Una disputa territorial provocó la detención de 38 comuneros y azuzó las protestas del pueblo. La respuesta del gobierno de Michoacán fue la represión. El ataque dejó muertos y heridos. Entonces, la comunidad decidió expulsar el sistema de partidos de su territorio y tener un gobierno comunitario

Texto y fotos: Arturo Contreras Camero

ARANTEPACUA, MICHOACÁN.- Hace tres años, el 5 de abril de 2017, esta comunidad de 5 mil personas sufrió uno de los episodios más dolorosos de su historia: más de 800 policías estatales llegaron con la sola intención de castigar a la comunidad y sosegar sus demandas sociales. 

El operativo generó la reacción contraria. Ahora, la comunidad no quiere tener nada que ver con el sistema de gobierno partidista y estatal. 

“Para el estado está comunidad es un obstáculo. Nosotros hemos manifestado que no estamos de acuerdo con el sistema que ellos manejan”, asegura Marco Antonio Pascual, comunero del lugar. «Esta es una comunidad rebelde, que no le conviene al estado». 

Arantepacua es una comunidad que no se queda callada ante los abusos de los gobiernos estatal y municipal, y es algo que las autoridades, en sus diferentes niveles, han visto con malos ojos. También es una de las cuatro comunidades del municipio de Nahuatzen que decidieron emprender procesos autónomos de autogobierno. 

«A nosotros nos orillaron a no estar de acuerdo con el sistema. No hay justicia, no hay equidad. Eso es lo que hemos vivido y a través de esas situaciones hemos tenido una organización», asegura Marco Antonio. 

Conflictos añejos

La represión del 5 de abril fue el resultado de la detención de 38 comuneros de la comunidad un día antes. El 4 de abril una representación de la comunidad viajó a Morelia, para dirimir un viejo conflicto territorial que sostiene Arantepacua con la comunidad vecina de Capacuaro desde hace más de 60 años en el que pelean la posesión de mil hectáreas de monte. 

Después de una reunión que sostuvieron los comuneros con representantes del gobierno estatal, policías estatales detuvieron el camión en el que viajaban los comuneros. 

«La policía de Michoacán y policías de tránsito tenían cerrada la avenida. Íbamos camino al pueblo para informar cómo nos había ido en esa reunión», cuenta uno de los comuneros presentes el día de los hechos. «Sin mediar palabra, nos empezaron a lanzar gases lacrimógenos, nos golpearon, se subieron al camión y nos llevaron a la procuraduría, nos trataron de manera inhumana. Ahí nos incriminaron de bloquear una avenida y de haber secuestrado al chofer, de haber robado el camión en el que veníamos». 

Los comuneros aseguran que la detención fue un mensaje por parte del gobierno, de que «los traían en la mira». 

Al día siguiente, en protesta por la detención de los 38 comuneros, 15  miembros de la comunidad cerraron la carretera que va de Pátzcuaro a Cherán. Detuvieron un par de camiones de carga y los atravesaron en el camino como medida de presión para la liberación de sus compañeros detenidos. La respuesta del gobierno fue desmedida. 

La masacre de Arantepacua

«Ese día estábamos aquí en nuestro pueblo, tranquilos, cuando escuchamos el rinoceronte (un camión blindado de la policía)  que venía por delante», recuerda Teresa Prado, deuda de una de las cuatro personas que fallecieron ese día.

«Empezamos a ver que venían policías de la carretera, mi hijo se espantó, y yo le dije: ‘no, hijo, ellos vienen a trabajar’”, cuenta Xóchitl Madrigal. Su casa es la primera del pueblo. ella fue la primera en ver la caravana de más de 800 policías que se precipitaban contra la comunidad. 

En pocos momentos una lluvia de balas llenó su casa. «Yo le dije a mi hijo que se quedara adentro, pero cuando menos vimos, nos sacaron a mi esposo, a mi hijo, a mi nuera con su bebé y a mí de la casa. En ese rato no pude hablar nada, porque no eran cinco policías, no eran 100, eran miles, como las hormigas estaban afuera. Miré a mi hijo y a mi nuera. No te apartes les dije, quédate aquí, pero no funcionó, igual se lo llevaron. 

Afuera de su casa los pobladores ya habían bajado a interceptar a los policías que llegaron, pero sus fuerzas eran mínimas comparadas con lo que parecía un convoy interminable de camionetas, rinocerontes, patrullas y hasta helicópteros. 

«Sitiaron la ciudad y empezaron a disparar la valla humana que se había reunido en la entrada del pueblo. Al principio pensamos que eran balas de goma, porque no se escuchaban las detonaciones, pero no, yo creo que eran disparos de francotiradores porque los impactos de los proyectiles se veían como de balas, no de bolas de goma”, asegura Teresa Prado. 

Al interior de la casa de Xóchitl, los policías habían agarrado a toda la familia, cuenta Elpidio Jiménez, su esposo. «Entraron y me gritaron que levantaran las manos. Me dijeron tírate ahí, híncate. Me dieron un chingadazo en la cabeza y solo ví cómo se llevaban a mi nuera con su bebé chiquito de un año. ¿Qué les estamos haciendo, señores policías?, Les pregunté, pero cuando vi todo, ya era muy tarde».

A los pocos momentos, sacaron a Elpidio de su casa. «Entre dos me llevaban arrastrando y pum, que de repente me sueltan un balazo y que me duele, ¡ay! grité y el que me llevaba del otro lado llevaba un palo y que me da un chingadazo ¡Cállate, perro! No grites. No sé cuántos balazos me dieron, pero todo me llenaron de balazos». Dice mientras se toca el brazo izquierdo desde el hombro hasta la muñeca, pasando por el costado y las costillas. 

Por cada policía lastimado del que tenían conocimiento, a Elpidio le soltaban un balazo, mientras lo cuenta, señala cerca de una decena de puntos en su brazo y su costado.

“Me subieron a una patrulla, y ahí me tuvieron amarrado, y ahí me dejaron, boca abajo, yo nada más escuchaba que decía uno: ‘ya mátalo al perro, ya mátalo’”. 

Elpidio solo escuchaba, sin poder ver, los sonidos de una masacre. A unos pocos metros estaba Valentín Jiménez, miembro del concejo del pueblo. En la primera línea de defensa. «Llegaron y empezaron a aventar gases. Nosotros les hicimos frente. Se formaron para hacer un escudo y nos empezaron a tirar gases y por instinto nos defendimos. con palos, machetes, piedras y lo que encontraron en el camino. Empezaron a entrar a las casas y a cruzar por los cerros. No venían al diálogo, venían a lo que hicieron». 

Desde la camioneta, Elpidio alcanzaba a escuchar el enfrentamiento. «Escuchaba que los compañeros alcanzaron a herir a ocho o a nueve, no lo sé. Ellos anunciaban, ‘ya cayó otro compañero’, ahí luego luego me daban otro chingadazo. Y ya, cuando vinieron los helicópteros, que yo creo que venían por los policías heridos, fue que me bajaron del carro».

«Yo ya no sentía nada, no sentía ni miedo ni nada. Me volvieron a llevar para adentro, caminé un poquito más para acá, y estaban tirados uno aquí, y otro acá –dice mientras señala una fila imaginaria de cuerpos tirados en el patio de su casa– y más para allá vi que estaba tirado mi hijo, y yo pensé: ‘yo creo que mi hijo ya se murió, yo creo que todos ya están muertos'». 

«Ya adentro me dijeron ‘tírate cabrón, tú también’, y que me ve uno de los policías y se me acerca y que me da un patadón y me dice: hijo de tu puta madre, yo no quiero que lastimen a ningún compañero mío, y que me da otro chingadazo. Tírate cabrón, y ahí me quedé un buen rato tirado, hasta que me echaron a una patrulla. Enseguida estaba mi hijo, y ahí fue que sentí su calor, que estaba tibio y ya vi que estaba vivo.Y de ahí nos llevaron, no sé a dónde nos llevaron». 

Para esos momentos, los policías habían llevado a Xóchitl y a su nuera a otra parte del pueblo. Desde ahí, describe la señora, el pueblo se escuchaba como una olla de palomitas de tantos disparos que habían. Las calles estaban llenas de casquillos de esquina a esquina. 

Así regresaron ella y su nuera a la casa, donde seguía la policía. «¿Ya no nos va a hacer nada?», Dice que le preguntaron. Entonces, le dijo a su nuera, «a tu esposo y a mi esposo o los mataron o se los llevaron», después empezaron a revisar el terreno de su casa y fue que encontraron al hermano de su esposo, Francisco Jiménez. 

En total ese día murieron cuatro personas, el propio Francisco, Santiago Crisanto Luna, José Carlos Jiménez Crisóstomo y Luis Gustavo Hernández Cohenete. Otras diez fueron apresadas y un sinnúmero más resultaron heridas. 

El operativo dejó traumas en la población que todavía no sanan. Hay personas que cuando ven a algún policía tiemblan de miedo. Mucha gente murió días después. Otros tantos contrajeron diabetes y varias mujeres sufrieron abortos espontáneos, cuenta Xóchitl. 

Sin reconocimiento y sin justicia

Al día de hoy, el gobierno del estado desconoce los hechos del 5 de abril de 2017. Por lo mismo tampoco han emitido los certificados de defunción de los cuatro comuneros que murieron ese día. 

«¿Qué teníamos que ver nosotros?» Se pregunta Xóchitl. «Hoy solo pedimos justicia y no sé hasta dónde abarque. Queremos que sea mucho, que sea todo». 

Ese día, asegura que estuvieron esperando a que llegaran los agentes ministeriales a hacer el levantamiento de los cuerpos, pero las autoridades no se dignaron ni a eso. 

«Qué podíamos hacer más que darles sepultura. No contamos con tecnología para conservar un cuerpo por una semana o dos meses», explica Xochitl. «Nosotros hemos llevado las demanda. Nos han atendido de una manera casi burla, discriminatoria. En la fiscalía contra la corrupción nos ha atendido un licenciado que se burlaba de nosotros diciendo que no había delito que perseguir, y nos decían que sin cuerpo, no había delito». 

Un castigo a la autonomía

Elpidio Cohenete Olivio, antiguo miembro del concejo de gobierno de Arantepacua no logra explicarse el porqué del ataque a la comunidad. Pero le queda claro que está relacionado con la vocación contestataria del pueblo. 

«Arantepacua es la región con más maestros y estudiantes del municipio. Hay una presencia política y organizativa, muchos convergen que es un punto importante. Que es un centro de resistencia y de conciencia social», asegura.

«Nosotros, con el ayuntamiento hemos tenido diferentes situaciones. Como la constante exigencia de infraestructura. El municipio cada año le daban cierta cantidad para obras, pero siempre ha sido un pleito constante por esos recursos que cada año lo iban reduciendo. Era una lucha constante, de ahí deriva», continúa. 

Para Elpidio el episodio de 5 de abril fue un mensaje para que la comunidad se calmara. «Es la lectura que hacemos de estos hechos. Es la represión finalmente que quería causar el miedo y que desistiéramos, pero solo nos fortaleció más». 

A partir de ese día, el proceso por el autogobierno del pueblo se fortaleció. E incluso el gobierno del estado le.dio un reconocimiento casi expedito. 

«Había un proceso de negociación. Eso permitió de alguna manera agilizarlo. Tal vez facilitó que el Tribunal tuviera ciertas exigencias». añade Elpidio. «La autonomía la comunidad siempre la ha tenido, desde que tengo uso de razón todo se decide por asambleas. Todo se da por consenso. No inicia este 5 de abril, desde antes de 1994 con el Consejo Nacional Indígena ya lo teníamos. La comunidad se mantiene en su propia dinámica. A nosotros no nos interesa tanto si se nos da el recurso del presupuesto o no. Lo que queremos es fortalecer la estructura comunitaria». 

El clamor por justicia

A tres años de la represión por parte de la policía de Michoacán las viudas de Arantepacua aún piden justicia. La muerte de sus esposos significó quedar en desamparo y en una condición de alta vulnerabilidad. 

«Es una fecha que nos pasó y es muy doloroso recordar eso. Nosotras quisiéramos que se hiciera justicia, pues de a la nada mataron a mi esposo, nosotros nos manteníamos con lo que él trabajaba, no se me hace hizo justo pues, que haya pagado eso, dejando a una familia sin protección, yo estoy sola. Sí quisiera que se castigara a esas personas, porque supuestamente el gobierno mandó a hacer eso, ellos deben de saber cómo mandó, a quién mandó, qué dió motivo de que entrarán de esa manera. Ellos dicen que no saben nada del operativo. No creo que a la policía se le haya ocurrido decir vamos a Arantepacua a matar, fueron todos los del estado» dice Celia Morales Maldonado. Su esposo, Francisco Jiménez Alejandre murió el 5 de abril de 2017.  

Ahora, ella como puede tiene que hacerse cargo de un nieto, a quien, como puede, saca adelante. 

«Él también dice que está traumado. A veces sueña con su abuelo, me cuenta que viene y se lo lleva volando. Éll habla mucho de su abuelo, se la pasa hablando de él. Yo a veces me siento mal porque me recuerda y es lo que más me da tristeza. A veces me salgo para no estar en la casa. Él se llevó mi alegría. Cuando salíamos, salíamos los dos y ahora que salgo y veo todas las partes a las que íbamos, me acuerdo de mi esposo.

Anita Soria Sebastián también perdió a su esposo ese día. A ella, la pena le robó la voz. «Yo me quedé así, ronca, todavía se me va la voz cuando recuerdo y cuando no puedo más, se me va la voz. Mi esposo había cumplido los 40 años, era carpintero». 

La negación del gobierno del estado ha hecho que ellas no puedan acceder a ningún recurso de apoyo. Los únicos que les han brindado algo de ayuda son los maestros de Nochixtlán, que en el segundo aniversario de la masacre asistieron a Arantepacua. Ellos mismos han impulsado el proceso de autonomía del pueblo.

«Lo único que pedimos es que se esclarezca esto, que se sepa quién firmó. Ellos tiene que tener una orden, vinieron con ese rinoceronte. Llegaron a matarlos. Vinieron a acabar con nosotros».