Organizaciones civiles alertan sobre los riesgos de la nueva Ley General contra el Feminicidio y el Programa Integral 2026-2030. A través del análisis «¿Prevenir o sancionar?», México Unido Contra la Delincuencia, Balance A. C. y Equis Justicia para las Mujeres advierten que ambas políticas apuestan por un enfoque punitivo y carecen de presupuesto. Señalan que esto podría invisibilizar identidades, revictimizar a las sobrevivientes y criminalizar la legítima defensa ante la falta de perspectiva de género en las fiscalías

Texto: Andrea Amaya

Foto: Galo Cañas / Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.— Organizaciones de la sociedad civil han emitido una postura crítica frente a la estrategia del Gobierno Federal para combatir la violencia de género en el país. A través del análisis “¿Prevenir o sancionar?”, las colectivas México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Balance A. C. y Equis Justicia para las Mujeres advierten que la nueva iniciativa de Ley General contra el Feminicidio —presentada este 2026— apuesta por un enfoque punitivo y carece de presupuesto, lo que, a su consideración, amenaza con revictimizar y criminalizar a las mujeres en lugar de garantizarles acceso a la justicia.

El análisis evalúa dos piezas clave de la política pública de la actual administración: la Iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030 (PIPASEVM). Si bien las organizaciones reconocen que ambos instrumentos colocan la emergencia feminicida en la agenda pública, sostienen que, sin un fortalecimiento institucional real, las propuestas resultarán insuficientes.

Entre la exclusión y la falta de presupuesto

En entrevista para Pie de Página, Ximena Cruz Domínguez, analista jurídica de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), expone las deficiencias normativas y operativas que, desde la perspectiva de las organizaciones, hacen de este proyecto una propuesta riesgosa. La especialista puntualiza que las propuestas contienen fallas de origen que comprometen la seguridad jurídica de las mujeres. Sobre esto, advierte que la iniciativa presenta algunos problemas normativos que, en la práctica, podrían resultar en la revictimización de las víctimas de feminicidio o incluso en su criminalización.

El primer eje de esta preocupación se centra en la definición legal de «mujer» basada en la autoadscripción identitaria. La analista señala que una redacción ambigua en este rubro genera vacíos legales que pueden ser utilizados para restringir derechos humanos en el futuro, especialmente ante cambios en la administración pública. Cruz Domínguez manifiesta que este criterio abre la puerta a que posteriormente, en el caso de que haya una alternancia de gobierno, se pueda reformar esa definición para adquirir un carácter más conservador, biologista, estricto e incluso muchísimo más discriminatorio. Ante esto, la omisión del término transfeminicidio dentro del proyecto de ley representa un sesgo de exclusión para las identidades de género no normativas, pues asegura que, al no nombrar de manera explícita estas realidades, el Estado invisibiliza la vulnerabilidad de este sector.

El segundo problema normativo se ubica en la aplicación de la legítima defensa para las mujeres sobrevivientes de feminicidio. A pesar de que la ley enuncia la presunción de esta figura, la práctica procesal actual en los ministerios públicos contradice la intención del legislador. Cruz explica que la autoridad suele clasificar de manera incorrecta las conductas de defensa como delitos de lesiones o de homicidio en grado de tentativa, señalando que “en la práctica muy rara vez se presume desde un inicio” .

Esta falta de criterio con perspectiva de género provoca que las sobrevivientes deban asumir la carga de la prueba durante el proceso penal para demostrar que defendían su vida. Las consecuencias de esta deficiencia institucional son el encarcelamiento preventivo y la criminalización de la víctima. La abogada detalla que, ante la falta de una perspectiva inicial, «se traslada la obligación a la víctima de probar que estaba efectivamente ejerciendo su legítima defensa; muchas veces se les reconoce esa calidad hasta la sentencia de amparo».

En tercer lugar, las organizaciones identifican lo que denominan «punición identitaria» en el artículo 18 de la iniciativa, el cual establece agravantes punitivas basadas en las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, tales como pertenecer a una comunidad indígena, ser migrante o encontrarse en situación de calle. La abogada sostiene que aumentar las penas bajo este criterio sanciona la identidad de la víctima y no el nexo causal del delito, lo cual resulta problemático cuando ambas partes comparten el mismo entorno de marginación. La abogada ejemplifica que la reforma obligaría a juzgar «en razón de su pertenencia étnica o de su condición de vulnerabilidad, con independencia de si dicho factor fue determinante o no en los hechos».

Asimismo, el análisis advierte sobre la inviabilidad operativa de la ley debido a la ausencia de suficiencia presupuestal. La iniciativa mandata a las fiscalías locales la realización de peritajes especializados de alta complejidad sin dotarlas de recursos económicos adicionales, ignorando la saturación de los servicios forenses del país. Además, la norma carece de mecanismos para asegurar que las autoridades ministeriales cumplan con estas obligaciones.

Ante esto, Ximena Cruz concluye: «a pesar de que establece actos de investigación obligatorios que deberían llevar a cabo, no contempla ningún tipo de sanción en caso de que no los ejecuten».

El Programa Integral: discurso preventivo con metas al 2045

Respecto al Programa Integral coordinado por la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), el análisis de las organizaciones destaca un avance en su propuesta para revisar el problema desde su origen, buscando que las dependencias trabajen en equipo. Al respecto, Cruz Domínguez señala que el documento admite que los espacios públicos se han vuelto inseguros, pero que solo se queda en el discurso: “En cuanto al programa para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres, la lectura que tenemos es que es un plan pensado para atender y prevenir la violencia de género, pero desde un enfoque más discursivo. Una de las cosas que más me llamó la atención del programa es que reconoce que existe un gran problema de discurso machista y misógino en espacios comunitarios o públicos (como escuelas o centros laborales) y que la violencia de género en contra de las mujeres está aumentando en esos espacios”.

No obstante, la analista detalla que el problema principal de esta propuesta son los plazos de tiempo tan largos que fijaron para dar resultados, pues varias de las tareas para capacitar al personal de justicia y abrir oficinas especiales se pensaron para un futuro muy lejano:

“El programa plantea cuatro grandes objetivos: atender la violencia en espacios públicos, garantizar el acceso a servicios de atención, fortalecer los mecanismos de protección y fortalecer la coordinación interinstitucional. El gran problema de este programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres es que establece objetivos que son a muy largo plazo. Hay metas que no están pensadas para dentro de dos o tres años, sino hasta el 2045. Entonces, esos objetivos terminan quedando a la voluntad política del siguiente gobierno que entre en función”.

La experta disiente sobre que la meta principal del gobierno sea únicamente aumentar el número de personas encarceladas. Las organizaciones recuerdan que esta forma de trabajar se enfoca en castigar el delito cuando la agresión ya ocurrió, en lugar de medir si se están salvando vidas:

«El endurecimiento de penas y de sanciones penales no es la mejor manera de atender la crisis de violencia de género y feminicidio, porque el sistema penal es el último eslabón en toda la cadena de violencia. Para llegar a una sentencia por feminicidio antes tienen que pasar muchísimas cosas, y es en ese proceso anterior en el que realmente deberíamos estar enfocando nuestros esfuerzos”, advierte Ximena Cruz.

El Registro de Orfandad: un reto de seguridad de datos

Ambas propuestas coinciden en la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio. Cruz Domínguez informó que la idea es juntar datos personales confidenciales de los menores de edad para tener estadísticas claras y brindarles apoyo. Sin embargo, expone que los documentos actuales no definen la forma en que van a colaborar las distintas oficinas de gobierno: «Ni en la iniciativa ni en el programa de prevención queda claro cómo funcionará operativamente el registro, ni cómo se llevará a cabo la coordinación institucional que se requiere entre instituciones como el DIF, la FGR o las autoridades estatales”.

Además, asegura que existe un riesgo importante de que esta información digital sea robada, ya que no se asignó dinero para proteger los sistemas de cómputo: «a pesar de que manejará información altamente sensible de grupos vulnerables, no se especifica cómo se protegerá, sabiendo que una filtración o hackeo pondría en riesgo a los menores de edad».

El llamado de las organizaciones

Ante la incertidumbre de si la propuesta sigue en revisión en el Senado, la analista expone que para las organizaciones era de suma importancia publicar esta evaluación a tiempo para revisar las intenciones reales del Gobierno Federal y proponer cambios antes de que se apruebe de forma definitiva.

La petición que las expertas hacen al Congreso de la Unión y al Ejecutivo es dejar de pensar únicamente en aumentar los castigos y armar reuniones de trabajo con distintos especialistas. Para evitar que las nuevas reglas afecten el acceso real a la justicia, Cruz Domínguez concluye que una solución sería realizar un diagnóstico completo de la situación de violencia de género en contra de las mujeres, basado en datos actuales y reales. Asimismo, la especialista insiste en que, para que las leyes funcionen en la vida diaria, es obligatorio escuchar a los familiares de víctimas de feminicidio y a personas expertas en la materia para entender qué propuestas sirven y cuáles no dentro de los ministerios públicos y juzgados del país.