Después de una misión de observación, un grupo de organizaciones de defensa de derechos humanos  documentó cómo el gobierno del estado de Michoacán mina los procesos de autonomía de comunidades indígenas de la meseta purépecha 

Texto y fotos: Arturo Contreras Camero. 

MORELIA, MICHOACÁN.- A través de omisiones, el gobierno de Michoacán mina los procesos de autodeterminación de cuatro comunidades en favor de un sistema de partidos políticos que solo ha dejado atraso y conflictos en estas comunidades.

Estas fueron las conclusiones de una misión de observación que realizaron diversas organizaciones de derechos humanos. Misma que se realizó durante cuatro días, pero que es producto de un largo trabajo de acompañamiento en estas comunidades. 

“Estás comunidades han sido fuertemente agredidas. Decidieron dar un revés a los partidos políticos. Dar un cambio de los que se beneficiaban indebidamente del municipio de Nahuatzen”, comentó Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la red Todos los derechos para todas y todos (TDT), que integra a más de 86 organizaciones civiles de derechos humanos en el país, una de las diferentes organizaciones que integró la misión de observación.

En los últimos años, cuatro comunidades de las nueve que integran este municipio de la Meseta Purépecha de Michoacán iniciaron procesos de autodeterminación, es decir, de retomar los tipos de gobiernos que tenían. Para ello formaron concejos de gobierno indígena. 

“En este proceso han descubierto la importancia de ejercer el presupuesto, de atender sus propias necesidades”, agregó Fernando Ríos en una conferencia de prensa al término de la misión. 

La autonomía del gobierno, significa que estas comunidades pueden ejercer su presupuesto estatal y no depender de las autoridades de la presidencia municipal para su administración, así como de otras áreas como la infraestructura de sus pueblos, y de la seguridad pública.

Este tipo de experiencias, por ejemplo, le permitió a la comunidad de Comachuen descubrir que la presidencial municipal ha estado entregando menos recursos de los que debe a la comunidad. Año con año al pueblo le daban 3 millones de pesos, mientras que en realidad del presupuesto municipal le deberían llegar 13 millones. Lo mismo pasa en el resto de las tenencias del municipio, así como en la cabecera municipal. 

Sin embargo, el desarrollo de estos gobiernos comunitarios ha tenido una contraparte. “Hay elementos para decir que hay violaciones graves de derechos humanos. Hay una política constante de criminalización en contra de quienes llevan estos procesos de autonomía”, acusó Fernando Ríos, de la Red TDT

En el propio Comachuen los retractores del autogobierno, ligados a los poderes partidistas de la presidencia municipal han intentado disparar, acuchillar y linchar a la presidenta del concejo indígena María Eugenia Gabriel Ruiz. Dos miembros del concejo están presos en Nahuatzen, la cabecera municipal, por delitos sin pruebas, por citar dos ejemplos. 

“Percibimos la realidad del crimen organizado, a través de los talamontes. Esto hace que los concejos estén determinados por estos robos y estos despojos a sus territorios. Percibimos que hay un apoyo muy fuerte desde la presidencia municipal”.

Perder el control de los recursos de estas cuatro comunidades equivale a no controlar el 87.76 por ciento de los recursos de este municipio. Estas comunidades se vieron influenciadas por comunidades cercanas, como la de Cherán, que es autónoma desde 2011. Sin embargo, ahora estas comunidades son las que son un ejemplo para todo el país. Muchas comunidades están trabajando por lograr lo que ellas han tenido y es muy significativo, consideraron las organizaciones. 

Jorge Chávez, representante del concejo indígena de Sevina asegura que lo que están haciendo es crear nivel de gobierno “Este cuarto nivel pone en riesgo al tercero, porque significa que este modelo de usos y costumbres puede dar el ejemplo para que haya más seguridad, más educación, más salud y nos atacan para que no se vean que los otros poderes (como el municipal y el estatal) son los malos”, aseguró. 

En la mala administración de las tenencias, así como en la intimidación y las graves violaciones de derechos humanos que acusan tanto los concejales como las organizaciones de derechos humanos esta involucrado Celerino Felipe Cruz, representante del Instituto de Pueblos Indígenas en el estado de Michoacán.

El ejemplo máximo de violencia contra estas comunidades se dio hace casi 3 años, el 5 de abril de 2017, con la masacre ocurrida en Arantepacua. “La omisión por parte del estado está favoreciendo los vacíos legales en favor de los partidos políticos. En el caso de Arantepacua, es sumamente importante, porque aú hoy no ha habido pronunciamientos claros de una investigación que nos permita saber qué pasó”.

Un día antes, las organizaciones y los concejales de las comunidades se reunieron con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes no supieron dar información sobre los avances en la investigación del caso, que lleva varado los mismos años desde que sucedió el incidente. 

Las comunidades hicieron un llamado de atención al maestro Carlos Fazio, visitador de la Comisión, encargado de temas que tienen que ver con fuerzas armadas, a que atienda personalmente y con la atención debida el caso. 

Esta mañana, momentos antes de la conferencia de prensa, algunos representantes de las organizaciones sostuvieron una reunión con la secretario de gobierno de Michoacán, Humberto Arróniz, quien desconoció que en estos pueblos haya habido violaciones a los derechos humanos de sus concejales.