Las leyes anticorrupción en Oaxaca no sirven para castigar los delitos, ya que fueron modificadas desde el congreso, desde el origen, para dificultar la rendición de cuentas, en suma el instituto no tiene independencia operativa o financiera

Por José Luis Sarmiento Gutiérrez / Página 3

Alianza de Medios

OAXACA.- El lastre de la corrupción en los ayuntamientos del estado tiene su origen en un andamiaje jurídico deficiente, llamado Sistema Estatal Anticorrupción.

Este fue aprobado por las y los diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura local con una serie de inconsistencias que permiten a las autoridades malversar los recursos públicos, a sabiendas de que no habrá consecuencias jurídicas ni penales.

Mientras que a nivel nacional hay expedientes abiertos y altos funcionarios del pasado régimen se encuentran en la cárcel o prófugos, en la entidad oaxaqueña la corrupción se mantiene institucionalizada, autorizada.

Los organismos estatales –supuestamente– autónomos para la fiscalización, como la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), dependiente del Poder Legislativo, así como la Fiscalía Anticorrupción que depende de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO), no gozan de ninguna autonomía, ni financiera ni operativa, de ahí que trabajan como elefantes blancos.

La Fiscalía Anticorrupción detectó la malversación de recursos públicos por un monto de dos mil millones de pesos, principalmente en los ayuntamientos, como lo ha sostenido su titular Jorge Emilio Iruegas, fiscal anticorrupción de Oaxaca.

Manifestó que todos los expedientes se encuentran en la Fiscalía General sin que nadie de las o los presuntos involucrados haya sido vinculado a proceso, mucho menos castigado.

Depender financiera y operativamente de la Fiscalía General, que no ha asignado recursos necesarios para el combate a la corrupción, además de las limitaciones que hay en la Ley para su actuación, impide que este organismo pueda procurar que servidores públicos corruptos sean sancionados por el Poder Judicial en los términos que lo marca el Código Penal, mucho menos resarcir el daño patrimonial al pueblo de Oaxaca,

Además, en Oaxaca hace cuatro legislaturas, al finalizar el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, fueron modificados los Códigos Penal y el de Procedimientos Penales, para que el peculado fuera removido del catálogo de delitos graves y reclasificado como ilícito menor, invitando a las y los funcionarios públicos a cometer latrocinios en perjuicio del pueblo, con la garantía de que, en caso de ser castigados, la sanción sería mínima.

Los gobernadores Gabino Cué y Alejandro Murat no han mostrado interés de mandar una iniciativa para devolverle la gravedad al peculado y por eso no hay cambios en el modelo corrupto de hacer las cosas, instaurado desde hace décadas.

“Año de Hidalgo” en grandes municipios

Ante los escándalos de corrupción en los grandes municipios de la Zona Metropolitana: Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán, durante la gestión pasada de dos años (2017 y 2018), este periodista presentó la solicitud de información con el folio 00268019 a través de la plataforma del INFOMEX, dirigida a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la cual revisa los manejos de recursos en ayuntamientos conjuntamente con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

En la misma, solicito copias originales de los resultados de todas las auditorías y fiscalizaciones practicadas a los tres ayuntamientos en dichos años. 

La respuesta es que en 2017 se realizaron diversas revisiones contables, pero sobre el ejercicio 2016 en los tres municipios.

La respuesta firmada por Eduardo Cruz Sánchez, subsecretario de Auditoría y Supervisión en Obra, dice textualmente:

“Le informo que en el año 2018 no se localizó registro alguno de auditorías que se hayan practicado a dichas municipalidades”.

Por lo que los cabildos encabezados por José Antonio Hernández Fraguas en la capital, Raúl Cruz en Santa Lucía del Camino y Alejandro López Jarquín en Xoxocotlán, tuvieron manos libres para el llamado “Año de Hidalgo”, en este caso doble, porque no fueron revisados en 2017 ni 2018.

OSFE, vicios de origen

La legislatura anterior también dejó una serie de vicios en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 21 de septiembre de 2017.

Se impuso a quien fuera secretario de Finanzas en el gobierno de José Murat, Guillermo Megchún Velázquez, como titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual se ha declarado incapaz de fiscalizar a todos los municipios (por lo menos a los grandes), por falta de personal y recursos.

Peor aún es lo establecido en el artículo 82 del citado ordenamiento, referente a las atribuciones del titular del OSFE.

El capítulo cuarto faculta al servidor público para que de manera unilateral y sin criterios transparentes, apruebe el Programa Anual de Auditorías, es decir, que él mismo escoja qué municipios serán revisados fiscalmente por los auditores, mientras que las y los ciudadanos y diputados, permanecen como simples espectadores ante posibles componendas o persecuciones financieras contra presidentes municipales “incómodos” al régimen.

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