La experiencia de tres comunidades indígenas de la meseta purépecha de Michoacán que buscaron su autonomía sirvieron de trampolín para una cuarta comunidad. Ésta trazó, casi con manual, un camino para lograr el autogobierno
Texto y fotos: Arturo Contreras Camero
SEVINA, MICHOACÁN.- Los purépechas del municipio Nahuatzen están creando un cuarto nivel de gobierno: el comunitario. Y si no, por lo menos, están expulsando a los partidos políticos de sus comunidades. El camino no ha sido fácil, y es resultado de un largo proceso de autonomía que ha llevado más de diez años.
“Este cuarto nivel pone en riesgo al tercero [los municipios], porque significa que este modelo de usos y costumbres puede dar el ejemplo para que haya más seguridad, más educación, más salud y nos atacan para que no se vean que los otros poderes (como el municipal y el estatal) son los malos”, asegura Jorge Chávez Flores, presidente del concejo comunal del pueblo de Sevina.
Nahuatzen, al este Cherán, es la más reciente victoria de esta rebelión. Pero la piedra angular del movimiento se puede rastrear hasta los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1995. Estos garantizan el derecho de los pueblos indígenas a elegir sus propias formas de gobierno, sus propias formas de organización, para resguardar su propia cultura y explotar los recursos naturales que están en sus tierras.
Aquí en Sevina, viven más de 3 mil 500 habitantes en una de las planicies de la Meseta Purépecha, una extensión de bosques fríos coronada por cerros separados por milpas y campos de cultivo. Sevina inició su proceso de autodeterminación en 2017 y hoy es ya reconocida. Ya recibe el presupuesto que garantiza el uso de los recursos a través de un concejo indígena, sin intermediación de partidos políticos o del gobierno municipal.
“Aquí hablamos de un proyecto, un proyecto comunitario, que nos ha tomado varios años”, asegura Jorge Chávz. Sabe que este proceso no es exclusivo de su comunidad, sino de otras varias más de la región que ayudaron a abrir brechas para lograrlo.
“En realidad esta es la última parte de un proceso más largo, de una transformación regional. Todos queremos que se materialice ese sueño, ese inicio que sembraron unos y que se está materializando con otros y al que yo me sumo también”. Así lo expresa Jorge, hombre alto y grueso, de piel morena que contrasta con la camisa de manta que usa, adornada con bordados regionales.
Sevina es una de las nueve comunidades que existen en el Municipio de Nahuatzen. Así como ésta, hay otras cuatro que están en proceso de consolidar su autonomía: La cabecera municipal, del mismo nombre que el Municipio, Arantepacua y Comachuen fueron una importante fuente de inspiración para esta comunidad. En todas ellas, pareciera que el deseo y la motivación es la misma:
“Las administraciones que pasaron (todas ligadas a la partidocracia) nunca tomaron en cuenta a las comunidades. Cuando nosotros veíamos que teníamos muchas carencias. Eso fue lo que nos motivó a hacer un análisis de los problemas con los partidos, de las confrontaciones de los comuneros del pueblo por buscar un puesto político y un beneficio personal”, dice con rabia José Natividad, concejero de programa sociales.
“Ellos manejaban a los jefes de tenencia [los representantes del municipio en cada una de las comunidades de la demarcación] como a sus títeres. Se dice que empleaban a 10 o 20 gentes que cada uno repartía dinero como a otras 40 gentes para hacer toda una tapadera”, continúa Jorge. “Vimos que los partidos solo nos venían descomponiendo. Nos vienen haciendo pedazos a través de un signo de pesos. Seamos o no indígenas entra el dinero y nos fractura”.
“Nosotros no queríamos más de eso, entonces se empezó a trabajar en los beneficios de la organización comunal y luchamos por acceder al recurso directo”, cuenta sobre los inicios del proceso.
Para recorrer el camino de la autonomía, Sevina tenía un aliciente importante, el resto de las comunidades ya habían iniciado sus procesos, por lo que su camino recorrido les sirvió de aprendizaje para esquivar las tretas y trabas del gobierno municipal.
El primer paso, entonces, era bastante claro: desterrar a los jefes de tenencia e instalar un concejo de gestión, encargado de solicitar a la presidencia municipal el uso de los recursos correspondientes de manera directa.
Pero ese primer intento fue un fiasco. “Ellos (la gente del municipio) tenían un plan bien armado y nos arrasaron. No supimos cómo solicitarlo”, acepta Jorge.
Fue entonces cuando uno de los otros miembros del futuro concejo de gestión tuvo una idea: Realizar el procedimiento a través del comisariado de bienes comunales, quienes tienen la capacidad de convocar a una asamblea del pueblo. Fue a través de esta instancia que lograron la ratificación de dicho concejo.
Jorge habla desde uno de los salones de la casa comunitaria de Sevina: edificio de gobierno frente a la plaza y junto a la iglesia que pareciera un arquetipo en los pueblos de México. Las paredes están tapizadas con rotafolios que parecen hojas de un libro de contabilidad enorme. En cada una hay cuentas y más cuentas de las aportaciones de los pobladores y los gastos que hace el concejo, como si el salón fuera la sala de la transparencia.
Ahí, los concejales hablan como si fueran abogados, especialistas en temas de primeras salas, de segundas instancias, de amparos y derechos constitucionales y administrativos. Su grado de especialización es apabullante.
“Nosotros como pueblos indígenas se considera que no tenemos capacidad. Fue una etiqueta errónea, hay capacidad de eso y más. Fue así que empezamos a indagar de los derechos que como pueblos indígenas tenemos”, explica Jorge.
La primera respuesta del municipio, fue desconocer que el concejo de gestión tenía representatividad, por lo que obligó al pueblo a realizar una consulta popular. Para ello, la presidencia municipal destinó más de un millón de pesos para que sus estructura de poder pudiera echar a andar el mecanismo de compra de votos tan desarrollado en el país.
Sin embargo, el concejo de Sevina ya conocía este tipo de trucos. Por medio de la experiencia de otros pueblos, como Nahuatzen (la cabecera, del mismo nombres) y Comachuen, donde la presidencia municipal financió la creación de concejos comunales que llamaremos «espurios»: pagados con recursos públicos para detener el avance de la autonomía.
Dichos concejos «espurios» son los encargados de amedrentar a los concejales indígenas, de atacarlos físicamente y de dividir a la comunidad.
“Varias gentes la comunidad de Sevina estuvimos divididos. Generaron muchos problemas al interior de las familias. Tú estás allá y yo estoy acá, intentaron dividirnos entre parientes y padres”.
Pero lograron organizar a una parte suficientemente grande del pueblo, y que el concejo fuera reconocido como el responsable de implementar los recursos del pueblo. Entonces, la presidencia municipal desconoció su capacidad.
“Fue como si nos dijeran: está bien, ya ganaron que la tenencia no maneje los recursos, pero no lo puede administrar su concejo. Era como si hubiera una autoridad no reconocida que tiene el recurso (el municipio) y otra que es legítima pero que no tiene dinero (el concejo)”.
Eran finales de 2017, y el municipio empezó a interponer recursos legales para dilatar la obligación que tenían de entregar el recurso al concejo. Primero, impulsaron dos controversias constitucionales en contra de la autonomía de la comunidad, pero no les fueron otorgadas porque los derechos indígenas están respaldados en el artículo segundo de la Constitución.
Después, tras la negativa de la entrega del control los recursos, el Tribunal Electoral del estado los empezó a multar. Con cada multa, venía un plazo, pero las multas eran muy pequeñas. Por no entregar 18 millones de pesos, la primera sanción fue de 500 pesos. La segunda de mil. Así lograron retrasar el proceso por meses.
El municipio no tenía acceso a los recursos, pero creyó que dejando al concejo indígena sin él, lograría que la lucha por la autonomía terminara. Ante esas tácticas, el concejo del pueblo decidió voltear a la gente. Sin dinero, gestionó apoyos sociales y realizó campañas de limpieza en el municipio.
Fue entonces que el municipio logró imponer una segunda consulta, seguro de que su maquinaria de compra de votos esta vez sí funcionaría. “Ese día sí estuvo tenso”, acepta Jorge. “Fuimos a un auditorio como unas 1 mil 500 personas del pueblo. 800 nos respaldan y otras 653 dijeron que no. Fue una gran victoria después de un proceso largo de desgaste”.
“Con cada impugnación, nosotros salíamos a las calles a concientizar. Calle por calle le decíamos a la gente: ‘Señores, no se dejen comprar, por 300 o 500 pesos, porque se les va a acabar y en lo posterior, el que va a seguir comiendo va a ser aquél’.
«La lucha por tener esos 800 votos no cayó del cielo. Fueron recorridos diarios, sábados y domingos que andábamos tocando a las casas gente. ‘Mire, venimos a invitarles…’, parecíamos los evangelistas”, recuerda Jorge.
Después de dos consultas, solo quedaba dar un ‘golpe’ doble. Obtener la anuencia de los dos niveles de gobierno encima de ellos, el municipal y el estatal. Para lograrlo, necesitaban un Acta de cabildo, un documento emitido por el municipio en el que ratifica que el concejo del pueblo sería el encargado de ejercer los recursos del presupuesto correspondientes.
“El día 13 de febrero de 2020 tuvimos una reunión con Nahuatzen y Comachuen y en ella acordamos hacer un frente común para ir y exigir nuestros derechos, porque las tres comunidades estábamos siendo atacadas por el ayuntamiento, que no quería entregarnos el recurso”, explica Jorge.
“Nos recibieron a las 11 de la mañana, querían que entráramos primero nosotros. Dijimos que no, que veníamos juntos y queríamos entrar los tres. Ahí empezó la fricción y el jaloneo y el pleito. Nosotros no hallábamos qué hacer, si nos quedábamos quedaríamos como traidores a las otras comunidades. Si nos salíamos, pues no le avanzábamos, y de este lado teníamos que responder a toda nuestra gente. Estábamos entre la espada y pared”.
Eventualmente decidieron entrar solos, obtener su documento y salir, pero no retirarse del lugar, sino permanecer en un plantón hasta que las demandas de las tres comunidades fueran satisfechas.
“Entonces, alrededor de las seis de la noche llegó la Guardia Nacional con indicaciones de que agarraran al que tenían que agarrar y que golpearan al que tenían que golpear. También llegó el contingente de la policía michoacana, y decidimos hacer una barricada. Nos venían a pegar por ambas partes, pero no los dejamos pasar. Eran como 20 patrullas. Ese día hubo balazos. Una pactó a uno de los compañeros de Nahuatzen, dispararon a quemarropa. Sí estuvo difícil conseguir esas actas de cabildo”, recuerda Jorge.
Así fue como lograron tener el acta de cabildo, y una sentencia de consulta del Tribunal Electoral del Estado por la Consulta. Era como pegar en dos partes: arriba, con las autoridades estatales, y abajo, con el reconocimiento del municipio. Así el pasado viernes 14 de febrero a las cuentas bancarias del concejo llegaron los depósitos del recurso, directo del Estado, sin pasar por el poder municipal.
Ahora, el pueblo de Sevina inicia trabajos urbanos y de mantenimiento de la infraestructura pública para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, como los ejemplos que ha visto en otras comunidades como la de Comachuen, que en el último año realizó obras a diestra o siniestra.
Periodista en constante búsqueda de la mejor manera de contar cada historia y así dar un servicio a la ciudadanía. Analizo bases de datos y hago gráficas; narro vivencias que dan sentido a nuestra realidad.
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