El Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre México y Estados Unidos llegó con promesas de integración y competitividad. Pero para comunidades como Carrizalillo (Guerrero), El Bajío (Sonora) o las del Río Atenco (Zacatecas), el discurso oficial choca contra una realidad de una década: empresas que incumplen la ley, autoridades que no ejecutan sentencias y territorios que resisten ser la zona de sacrificio de la transición energética
Texto: Jade Guerrero
Foto: José Ignacio De Alba / Archivo Pie de Página
CIUDAD DE MÉXICO. – Los gobiernos de México y Estados Unidos lanzaron un Plan de Acción sobre Minerales Críticos para garantizar el suministro de insumos estratégicos para la tecnología, las energías limpias y la seguridad nacional. La iniciativa bilateral, anunciada el 4 de febrero, busca coordinar políticas comerciales en un contexto de creciente disputa entre Washington y Pekín por el control de las cadenas de suministro globales.
China concentra una parte significativa de la producción y, sobre todo, del procesamiento mundial de minerales como tierras raras, grafito y otros insumos clave para baterías, semiconductores y componentes electrónicos. En ese escenario, Estados Unidos ha impulsado una política de reconfiguración de sus cadenas de suministro para reducir su dependencia del mercado chino mediante alianzas con socios regionales. El acuerdo con México se inscribe en esa estrategia.
Para México, el plan se presenta como un mecanismo para fortalecer la integración económica regional en el marco del T-MEC, cuya revisión está prevista para 2026. Sin embargo, también coloca al país dentro de una dinámica geopolítica más amplia, en la que las decisiones comerciales están atravesadas por tensiones entre las dos principales potencias económicas.
¿Qué son los minerales críticos y cuáles produce México?
Los llamados minerales críticos son materias primas esenciales para el desarrollo tecnológico y energético, cuya disponibilidad puede verse comprometida por factores geopolíticos, concentración de la producción o vulnerabilidades en las cadenas de suministro.
México cuenta con producción relevante de varios de estos minerales, entre ellos:
Cobre, clave para infraestructura eléctrica y electromovilidad.
Litio, estratégico para baterías de alta capacidad.
Espato flúor, utilizado en procesos industriales.
Grafito natural, esencial para baterías y componentes electrónicos.
Tierras raras, fundamentales para imanes de alto rendimiento y tecnología avanzada.
Estados Unidos es uno de los principales destinos de la exportación minera mexicana, lo que convierte al país en un proveedor relevante dentro del esquema norteamericano.
El papel de Marcelo Ebrard y el contenido del plan
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, participó en el anuncio del plan junto con autoridades comerciales estadounidenses. De acuerdo con lo informado oficialmente, el acuerdo establece un periodo inicial de 60 días para identificar minerales prioritarios, analizar posibles mecanismos de cooperación comercial y explorar herramientas que podrían integrarse al T-MEC.
Las autoridades mexicanas han señalado que el proceso se desarrollará con respeto a la soberanía nacional y a la legislación vigente. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado un documento final con compromisos específicos en materia de extracción, inversión o metas productivas.
El acuerdo ha sido presentado como una estrategia para fortalecer la competitividad de América del Norte. No obstante, su lectura también se vincula directamente con la política estadounidense de contención económica frente a China.
En ese sentido, México podría verse involucrado en una reconfiguración de cadenas productivas orientada a reducir la presencia china en sectores clave, lo que abre preguntas sobre el margen de maniobra del país en un entorno de tensiones comerciales globales.
Dudas y posibles implicaciones internas
Además de la dimensión geopolítica, el plan ha generado cuestionamientos por la falta de detalles concretos sobre su implementación y por las posibles afectaciones a comunidades y territorios. Organizaciones civiles han señalado que el discurso oficial en torno a los minerales críticos omite sistemáticamente los conflictos socioambientales que la minería ya ha provocado en el país.
La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) manifestó su rechazo a las declaraciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, realizadas durante la XXXVI Convención Internacional de Minería 2025 en Acapulco. En dicho foro, Ebrard anunció que el gobierno federal está «muy comprometido» para que en 2026 se reanude «la exploración a mayor escala» en México, y para tomar «otras medidas para acelerar permisos que tenemos pendientes, acortar tiempos y facilitar la inversión».
De acuerdo con un comunicado emitido por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la organización señaló que estas declaraciones se montan en el argumento corporativo para justificar la expansión minera en nombre de los «minerales críticos». La REMA advierte que esta reproducción del discurso perpetúa «la apropiación corporativa de tierras y aguas, su contaminación y militarización, el desplazamiento de comunidades».
Casos como el del ejido de Carrizalillo, en Guerrero, ejemplifican las consecuencias de este modelo. Desde hace casi un año, la comunidad mantiene un campamento de resistencia fuera de las instalaciones de la minera canadiense Equinox Gold. Los ejidatarios denuncian que la empresa mantiene una postura intransigente en las mesas de diálogo, a pesar de que redujeron en 55 por ciento sus pretensiones económicas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró cinco sitios de la mina y ordenó 52 medidas correctivas, de las cuales la empresa sólo ha cumplido cinco desde octubre. Mientras tanto, la comunidad lleva diez meses sin recibir pago por el uso de sus tierras y sin poder sembrar.
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En Sonora, el ejido El Bajío lleva más de una década enfrentando a la empresa Penmont, filial de Fresnillo PLC de la familia Baillères. En 2014, un tribunal agrario emitió 67 sentencias firmes a favor de la comunidad, ordenando el desalojo de la empresa, la restitución de las tierras y la devolución de los minerales extraídos ilegalmente. Diez años después, las sentencias no se han ejecutado. La magistrada que inició el proceso de ejecución renunció en 2025 en medio de presiones. La comunidad ha documentado una «excesiva rotación de magistrados» en el tribunal, lo que a su juicio responde a una estrategia de la empresa para evadir la justicia.
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En Zacatecas, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco mantiene desde 2017 una resistencia contra la construcción de la Presa Milpillas, un megaproyecto que desviaría el 92 por ciento del caudal del río. Aunque el discurso oficial presenta la obra como solución a la crisis hídrica, documentos técnicos revelan que el agua se destinaría principalmente a actividades industriales, incluyendo la minería. La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto señala que busca favorecer «la actividad productiva de los sectores industriales, comerciales y de servicios». La comunidad ha denunciado que el proyecto trasladaría la crisis hídrica a las poblaciones más vulnerables aguas abajo, mientras beneficia a grandes corporativos.
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Para la REMA, cuando el secretario Ebrard promete «acortar tiempos» y «acelerar permisos», «lo que se está anunciando es la intención de desregulación ambiental y abrir la puerta a la desposesión de los territorios de comunidades indígenas y campesinas». Frente a esta visión, la Red reafirma «que los territorios campesinos e indígenas no son depósitos de minerales ni reservas estratégicas para la ‘seguridad de la cadena de suministro’, sino espacios de vida y futuro que se defienden».
El debate, así, no se limita a la cooperación bilateral, sino que involucra preguntas sobre la soberanía de los recursos, el desarrollo industrial y los impactos territoriales. El desenlace de estas negociaciones definirá no solo el futuro de la integración energética de Norteamérica, sino también el modelo de desarrollo y la relación de México con sus comunidades y territorios. Por ahora, el Plan de Acción se encuentra en fase de desarrollo técnico, y su alcance definitivo dependerá de los acuerdos que se concreten tras el periodo de trabajo anunciado.
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