Claudia Sheinbaum rindió su Segundo Informe con avances en agua, energía y biodiversidad, pero omitió referirse a instituciones clave como y a compromisos internacionales. Mientras tanto, el sector ambiental discute la necesidad de una nueva ley marco que sustituya a la que está vigente desde 1988

Por Gustavo Alanís Ortega

El pasado martes 1 de septiembre, la presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pronunció su mensaje con ocasión del Segundo Informe de gobierno relativo al estado que guarda la nación.  Dentro de los temas abordados hay un rubro relativo al medio ambiente y la sostenibilidad en el cual se tratan algunos aspectos relacionados con el derecho humano al agua, el saneamiento de cuencas y ríos, la modernización hidroagrícola, la preservación del maíz nativo y biodiversidad, la protección territorial y el monitoreo climático.

Otro de los temas abordados tiene que ver con la energía y la soberanía energética, en donde se destaca haber recuperado a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas y se resalta lo relacionado con la justicia energética.  Por otro lado, se aborda lo relativo a derechos humanos y comunidad, haciendo énfasis en los pueblos indígenas y afromexicanos.  Otro rubro que se menciona está relacionado con la infraestructura nacional, incluyendo dentro de esto a la infraestructura hídrica.

¿Realmente esto es todo lo que tiene que informar la presidenta en materia ambiental? ¿Por qué no hablar de lo que está haciendo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para atender lo relativo a la justicia ambiental? ¿Por qué no referir los logros, en caso de que los haya, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para revertir la deforestación galopante y creciente en nuestro país? ¿Por qué no destacar lo que está haciendo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para proteger el patrimonio natural? ¿Por qué no comentar sobre las acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Por qué no mencionar los avances de México para cumplir con acuerdos ambientales internacionales de los que somos parte, como es el caso del Convenio de Biodiversidad y el Acuerdo de Escazú?

De manera simultánea a la presentación del Segundo Informe de labores, resurgió la discusión dentro del sector, con relación a la nueva ley ambiental federal, la cual es, sin duda, oportuna y necesaria en función de que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) data de 1988; es decir, de hace 38 años. Esta normatividad debe, sin duda, adecuarse a la realidad nacional y global actual, en un contexto en el que nuestro país ha suscrito un gran número de acuerdos ambientales internacionales.

Dentro de las cosas que debe considerar el nuevo marco jurídico ambiental está lo relativo a la armonía que debe existir con otras leyes relacionadas en algún sentido con la LGEEPA, como es el caso, entre otras, de la Ley de Vida Silvestre, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Aguas, la Ley de Residuos, la Ley Forestal, la Ley de Economía Circular y la Ley General de Cambio climático. También, la nueva ley debe actualizarse de forma que brinde garantías para que los espacios relativos al acceso a la justicia ambiental, a la información ambiental y lo que tiene que ver con la participación del público en la toma de las decisiones ambientales sean reforzados. Igualmente, debe de apuntalarse lo relativo al cuidado y protección de las personas defensoras del patrimonio natural, la tierra y el territorio, quienes han sido abandonados a su suerte por el Estado mexicano. Se debe de buscar la máxima protección de los derechos humanos ambientales.

Igualmente, habrá de mejorarse y fortalecerse lo relativo a la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) de las obras y actividades que se pretender llevar a cabo en el país, evitando, entre otros aspectos, la fragmentación de los proyectos para propósitos del impacto ambiental que pueden generar. También, se debe asegurar la introducción de la Evaluación del Impacto Ambiental Estratégico, como una evaluación paralela y complementaria a la EIA, puesto que no son excluyentes.  Se debe de fortalecer también lo relativo al combate al cambio climático y el cuidado de la biodiversidad, asegurando que la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas vaya acompañada de los recursos financieros necesarios para su debido cuidado.  México debe de contar con una Profepa robusta y bien financiada que facilite el acceso a la justicia ambiental y atienda oportuna y adecuadamente las denuncias populares que en materia ambiental le presenta la ciudadanía.

Además de lo anterior, debe de darse, sin prisa alguna, un proceso de Parlamento Abierto, amplio, plural e informado por parte del Congreso en el que se escuchen y recojan las sugerencias y recomendaciones de ajuste, mejora y fortalecimiento de la LGEEPA por parte de los distintos sectores de la sociedad interesados.  De lo que se trata es que, al final del día, se dé una construcción colectiva de lo que será el nuevo marco jurídico ambiental nacional, puesto que eso daría al nuevo instrumento mucha fuerza, credibilidad y legitimidad.

¿Por qué es importante la LGEEPA? La respuesta es simple, estamos hablando de una ley a través de la cual se busca, entre otros aspectos, garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano, cuidar y proteger los ecosistemas y la biodiversidad, implementar el ordenamiento ecológico del territorio como un instrumento de política ambiental, prevenir la contaminación, prevenir daños vía la Evaluación del Impacto Ambiental, asegurar el involucramiento de la sociedad en la solución de los problemas ambientales, llevar a cabo la inspección y vigilancia en la materia, imponer sanciones y recibir denuncias ciudadanas.

Así las cosas, estamos ante la oportunidad de contar con una nueva ley ambiental federal que sea eficaz y eficiente, asegurando en todo momento la progresividad y la no regresión en materia ambiental.  De lo que se trata es de cuidar aquello de lo que todos, sin excepción, dependemos: la naturaleza. ¿Seremos capaces de buscar consensos en algo que a todos nos debe de importar? Hagámoslo para proteger el patrimonio natural de nuestro país y asegurar que se respete nuestro derecho constitucional a un medio ambiente sano.