Acusan a funcionaria de Zacatecas de filtrar un aval falso para imponer la presa Milpillas
28 junio, 2026
El Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco denunció que la titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Zacatecas, Susana Rodríguez Márquez, filtró a medios un supuesto aval ambiental para la presa Milpillas que la SEMARNAT no ha publicado oficialmente. La organización acusó a la funcionaria de simular avances y presionar a los ejidos para imponer un megaproyecto que, según datos oficiales, desviaría el 92 por ciento del río Atenco sin resolver la crisis hídrica estatal
Texto: Alejandro Ruiz
Foto: Adolfo Vladimir / Archivo Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO. – En un nuevo capítulo del conflicto de la presa Milpillas en Zacatecas, la titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente de ese estado (SAMA), Susana Rodríguez Márquez, fue denunciada penal y políticamente por el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, tras revelarse que dio a conocer un supuesto aval ambiental de la Federación para el megaproyecto sin que exista una publicación oficial en la Gaceta Ecológica.
La denuncia, hecha pública la noche del 26 de junio por el Movimiento a través de un comunicado, exhibe una estrategia de desgaste que, según los ejidatarios, ha pasado de las amenazas físicas y la criminalización a la fabricación mediática de autorizaciones inexistentes.
El origen de la controversia
La controversia se originó cuando el diario El Sol de Zacatecas presentó como «primicia» la luz verde ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La respuesta del movimiento campesino fue inmediata: identificaron a la funcionaria estatal como la fuente de una filtración que calificaron de «ventajista y sin sustento legal».
De acuerdo con el comunicado, Rodríguez Márquez está promocionando una determinación que la autoridad federal no ha emitido, configurando lo que los opositores describen como un acto de simulación institucional para presionar a los ejidos y fingir avances en un proyecto que técnicamente no se sostiene.
El señalamiento no es menor si se contrasta con el historial de irregularidades documentadas sobre el megaproyecto, cuyo costo se ha disparado de 3 mil 500 a 9 mil 700 millones de pesos y que no resolvería la crisis hídrica de Zacatecas.
Las cifras oficiales demuestran que los acuíferos centrales padecen un déficit de 382.9 millones de metros cúbicos anuales; la presa apenas aportaría 41 millones en el escenario más optimista. «Se necesitarían siete presas Milpillas para compensar el desequilibrio actual», concluyó entonces el investigador Darcy Tetreault. El proyecto busca desviar el 92 por ciento del caudal del río Atenco, trasladando la crisis a uno de los municipios más pobres del estado: Jiménez del Teul.
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En ese contexto, el Movimiento acusó a Susana Rodríguez de ser la «autora intelectual» de las denuncias por hostigamiento y coacción que han sufrido durante la compraventa de terrenos privados. Según el comunicado, la titular de la SAMA ha encabezado los intentos de reunirse con autoridades comunitarias bajo presión, mientras en apariciones previas minimizó la legitimidad del movimiento opositor. «Condenamos que una persona con estos señalamientos pretenda engañar a los zacatecanos y violente los derechos humanos y agrarios de los campesinos», sentenció la organización.
La simulación como política de Estado
La denuncia por la filtración se inserta en un patrón de simulación institucional que quedó evidenciado en abril de este año, cuando la SEMARNAT convocó a una Reunión Pública de los Pueblos en la cabecera municipal de Sombrerete, una localidad ajena al cauce del río que se pretende intervenir.
El Movimiento calificó aquella decisión como un acto de «discriminación» que vulnera los compromisos adquiridos por México en el Acuerdo de Escazú, al imponer barreras logísticas y de seguridad a las comunidades directamente afectadas. En respuesta, los ejidatarios realizaron su propia asamblea legítima en Jiménez del Teul, donde fluye el Atenco, sin la presencia de la SAMA ni de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
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Durante aquella reunión, los campesinos refutaron el argumento oficial de que el agua del río se «desperdicia».
«Es una mentira. El río Atenco por años ha regado nuestras milpas, el frijol, la calabaza, los guayabos y los naranjos. Ha dado de beber al venado, al jabalí y al pájaro carpintero», expresaron los asistentes. La narrativa gubernamental también fue desmontada con datos duros: los académicos presentes demostraron que el déficit de la zona conurbada asciende a 265 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la presa, en cálculos más precisos, apenas aportaría 28 millones. «Ahí hay muchas incongruencias de CONAGUA y la SAMA. Por eso no vinieron a esta reunión, porque no quieren que les restrieguen la verdad en la cara», denunció un habitante en entrevista con Pie de Página.
Aunado a esto, contrario al discurso de «agua para el pueblo», la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto señala explícitamente que el agua se destinaría a «actividades industriales y productivas». De acuerdo con datos sistematizados por este medio, la presa liberaría presión sobre el acuífero Calera, garantizando a Grupo Modelo acceso exclusivo al agua de mejor calidad, mientras el suministro urbano dependería del bombeo de líquido a casi medio kilómetro de altura, con un gasto energético que la propia MIA omite calcular. El sector minero, responsable de que Zacatecas sea uno de los tres estados con mayor extracción de agua para esta industria, también figura como beneficiario indirecto de una obra que profundiza la injusticia hídrica.
Una década de resistencia y represión
La embestida actual de la SAMA se suma a un historial de violencia institucional que el Movimiento ha padecido por diez años. Durante las asambleas ejidales de 2018, la Policía Estatal instaló cercas metálicas para impedir el acceso de ejidatarios; mujeres fueron sacadas a empujones y al menos cinco campesinos vieron negado su derecho al voto.
La estrategia de criminalización incluyó acusaciones falsas en medios locales por robo y secuestro, mientras el entonces gobernador Alejandro Tello señalaba públicamente a académicos y defensores de representar «intereses ocultos». Las represalias escalaron hasta la suspensión de programas sociales y la negación de servicios de ambulancia para enfermos graves como castigo por la oposición al proyecto.
Bajo la actual administración, el hostigamiento ha adquirido nuevas formas. El Movimiento denuncia que se condicionan apoyos sociales, se difama a líderes comunitarios y se niega empleo a simpatizantes, llegando a la amenaza de expropiación si los ejidatarios se niegan a ceder.
Por su parte, el actual gobernador, David Monreal, quien en campaña firmó un compromiso de no reactivar la presa, revivió el proyecto al asumir el cargo y recientemente declaró en un medio local su tristeza porque «politiquerías y gente extraña al estado» se oponen a lo que él considera «el proyecto más noble de la humanidad». Ante esto, los campesinos respondieron con dureza: «No somos gente extraña; somos habitantes que hemos sacado de nuestro territorio a funcionarios y actores políticos oportunistas».
La alternativa que el gobierno ignora
Frente a la imposición del megaproyecto, las comunidades han desarrollado colectivamente una propuesta técnica que prioriza la reducción de la demanda y la eficiencia sobre la lógica extractivista. El plan incluye el monitoreo riguroso de usuarios de agua subterránea, tarifas escalonadas, reconversión a cultivos sostenibles y la reparación de fugas en la red municipal, que actualmente pierde al menos el 40 por ciento del líquido.
Esta alternativa, que encarna una nueva cultura hídrica subordinada al bien común, ha sido sistemáticamente ignorada por las autoridades, quienes insisten en una obra que, según los datos oficiales, requeriría hasta trece presas Milpillas para cubrir el déficit real de agua en Zacatecas.
Ante este panorama, el Movimiento lanzó un ultimátum de tres exigencias: que la SEMARNAT se pronuncie oficialmente sobre el estatus real de la MIA; el cese inmediato de todo acto de hostigamiento; y el respeto irrestricto a la decisión de las asambleas ejidales que, bajo sus sistemas normativos de usos y costumbres, han dicho «no a la presa Milpillas» de manera reiterada durante una década. «Aquí no hay, y no habrá, permiso para la muerte», sentenciaron.
Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.
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