16 mayo, 2026

Con una inversión de mil millones de dólares, la empresa construye un parque acuático de 107 hectáreas que recibirá 21 mil visitantes diarios, en un poblado de 2 mil 600 habitantes. La obra avanza con cambios de uso de suelo exprés y sin una Manifestación de Impacto Ambiental definitiva
Texto: Jazmín Guerrero
Foto: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO.— El Primer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito desechó por unanimidad la demanda de amparo que mantenía frenado el megaproyecto turístico Perfect Day, de Royal Caribbean, en el poblado de Mahahual, Quintana Roo. La decisión, emitida a principios de mayo de 2026, elimina la suspensión judicial que impedía avanzar los trámites y permisos de la obra. Los magistrados argumentaron que la organización demandante no acreditó interés legítimo porque su sede legal no se encuentra en la comunidad.
El fallo también señaló que la demanda fue presentada fuera de plazo. Los argumentos de fondo —la destrucción de manglares y el impacto al Arrecife Maya, el segundo sistema coralino más grande del mundo— no fueron analizados. El criterio coincide con el aplicado por el mismo tribunal en Bacalar, donde revocó suspensiones ambientales similares.
El proyecto contempla más de treinta toboganes, seis albercas, tres playas artificiales, doce restaurantes y veinticuatro bares. El objetivo es replicar el modelo del parque privado CocoCay, en las Bahamas.
El complejo está diseñado para recibir veintiún mil visitantes diarios. Mahahual tiene dos mil 600 habitantes. El poblado carece de suministro regular de agua potable, sufre apagones constantes y no cuenta con sistema de drenaje ni tratamiento de aguas residuales. Tampoco dispone de un relleno sanitario adecuado.
La abogada de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) —que interpuso el amparo— reveló que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedatus) modificaron el Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual en menos de tres semanas para cambiar el uso de suelo. La aprobación del cabildo municipal se realizó de noche, sin consulta pública.
En enero de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente diecisiete mil metros cuadrados del proyecto por relleno y compactación ilegal de caminos en zonas de manglar sin autorización.
Menos de un año después de dejar su cargo como director del Instituto de Desarrollo y Financiamiento de Quintana Roo (IDEFIN), Ari Adler Brotman fue nombrado presidente de Royal Caribbean México. Desde esa posición gestiona directamente el proyecto.
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Greenpeace México entregó un expediente de más de cien páginas a las autoridades ambientales en el que detalla las inconsistencias de la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa.
El proyecto implica la destrucción de manglar y selva baja, ecosistemas que protegen la costa contra huracanes y sirven de refugio a especies marinas. Royal Caribbean afirma que preservará cuarenta y cinco hectáreas de vegetación. Los antecedentes en la zona contradicen esa versión.
Filiberto Varela, ingeniero ambiental y activista, sostiene que las medidas de mitigación carecen de sustento técnico: «No vale lo mismo un árbol de hace cien años a un árbol recién plantado». Sobre la empresa, señala: «Hablamos de un proyecto que aun cuando los clausuraron la primera o segunda vez, continúan sus proyectos de manera ilegal».
La promesa de empleo ha fracturado a la población. Un sector, vinculado al comercio y los servicios del muelle Costa Maya, respalda el proyecto por temor a que la naviera desvíe sus cruceros a otros destinos. Otro grupo, conformado por prestadores independientes y habitantes de la periferia, lo rechaza.
El parque está diseñado para que el turista consuma dentro de sus instalaciones. El beneficio para los comercios locales será limitado.
«Muchos de los proyectos están destinados hacia el turismo. Yo creo que nos hace falta entender que muchas de las regiones de México existen gracias a la naturaleza, no al turismo», afirma Varela.
Con la suspensión judicial revocada, la decisión queda en manos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que debe otorgar o negar la Manifestación de Impacto Ambiental definitiva.
El proyecto fue presentado a finales de 2024 como ejemplo de la confianza de la inversión internacional en México, vinculado al desarrollo del Tren Maya. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró en mayo de 2026 que «lo más importante en la Manifestación de Impacto Ambiental es conservar el arrecife que hay en esa zona. No puede haber un proyecto que dañe el arrecife». Royal Caribbean respondió que coincide con esa postura y confía en que Semarnat actúe con «rigor técnico». Las organizaciones civiles señalan que, en los hechos, los trabajos no se han detenido y exigen que las declaraciones presidenciales se traduzcan en una negativa de la autorización ambiental.
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