La eliminación al subsidio de los combustibles en Ecuador detonó la movilización social liderada por los pueblos indígenas que duró 11 días. Este domingo se anunció la derogación del decreto presidencial. Sin embargo, el conflicto evidenció también las brechas que persisten en la sociedad ecuatoriana

Texto: Gabriela Ruiz Agila

Fotos: David Díaz Arcos para Bloomberg y Washington Post / Colectivo Fluxus

QUITO, ECUADOR-. Rige el toque de queda desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana. Es la madrugada del 12 de octubre, día de la raza. A las 0:41 am, una explosión paraliza el tiempo entre la Avenida 6 de diciembre y calle Tarqui, domicilio de la Contraloría del Estado. El gobierno ecuatoriano afirma que un tanque de gas de uso doméstico fue detonado. ¿Quién lo hizo? Sucesivas explosiones se escucharon hasta las 3:00 am en distintos puntos reportados por vecinos de la ciudad en redes sociales. Temen que se suscite una “masacre en Quito”.

Ni niños, ni mujeres

La capital de los ecuatorianos lleva 11 días bajo el asedio de bombas lacrimógenas y militarización de sus calles. Las cifras del Paro Nacional en Ecuador del 3 al 11 de octubre son: 7 muertos, mil 340 heridos, mil 121 detenidos reportados por la Defensoría del Pueblo, mil 152 detenidos, 108 policías heridos según el Ministerio de Gobierno, y 115 periodistas agredidos.

El uso progresivo de la fuerza se pone en duda por los ataques a civiles. La prensa y organizaciones sociales han documentado en las calles los restos de municiones calibre 12, perdigones, bombas aturdidoras, gas lacrimógeno, gas pimienta, balas de goma de la empresa pública Santa Bárbara y de compañías privadas, armas disuasivas y no disuasivas. 

El viernes 11 de octubre, una de las tantas marchas se dirigió a la Asamblea Nacional encabezada por mujeres que cargaban a sus guaguas (niños). Sus trenzas recias y largos chongos son símbolos de belleza y longevidad.

“En un acto simbólico entregamos frutas y agua a la policía. Nos recibieron. Pude pasar la valla de la Asamblea. Nos mantuvimos ahí alrededor de una hora y media. Y antes de que se cometiera un auto atentado nos sacaron de ahí. Luego reventaron un gas lacrimógeno adentro”, relató Nayra Chalá, viceresidenta de la Ecuarunari, organización indígena.

“Se encapucharon. Las mujeres cantaban y reían con niños y abuelos. Lanzaron bombas. Un bebé gritaba por la bomba lacrimógena”, aseguró una mujer kwichua. Fue una emboscada. La versión oficial dirá que los indígenas se tomaron la Asamblea e intentaron instalar un Parlamento Popular del Pueblo para justificar la posterior represión de los manifestantes en el sector. Para defenderse, los huelguistas arrancaron los arbustos del parque, levantaron adoquines del piso. Palos y piedras contra toletazos, gases y balas. 

Los helicópteros sobrevuelan la ciudad durante horas y horas. La ciudadanía ha denunciado el uso de ambulancias para suministrar municiones a la policía, irrespetando los Convenios de Ginebra. Por eso la gente apedreó una ambulancia en reprimenda a la traición de su buena fe. La Cruz Roja debió suspender la atención y envío de personal humanitario en las unidades.

La policía lanzó gases dentro de los lugares de acogida para los manifestantes:la Maternidad Isidro Ayora, Hospital Eugenio Espejo cercanos a la Asamblea Nacional y en los predios de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Universidad Politécnica Salesiana (UPS), y Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE). Se podían ver a filas de médicos que atravesaban el parque el Arbolito, convertido en un campo de batalla, con un mandil amarrado a un palo como bandera blanca. Gritaban también los socorristas: “¡Zona de paz!” sin ser escuchados por sus agresores.  

El Ministerio del Interior aceptó la conformación de una zona sin ingreso policial para darle protección a mujeres, niños, ancianos, heridos, socorristas y voluntarios. Allí se instalaron cocinas y comedores, centros de acopio, puestos de brigadas médicas, sitios de descanso y reunión que no fueron respetados. En la UPS se afectó con ataques de gas lacrimógeno a por lo menos 3 mil personas que allí pernoctaban así como a los niños en las guarderías instaladas.  Sin duda, han sido las víctimas más inocentes de estas jornadas.

En sus redes sociales, Lenín Moreno se presenta como esposo, padre, abuelo y el presidente Constitucional de la República del Ecuador con la certeza de que el poder es un ejercicio de humildad. Mientras que la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, ideológicamente se identifica en la izquierda y se dice creyente en los derechos y las libertades.

Un Paro Nacional no sólo de indígenas

El Paro Nacional se convocó el 2 de octubre por el gremio transportista en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles. Pedían la derogación del Decreto 883 con el cual el nuevo precio de las gasolinas extra es de USD 2,39 y diésel de USD 2,30 por galón en las estaciones de servicio. Siendo el Ecuador un país que extrae y exporta petróleo, abandona la Organización de Países Exportadores de Petróleo y queda libre para actualizar mensualmente los precios de los combustibles o comprar a otros países.

El 3 de octubre, el presidente declaró estado de excepción por 60 días. De inmediato, las fuerzas de seguridad desplegaron operativos de protección de edificios administrativos y repelieron fuertemente a quienes se acercaron a la Asamblea Nacional o intentaron llegar al Palacio de gobierno. El 4 de octubre los transportistas levantaron el Paro Nacional tras un acuerdo de incremento de las tarifas por un máximo de 10 ctvs. sobre la tarifa actual de 25 ctvs.

No hay regularidad en el servicio de transporte. Continúan calles y carreteras bloqueadas. En Guayaquil se registraron saqueos a locales comerciales, en Chimborazo retuvieron a 47 militares. El levantamiento popular se intensificó y parecía incontenible. «La mayoría de ellos venían por mí», dijo el presidente Moreno. ¿Temía que lo derrocaran? En consecuencia, el 7 de octubre se trasladó la sede de gobierno de Quito a Guayaquil, puerto principal del Ecuador.

Por una década, los ecuatorianos depusieron presidentes. Abdalá Bucaram en 1995 que subió el gas de uso doméstico; Jamil Mahuad, en 2000, decretó el Feriado Bancario y dolarizó la economía; Lucio Gutiérrez, en 2005, se declaró el mejor aliado de EE.UU. La política de ajuste económico acordada por el gobierno ecuatoriano y FMI motivaron el descontento social y la movilización con una fuerte presencia de los grupos indígenas. 

Para el gobierno, las protestas son parte de un complot del ex presidente Rafael Correa y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quienes intentan darle un golpe de Estado. Lenín Moreno fue vicepresidente en el gobierno de Correa durante 6 años. Para los diversos actores sociales, el paquetazo es y sigue siendo el principal motivo: afectación en los derechos laborales de trabajadores públicos con un 20% menos de remuneración, reducción de 15 días de vacaciones, un día de su salario para el Estado, contratos temporales por maternidad y paternidad, recálculo de la jubilación patronal, la salida de 10 mil servidores públicos hasta fin de año.

En febrero de 2019, el gobierno del presidente Lenín Moreno llegó a un nuevo acuerdo con el FMI para el financiamiento por 4.200 millones de dólares. El FMI felicitó al mandatario por las reformas anunciadas que implican para el sector privado: devolución automática de tributos a exportadores, eliminación del anticipo del impuesto a la renta, reducción de aranceles para maquinaria y equipos, suprimir los impuestos a la importación de aparatos tecnológicos. En 2018, el gobierno ecuatoriano exoneró a bancos y a empresas del pago de impuestos, que alcanza el 80% de la remisión nacional y corresponde a las 50 empresas más grandes del país. La cifra asciende a USD 4600 millones que no han podido ser recaudados por el Servicio de Rentas Internas (SRI). La deuda externa de Ecuador alcanzó los USD 58.980 millones a abril de 2018.

La difusión de rumores de desabastecimiento y posibles saqueos ha generado una situación de pánico y escasez. La policía alerta de negocio en negocio en el sector de los mercados de Santa Clara y Santa María, en el centro de Quito. Y la población comparte audios y mensajes a través de redes sociales. La población reacciona yendo a los supermercados a comprar víveres. Los frigoríficos de carnes lucen vacíos. Las perchas ofertan jabones y shampoos al 2×1. ¿Quiénes ganan con las compras de pánico? Una arroba de papa en el mercado de Conocoto cuesta USD 7, y encuentras lo mismo por USD 3,33 en el supermercado.

El 8 de octubre, grupos de manifestantes irrumpieron en los edificios de la Contraloría y Poder Judicial. Ese mismo día, fue declarado toque de queda para resguardar las instituciones gubernamentales y bases militares. Se suspende la audiencia en el caso ‘Sobornos 2012-2016’ donde presuntamente se comprueba contratos a cambio de sobornos en el gobierno del ex presidente Correa.

Las fiestas de celebración de la independencia de Guayaquil del 9 de octubre se vieron agitadas por la presencia de manifestantes en las calles. La posibilidad de que los indígenas lleguen hasta las oficinas de la Gobernación del Guayas, donde se aloja el presidente Moreno, movió a las fuerzas políticas en la capital comercial del Ecuador. Un falso espíritu cívico llevó a cerrar los accesos a Guayaquil por el puente de la Unidad Nacional, con volquetas colocadas para impedir la llegada de indígenas.

En un ejercicio execrable de racismo, el líder socialcristiano Jaime Nebot y a alcaldesa de Guayaquil, llamaron a defender la ciudad. “El golpista, el saqueador, no es malo por su raza, por su ideología, por su procedencia, son malos por su actitud delictiva. Aquí los vamos a castigar. Aquí no queremos ese tipo de gente. Hay que hacernos respetar. Ya la paz que tanto se reclama es indispensable. Pero hay veces que hay que hacer la guerra para conseguir la paz”, advirtió Nebot y recomendó a los indígenas que se queden en los páramos.

El presidente Moreno regresó a Quito el 9 de octubre y desde entonces se desconoce su residencia. Recibió el apoyo de siete países y el ofrecimiento de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal para mediar en el conflicto pero no hay diálogo. Los periodistas fueron golpeados por los policías mientras cubrían las protestas y la ministra del Interior, María Paula Romo, ofreció disculpas.  

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se pronunció en contra de las reformas del gobierno y recortes de subsidio. El presidente de CONAIE, Jaime Vargas, pidió eliminar el Decreto 883 para revertir las medidas y dejar de vender las tierras ancestrales a las compañías petroleras y mineras. 

“Dicen que quieren sincerar el precio de los combustibles pero ¿por qué también no sinceran los salarios?, cuestionó el prefecto de Azuay, Yaku Pérez, líder indígena reconocido por su oposición al gobierno del ex presidente Rafael Correa y defensor del agua en la lucha antiminera.

Cada vez que el presidente Moreno llamó al diálogo en múltiples cadenas nacionales, cientos de bombas aturdidoras, gas lacrimógeno, perdigones y otros artefactos militares se emplearon por horas para disuadir a los manifestantes. Ningún proyecto de ley para reformar el Decreto 883 se ha enviado aún a la Asamblea del Ecuador. Por lo tanto, los acuerdos con los transportistas y trabajadores son virtualmente de palabra y esperan hacerse ley.

Luto y rabia 

En la cultura de los pueblos indígenas, se viaja en familia y los niños y los ancianos vienen juntos como granos de una sola mazorca. Vinieron a pie desde Cayambe caminando 65,5 km como lo hizo hace años la activista indígena Tránsito Amaguaña (1909-2009), quien junto a Dolores Cacuango (1881-1972) son los referentes del feminismo y lucha por los derechos de los trabajadores.

Mientras avanzaron por las carreteras hacia Quito, se escucharon proclamas: “Si Tránsito viviera, aquí estuviera”. Unos 20 mil indígenas intentaron llegar a la capital entre el 8 y 9 de octubre. Lo hicieron montados en la parte trasera de camiones de carga.  Los que dan de comer a las ciudades dejaron sus campos para protestar contra lo que consideran un golpe injusto.

Al 9 de octubre, el movimiento indígena era el único opositor visible en las calles. Sus ponchos y tejidos inundaron las calles. Hicieron uso del derecho a la resistencia y oposición amparados en los Artículos 98 y 111 de la constitución ecuatoriana. Denunciaron la venta anticipada de los recursos naturales como el petróleo y los minerales por parte del gobierno de Moreno y Correa.

El uso de la fuerza progresiva por parte de la policía y las fuerzas armadas les trajo luto y rabia. Se dio a conocer la muerte de dos de tres jóvenes que cayeron de un puente en el mercado de San Roque: Marco Oto de 26 años (con discapacidad del 46%) y José Chaluisa.

En Cangagua, Cayambe, 15 personas fueron heridas por el Ejército Nacional. Alex P., de 17 años, presenta golpes, y Jimmy Q., de 15,  recibió  un impacto de perdigón cerca del pulmón, por lo que fueron trasladados al hospital Eugenio Espejo. Otros heridos fueron llevados al Hospital de Calderón. En la Isla en Oyambarillo, fueron amedrentados por el Ejército y en la Comunidad indígena Shuar en Kunkuk vía Puyo lanzaron bombas lacrimógenas.

Los indígenas reaccionaron a los ataques de las fuerzas del orden declarando el Estado de Excepción en los territorios comunitarios, amparados en la Constitución ecuatoriana y l Declaración de las Naciones Unidas, y el Convenio 169 de la OIT. Por invadir su territorio comunitario, retuvieron a elementos de la policía y militares en Cotopaxi y 54 policías en Calderón.  Reacciones a tanta violencia que aún desconocemos hasta donde escale.

Las noticias de los primeros muertos conmocionaron a los indígenas que llevan ya varios días en la capital lejos de sus casas. Las mujeres de Cotopaxi lloran y toman con sus manos las largas trenzas para consolarse. Raúl Chilpe, Inocencio Tucumbi, líder indígena de Cotopaxi, José Rodrigo Chaluisa, Abelardo Vega Caizaguano y Silvia Marlene Mera Navarrete. Lo que se vivió en el Ágora de la Casa de la Cultura es una historia aparte que debe ser contada a detalle, empezando por el dolor de los indígenas, su colmena y rabia, sus razones.

A las 9:00 después de su reunión acostumbrada, se dirigieron en marcha una vez más a la Asamblea que no los escucha, que no los ha recibido, que los niega. En la calle decidieron retener a 8 policías en la Casa de la Cultura y regresaron al escenario para explicar que traerían a sus muertos para velarlos. Exigieron además a periodistas de medios locales e internacionales que transmitan en vivo sus mensajes. 

Se podía sentir aún el sabor metálico de las bombas lacrimógenas y el pavimento juntándose en la boca porque el parque del Arbolito, donde se ubica la Casa de la Cultura, no había dejado de estallar durante una semana. El pavimento está cubierto por el carbón de la ceniza. El cuerpo de Inocencio Tucumbi fue velado en las inmediaciones de la Casa de la Cultura a 113 km lejos de su natal Pujilí en Cotopaxi. Tucumbi era agricultor, jornalero y albañil, y vino con su esposa y tres hijos.  

Gustavo Tucumbi, hijo de Inocencio Tucumbi, relató: “Estábamos luchando para ingresar a la Asamblea. Eran entre las 18:00 y 19:00. Los policías nos siguieron hasta la Universidad Salesiana. Los señores de los caballos le dispararon en la cabeza y se murió mi padre. No quiero que quede en la impunidad.” Denuncia que la policía presiona para que cambie su versión y diga que su padre murió por una caída. La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, asegura que Inocencio Cumbi murió por contusión, según informes de autopsia. 

La deslegitimación de las protestas del movimiento indígena se hace a través del racismo colonial y el Ministro de Defensa desconoce la autonomía de los territorios ancestrales afirmando que solo existe un Estado y es el ecuatoriano. Las acciones ocurridas entorpecen el diálogo entre gobierno y la dirigencia indígena por falta de credibilidad.

De los 783 detenidos el 11 de octubre, 17 venezolanos fueron acusados de filtrar la inteligencia del poder ejecutivo. El gobierno denuncia infiltrados de las FARC en las marchas, y la presencia de “traficantes, narcotraficantes, correístas, y Latin Kings”. El enemigo está en todos lados. El edificio de la Contraloría ardió toda la tarde después de una incursión de los manifestantes.

La tensión de los días y las horas se acumula hasta estallar con enfrentamientos pero también exige diálogo. El gobierno y movimiento indígena acordaron reunirse a dialogar con la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

‘Día de la resistencia de la raza’

Por órdenes del presidente Moreno, el toque de queda se amplió al día completo. Nadie  puede salir de sus casas. Ya van seis días de toque de queda y 10 de bombardeo y guerra psicológica. ¿Cuánto puede costar sostener un asedio constante contra la población civil en barrios y provincias? Son las 20:00 horas del 12 de octubre, día de la resistencia de la raza. Las organizaciones de mujeres en Quito convocaron por la mañana a una marcha contra el paquetazo, y por la noche, a un cacerolazo.

Pidieron subir a las terrazas o asomarse a puertas y ventanas. Que el repique de las ollas y utensilios se haga escuchar contra la indiferencia y el miedo. Un ruido lejano en los barrios de la Ofelia, Solanda, La Tola, La Vicentina, San Blas, el Valle de Los Chillos o La Ferroviaria, comenzó  agudo hasta hacerse grave. Son los padres y madres de familia jóvenes que se deciden a salir con sus hijos en los hombros.  

Los vecinos asomaron sus rostros en la oscuridad de la noche. ¿Por qué no salir?, se preguntaban. “No queremos más muertos” susurraban unos, “¡Asesinos!” gritaban otros. Y muchos aún piden: “¡Fuera Lenín, fuera!”. Hay una furia metálica en el aire. Plomo. Llanto. La combustión del fuego. Las ollas volteadas boca abajo sin la cena para gritar. La gente sale a la calle a verse a los ojos a pesar del toque de queda. 

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