El gremio periodístico no podemos permitir que sea la velocidad de las noticias en internet la que dicte nuestros estándares éticos y de profesionalismo

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La serie gringa The Newroom (cuya traducción literal al español sería La Redacción), producida por HBO en 2012, narra la historia quijotesca de un equipo de periodistas que intentan comunicar información pertinente, verificada y relevante en el horario central del noticiero de un canal de televisión. En su búsqueda por producir noticias que sirvan a los ciudadanos para tomar decisiones, los periodistas enfrentan a los intereses de la industria televisiva y las presiones por aumentar los ratings.

Aun así, se rehúsan a publicar notas amarillistas; a ser los primeros con un encabezado impreciso. Privilegian la corroboración y la relevancia. Entienden el periodismo como un servicio público que aporta a la construcción democrática. Parece que a veces hace falta recordar esos principios éticos.

En el cuarto episodio (I’ll Try to Fix You) de la primera temporada, el equipo de noticias liderado por Will McAvoy –el conductor–, se entera que le dispararon a una diputada texana. Vía otros medios de comunicación, se enteran también de que la diputada ha muerto. Entra a escena Reese Lansing, el hijo de la dueña del canal y encargado de levantar el rating para atraer capital a la empresa, y empieza a insistirles a los productores que den la noticia de la muerte de la diputada. En el estudio aumenta la tensión, las pantallas de los demás noticieros se iluminan con la noticia de la muerte, mientras McAvoy y su equipo esperan confirmación de una fuente, dejando los minutos pasar.

Antes de terminar la anécdota de The Newsroom, vayamos a nuestra realidad nacional. Hace poco más de una semana, el sábado 15 de febrero, los noticieros nacionales dieron a conocer la noticia de que Lucero Guadalupe Sánchez López y Jesús Reynaldo Zambada García, ambos presos en Estados Unidos, habían sido liberados tras testificar en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera. 

Radio Fórmula publicó el siguiente encabezado: “’Chapodiputada’ y el hermano de ‘El Mayo’ habrían sido liberados tras juicio del ‘Chapo’”. Telemundo publicó: “El ‘Rey Zambada’ y la ‘Chapodiputada’ están libres meses después de testificar en el juicio contra ‘El Chapo’”; Excélsior: “Liberan a testigos clave en juicio contra ‘El Chapo’ Guzmán”; SDP Noticias: “Liberan a ex diputada y al ‘Rey’ Zambada por testificar en contra del ‘Chapo’”. La lista continúa. A lo largo y ancho del país, los medios –a través de la radio, en internet y en periódicos impresos– salieron con la misma noticia.

Mientras la nota se reproducía, entre algunos colegas periodistas permeaba la duda. ¿Cuáles eran las fuentes? A pesar del escepticismo, la presión por los artículos publicados al respecto generaba esa ansiedad de no tener la nota primero o no tenerla en absoluto. ¿Los habían liberado o no? ¿De dónde venía la información?

Vamos a la génesis de la información. 

Todo empezó con un tuit. 

A las 14:13 horas del sábado 15 de febrero, Alan Feuer, reportero judicial en Nueva York para el New York Times y autor de un libro por salir sobre el caso contra “El Chapo”, tuiteó, en inglés: “¿Les gustaría saber qué tipo de beneficios obtuvieron los testigos que declararon contra el Chapo en su juicio, al recibir su sentencia? ¿En serio? ¡A mí también! Pero lo siento, mucho de este proceso está sucediendo en una caja negra del gobierno. Vamos a echar un vistazo…”. 

El reportero después abrió un hilo de tuits donde publicó capturas de pantalla de las fichas de esos prisioneros en la página de internet del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. En las capturas de pantalla se puede ver el nombre del prisionero, edad, sexo, raza, número de registro, y una leyenda que lee: “no está bajo custodia del Buró Federal de Prisiones”, fecha de descargo desconocida.  

Esta provocación, introducida por un clic al Twitterespacio, llegó a las pantallas de los más de 20 mil seguidores de Feuer. Eso, a su vez, sirvió para que decenas de medios publicaran una nota aseverando la liberación de los prisioneros.

Incluso diarios nacionales que lideran el tráfico de lectores en internet y con los tirajes más grandes para periódicos impresos en el país, como Reforma, El Universal, La Jornada y Milenio, publicaron la nota. El criterio editorial del Reforma fue ligeramente más cauteloso: “Reportan que ‘Rey Zambada’ ya no está bajo custodia”; La Jornada con total contundencia publicó: “Sueltan a ‘El Rey Zambada’ y ‘narcodiputada’ tras testificar contra El Chapo”; El Universal en una nota que después bajaron de su portal comunicó: “Obtienen libertad El Rey Zambada y La Chapodiputada tras juicio de El Chapo”; y Milenio, con un trato más digno a la testigo mujer, sentenció: “’Rey’ Zambada y ex diputada ya no están en custodia de EU”. 

Algunos corresponsales en Estados Unidos dijeron a sus editores que no había confirmación de la liberación, instándolos a detener la publicación de la nota. Pero la nota se reproducía con esa premura propia del ciclo de noticias 24 horas al día, siete días a la semana. No había pasado ni un día del tuit de Alan, cuando los principales medios de comunicación del país ya habían publicado una nota cuya única fuente era una provocación insinuada en un tuit. 

No es la primera vez que algo así sucede. Claire Wardle, directora y fundadora de la organización First Draft, dedicada a superar los retos de credibilidad del periodismo en la era digital, ha escrito extensivamente sobre el uso de información por parte de medios de comunicación, sin corroborar, que encontraron en una publicación de redes sociales. Un caso es el de los ataques terroristas en París en 2015, en los que algunos usuarios de Twitter subieron fotos o comentarios falsos y los medios de comunicación las replicaron como ciertas. También en el caso del bombardeo en el maratón de Boston, donde algunos periodistas retomaron en nombre de un estudiante de redes sociales y lo reprodujeron como uno de los sospechosos por el ataque. No solo no era un sospechoso y no había estado involucrado. 

La recolección de información para efectos noticiosos ha sido modificada por dos cosas en la última década, según Wardle: el desarrollo de la tecnología móvil, como los celulares, y la generación de contenidos en las redes sociales. Wardle se ha dedicado a generar manuales que enseñan a corroborar información generada por usuarios durante emergencias.

Pero el caso de la noticia de la liberación de los testigos ni siquiera era una emergencia donde la fuente de la información veía de usuarios publicando contenido desde el lugar de los hechos. La falta de corroboración hace un par de semanas fue simplemente desidia periodística. Los medios que publicaron la nota no buscaron verificar la información con una fuente. Bastó un tuit donde se decía que los prisioneros no se encontraban bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones, para asegurar que habían sido liberados. 

Para el 16 de febrero, Proceso publicó una nota con entrevista a un funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, detallando las posibles explicaciones para la información desplegada en la página de internet del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos con respecto a esos testigos: pueden estar bajo la custodia de los alguaciles federales temporalmente porque los estén trasladando a otro juicio o pueden haber ingresado al programa de testigos protegidos. En todo caso, la información de la página, no es suficiente para asegurar la liberación de los prisioneros. 

Podría parecer trivial, pero la información publicada es parte de un proceso de procuración de justicia de implicaciones históricas para México y Estados Unidos. Antes del proceso contra Guzmán Loera, todos los acusados con crímenes de narcotráfico se habían declarado culpables, pactando tratos a puerta cerrada con los fiscales estadounidenses. Pero al declararse inocente, el Chapo optó por un juicio que reveló información relevante del entramado de corrupción nacional que ha permitido los niveles de violencia que azotan al país hace más de una década. Después del juicio y la sentencia del narco vino la acusación contra Genaro García Luna. Ese proceso puede arrojar aún más información que ayude a entender quiénes son los culpables de que México tenga más de 60 mil desaparecidos y más de 130 mil personas asesinadas; puede ayudar a esclarecer cómo funciona un sistema donde algunas pocas personas se benefician de la muerte de miles. Publicar información falsa sobre los involucrados en estos casos judiciales puede ir en detrimento de cómo entendemos estos procesos y la relevancia que tienen; esta información falsa puede incluso perjudicar nuestra capacidad de exigir respuestas ante nuestros representantes. 

“La información falsa, en estas situaciones, tiene el potencial de impactar la manera en que la gente piensa sobre otras personas, personas de otras razas, de otras religiones”, escribió Wardle en un texto sobre la necesidad de corroborar la información de redes sociales publicado en 2015. 

Regresando a The Newsroom, cuando están todos en el estudio esperando confirmación de la muerte de la diputada, Lansing (el hijo de la dueña del canal) le dice a McAvoy, el conductor del noticiero: “cada segundo que no estás actualizado, mil personas están cambiando al canal de quien tiene la última información. Ése es el negocio en el que estás. MSNBC, FOX y CNN dicen que está muerta. ¡Dile, Don!”. Termina, suplicándole a Don Keefer, uno de los productores, que convenza al conductor de dar la nota de la muerte. A lo que, para la sorpresa de todos porque era un personaje más bien antipático, el productor responde: “Es una persona. Un doctor la pronuncia muerta, no las noticias”.

Como gremio, no podemos permitir que sea la velocidad del ciclo de noticias en el internet la que dicte nuestros estándares éticos y de profesionalismo. Porque, como en el caso de la serie, un tuit no dicta la liberación de un prisionero colaborador. Es una fuente dentro del Departamento de Estado o, en su defecto, el juez durante la audiencia del caso, quien dicta la libertad de un prisionero.

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