Tras un mes del despido de Samantha Fouilloux, secretaria general de la Asociación Sindical de Trabajadores Educativos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y en la espera por obtener su registro y toma de nota, ahora cesan de sus actividades al secretario de Finanzas, Javier Gámez. El sindicato denuncia persecución y acoso a los miembros de la organización

Texto: Samara Quinart

Foto: Presidencia / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – En medio de las denuncias por acoso y persecución sindical hacia las autoridades de la Universidad Rosario Castellanos, ahora despiden a Javier Gámez, secretario de Finanzas de la Asociación Sindical Única de Trabajadores Educativos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (ASUTEUNRC).

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La comunicación de su despido y cese de actividades se da un mes después de que despidieran a la secretaria general sindical, Samantha Fouilloux, lo que pone de nueva cuenta bajo la lupa las condiciones que tienen los trabajadores para poder ejercer su derecho a la organización.

«No le vamos a dar nada»

El pasado martes 18 de agosto del presente año citaron al profesor Javier Gámez, vía correo electrónico, para asignar las materias del semestre 2026-2, próximo a comenzar. Javier comenta que normalmente los citan en un salón y les van asignando las materias de cada semestre: «Yo llego, he de haber sido el quinto o sexto en la lista, pero pues ahí salen y llaman a los profes, y yo estoy espere y espere y no me llamaban; también se me hizo raro eso, y ya, me dejaron para el final… Al final dicen mi nombre y ya me pasaron a uno de estos módulos, es como una oficina».

La comunicación por parte de las autoridades administrativas de la universidad repite el mismo patrón de engaños y falta de ética que hicieron con el despido de Samantha, comenta Javier. Lo citan para asignarle sus materias y le terminan comunicando de manera verbal que este semestre no contaría con asignación porque daban por concluida su relación laboral, notificándole en ese momento el cese de sus actividades.

«Lo citamos para darle su asignación, pero no le vamos a dar nada; le vamos a explicar que en este momento está cesado de su nombramiento. Entonces yo les pregunto: “¿Qué significa eso?”. Me dicen: “No, pues que ya no pertenece a la universidad, su nombramiento como profesor de tiempo completo indeterminado ya no va a existir”», relata Javier Gámez, secretario de Finanzas.

A falta de un documento por escrito, lo único que le lograron comunicar es que se debía a faltas administrativas, por una evaluación de los últimos semestres y por no entregar un formato de compatibilidad de horario. El oficio fue negado, lo que recurre en una práctica fuera de la ley: tanto en el apartado A como en el apartado B del artículo 123 de la Constitución mexicana, los ceses o despidos deben entregarse por escrito o mediante actas administrativas, lo que en este caso no ocurrió.

Las razones que le dicen a Javier para el cese de sus actividades, menciona, son contradictorias con los propios dichos de la autoridad, pues durante los últimos dos semestres se realizaron evaluaciones donde la dinámica es que la autoridad hace una intervención en el salón de clase, expone Javier Gámez:

«Este último año crearon una nueva forma de evaluación, que es una intervención en el grupo, en el salón, cuando tú estás dando clase, y pues no nos entregaron nada porque dijeron que no era punitiva; nosotros pedimos que nos dieran un dictamen, incluso pedimos que nos dijeran cuál era su metodología, pero no nos dieron nada; la subdirectora de Evaluación nos dijo que la evaluación no era punitiva; a mí me dijo, al final de la clase que di, que no era punitiva, que no tenía nada que ver con la cuestión laboral».

Ahora le comentan a Javier que su evaluación salió baja: 8.6 de 10 posibles. Por otro lado, su falta administrativa se debió principalmente a que no entregó el formato de compatibilidad de horario; no obstante, este semestre Javier no tiene materias en otra institución, por lo que no podría entregar un formato de compatibilidad. Este formato se debe entregar para comprobar que no hay traslapes en horarios, conflicto de interés y control de percepciones sobre la ley.

«Yo no tengo ninguna plaza, yo tengo un tiempo completo indeterminado en la Rosario Castellanos, pero en la UNAM solo es una materia; además, en la UNAM yo doy una materia que es par, yo terminé en junio y se acaba mi relación laboral con la UNAM hasta el siguiente semestre, en febrero de 2027, y yo tendría que hacer nuevamente un contrato», comenta Javier Gámez.

Represión sindical en la Universidad Rosario Castellanos

Los despidos no se quedan solo en los casos de Samantha Fouilloux y Javier Gámez, principales dirigentes de la asociación sindical. En febrero de 2026 fueron cesados de sus actividades dos profesores de la Unidad Académica Comitán de la Universidad Rosario Castellanos; los docentes ocupaban cargos de delegados en esa unidad académica y durante sus actividades como parte del sindicato, denuncia Javier que también vivieron una serie de tropelías hasta que las autoridades decidieron darles un oficio donde concluían su relación laboral. Actualmente se encuentran en demanda por su reinstalación.

«Después de la afiliación y de la elección de los representantes frente al comité, la autoridad tuvo mucha injerencia contra ellos; lo mismo que pasó acá: los empezaron a ver mal, los empezaron a amedrentar, hasta solicitar que cuando entraban a reuniones con la jefa de la unidad les quitaran los teléfonos, hasta una serie de atropellos que no se pueden hacer», expone Javier Gámez, secretario de Finanzas de la ASUTEUNRC.

Mientras la autoridad niega represiones y persecuciones a los miembros del sindicato, las acciones denunciadas por parte de los dirigentes sindicales demuestran otra realidad: desde negarles los espacios para realizar actividades educativas, como conferencias por el 8M, hasta vivir acoso con pases de lista durante sus clases y terminar con el cese de sus actividades, son algunas de las cosas por las que han tenido que vivir los trabajadores de la Universidad Rosario Castellanos que buscan conformar su sindicato.

De nueva cuenta denuncian la falta de diálogo por parte de la rectoría y expone Javier que «dentro del gobierno actual ven muy mal el proceso de democratización»; no obstante, seguirá firme con la defensa del proyecto educativo y la lucha por un trabajo digno.