Luego de doce años de persecución contra la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, la Fiscalía de Oaxaca reconoció la improcedencia de las órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio. La decisión debilita las acusaciones sostenidas durante años y la narrativa de criminalización y desinformación contra quienes defienden su territorio y autonomía.

Texto y fotos: Camilo Ocampo

Ciudad de México.- Después de doce años de persecución judicial, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca reconoció que son improcedentes las órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio contra defensoras y defensores de Eloxochitlán de Flores Magón. La institución, que durante más de una década sostuvo las acusaciones, informó que solicitará su cancelación ante el juzgado de Huautla de Jiménez.

Para las familias mazatecas, este reconocimiento representa un nuevo golpe a la narrativa que se construyó contra su comunidad y que ha servido para mantener a decenas de personas bajo procesos penales, en prisión o en el exilio.

La decisión ocurrió el 11 de noviembre, durante una reunión entre familiares de las personas desplazadas, integrantes de la colectiva Mazatecas por la Libertad y representantes del Instituto Federal de Defensoría Pública con funcionarios de la Fiscalía.

En ese encuentro, la institución aceptó que las nuevas evidencias incorporadas a los procesos penales hacen improcedentes las órdenes por tentativa de feminicidio contra la diputada morenista Elisa Zepeda Lagunas y anunció que entre el 20 y el 23 de noviembre realizará los trámites para solicitar su cancelación.

Aunque la determinación todavía debe formalizarse ante el juzgado, el reconocimiento tiene una dimensión política y jurídica: la propia institución que sostuvo las acusaciones durante años ahora admite que una de ellas no debe continuar. Poco a poco, la narrativa que se construyó para presentar a integrantes de la comunidad como responsables de graves delitos comienza a caer por su propio peso.

El caso tiene su origen en una disputa por el territorio y la autonomía comunitaria. Desde 2011, más de 50 familias mazatecas denunciaron la extracción de materiales pétreos del río Xangá Ndá Ge, una actividad que consideraban una amenaza para su territorio. A partir de entonces comenzó un proceso de resistencia frente a los intereses de un grupo caciquil que, de acuerdo con las denuncias de la comunidad, ha mantenido el control político y económico de la localidad.

La confrontación escaló el 14 de diciembre de 2014, cuando una balacera durante una asamblea comunitaria dejó seis personas heridas. Los hechos quedaron asentados en una averiguación previa de la entonces Procuraduría General de Justicia de Oaxaca que, según las familias, nunca fue consignada ante un juez. Sin embargo, después de aquel episodio comenzaron a abrirse procesos penales contra representantes comunitarios y personas defensoras del territorio.

La actual diputada local Elisa Zepeda Lagunas señaló a 34 personas por tentativa de homicidio en su contra y por el homicidio de su hermano, Manuel Zepeda Lagunas. Entre las personas acusadas había seis mujeres. También se iniciaron otras acusaciones, que derivaron en órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto y en una persecución que alcanzó a decenas de integrantes del pueblo mazateco.

A la vía judicial se sumó una campaña de desinformación y desprestigio. La versión que presentaba a los integrantes de la comunidad como agresores fue reproducida en distintos espacios mediáticos, mientras se desplazaba del debate público el origen del conflicto: la defensa del territorio, el río y la autonomía de Eloxochitlán.

 Las acusaciones también fueron utilizadas para construir una narrativa de victimización que otorgó legitimidad política a quienes señalaban a los defensores mazatecos, mientras sus familias enfrentaban encarcelamientos, desplazamiento y separación.

Durante estos doce años, las personas acusadas y sus familias han sostenido una defensa jurídica que ha conseguido diversas resoluciones favorables. Entre ellas, más de 25 amparos y resoluciones que cuestionaron la probable responsabilidad de las personas señaladas, así como la veracidad y consistencia de los testimonios utilizados para sostener las acusaciones.

Sin embargo, las resoluciones no consiguieron detener la persecución: las órdenes de aprehensión fueron reiteradas y varias personas continuaron sin poder regresar a sus hogares.

Uno de los avances más importantes ocurrió en febrero de 2026, cuando una resolución judicial federal determinó que el delito de tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda no existió y cuestionó la credibilidad de los testimonios que habían sostenido la acusación.

Ahora, la Fiscalía reconoce la improcedencia de las órdenes de captura por ese mismo delito. Se trata de un avance que debilita todavía más la versión que durante años se utilizó para criminalizar a la comunidad.

De las 34 personas acusadas en estos procesos, 24 han obtenido su libertad. Sin embargo, las consecuencias de la persecución permanecen: hay familias desplazadas, personas que no pueden regresar a su comunidad y una incertidumbre jurídica que ha marcado la vida de varias generaciones.

Para Mazatecas por la Libertad, el reconocimiento de la Fiscalía no significa que la persecución haya terminado. La colectiva exige que el mismo criterio se aplique a las órdenes por el homicidio de Manuel Zepeda Lagunas, pues ambas acusaciones se sustentaron en los mismos elementos probatorios. También demanda que el Poder Judicial actúe con independencia y que se garantice el retorno seguro de las familias.