil sin que ninguna autoridad del municipio o del gobierno estatal acudiera para protegerlos o darles de comer y de beber agua.

«Aquí nos vamos a morir de hambre e incluso asesinados a balazos porque ninguna autoridad nos hace caso», señaló una señora.

Este trabajo fue publicado originalmente en AMAPOLA PERIODISMO que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.