El gobierno de Yucatán lanzó un nuevo decreto para proteger su acuífero kárstico, pero reduce su zona protegida. El decreto llega después de que Industrias como Heineken anunciaran su llegada a la entidad, y también, en un contexto donde las granjas porcícolas continuan operando con impunidad

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: Patricio Eleisegui / Archivo Pie de Página

MÉRIDA, YUCATÁN. – El acuífero de la península de Yucatán es la reserva hidrológica subterránea más importante a nivel nacional e internacional, proveyendo el principal abastecimiento de agua para la población y actividades productivas. Sin embargo, su naturaleza kárstica lo hace extremadamente vulnerable a la contaminación. Los flujos subterráneos se desplazan rápidamente, y los contaminantes vertidos en un lugar pueden afectar a muchos otros.

En un intento por salvaguardarlo, el gobierno de Yucatán ha publicado el Decreto 88/2025 en julio de 2025, el cual modifica la ya existente Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes.

Este nuevo marco legal, que teóricamente busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano, se presenta en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos y una preocupante degradación ambiental causada por diversas actividades industriales, particularmente la porcícola y la cervecera. Por eso, aunque el decreto es un avance, tanto expertos como comunidades expresan serias dudas sobre su eficacia real.

Un decreto confuso, e insuficiente

El Decreto 88/2025 modifica el Decreto 117/2013, que estableció el Área Natural Protegida Anillo de Cenotes. Lo publicaron en julio de 2025, y entre sus objetivos están proteger y garantizar formalmente el derecho a un medio ambiente sano en Yucatán, reconociendo la vulnerabilidad inherente del acuífero kárstico y la creciente presión sobre el recurso hídrico.

El decreto establece cuatro subzonas divididas en las categorías de recarga, tránsito y descarga. Todas ellas dentro del Anillo de Cenotes, que abarca 54 municipios.

Para entender mejor estas zonas, se podría pensar en el sistema circulatorio del cuerpo humano. El Anillo de Cenotes es como el sistema vascular principal, donde las subzonas de recarga actúan como los pulmones que oxigenan la sangre (agua limpia). Las zonas de tránsito serían las arterias, distribuyendo el agua y sus nutrientes. Finalmente, las zonas de descarga serían como los órganos de eliminación, donde los desechos se acumulan y se intenta procesar.

No obstante, y aunque el nuevo decreto reconoce la importancia de proteger al Anillo de Cenotes, la superficie asignada a la Reserva Estatal Geohidrológica del anillo de cenotes es ahora de 213 mil 737.2801 hectáreas, una reducción respecto a las 219 mil 207.83 hectáreas establecidas en 2013.

Es decir, de los 54 municipios que el gobierno reconoció como parte del Anillo de Cenotes (divididos en las zonas de recarga, tránsito y descarga), solo 23 forman parte de la reserva donde se prohibe la instalación de cualquier industria que afecte el acuífero kárstico. Estos municipios son Acanceh, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Seyé, Tahmek, Tecoh, Tekit, Timucuy y Xocchel, así como pequeñas porciones de los municipios de Abalá, Cacalchén, Chapab, Chumayel, Izamal, Sotuta, Kantunil, Mama, Mayapán, Tixkokob y Tixpéual.

Por fuera, quedaron otros territorios clave, como aquellos que están dentro la Subzona 1 (considerada la principal área de recarga). Esta subzona, que alberga a los municipios de la zona metropolitana de Mérida, Kanasin y Umán, es crítica, ya que concentra el 60% de la población estatal y soporta la mayor presión sobre el uso del agua.

Esto, de acuerdo con especialistas consultados para este trabajo que pidieron omitir su identidad, es problemático, pues «ahora existe mucha desconfianza en tales decretos de Áreas Naturales Protegidas porque se ha visto que en la práctica no están funcionando. Las autoridades en turno se han dedicado a modificar tanto poligonales como decretos para luego hacer lo contrario a lo que se supone se debe hacer: proteger el acuífero kárstico». 

Un decreto sin planificación

En los últimos años, Yucatán ha experimentado una saturación en su sistema de agua debido a las actividades industriales (como las porcícolas y cerveceras). El caso de la planta de Heineken en Kanasín ejemplifica esto, pues la cervecera transnacional planea producir 400 millones de litros de cerveza al año, lo que implicará extraer más de un millón de metros cúbicos de agua dulce al año. La planta se ubicará estratégicamente entre dos reservas de agua cruciales, Cuxtal y el Anillo de Cenotes, pero no dentro de los límites que estableció el decreto, por lo que quedará fuera a sus regulaciones.

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No obstante, aunque este tipo de empresas provocan una sobrecarga en el sistema debido a su alta demanda de agua, lo cual deriva en que los contaminantes que producen no puedan procesarse adecuadamente, afectando la calidad del agua en todo el acuífero, el nuevo decreto no contempló un plan de manejo que pueda aplicarse a las industrias

De acuerdo con José Clemente May, vocero de Kanan Ts’ono’ot, una organización que hizo frente a las megagranjas porcícolas en el municipio de Homún, la implementación de este nuevo decreto se enfrenta a un desafío estructural de fondo, marcado por la corrupción y una brecha enorme entre lo que se dice y lo que se hace en la práctica.

«El nuevo decreto es un candado más que podría evitar megaproyectos. Sin embargo, como en el decreto de 2013, aún no tiene un plan de manejo. Yo espero que en este caso no ocurra como hace años, donde los intentos de elaborar el plan fueron «a modo», es decir, manipulados por los gobiernos para favorecer intereses empresariales, sin una participación real de los pueblos originarios. El gobierno una cosa te dice y otra cosa hace, y peor lo que escribe».

Aunado a esto, el activista y defensor del territorio exige que, si el gobierno no quiere caer en la simulación, «debería invitar a los pueblos a que construyamos el plan de manejo, no como en otras ocasiones».

Su lectura es compartida por círculos académicos, quienes aseguran que «el discurso teórico y político suenan muy bien», pero no hay indicios para augurar que realmente se busque garantizar el derecho a un ambiente sano.

«En la práctica y en la realidad, hay una brecha enorme entre lo que se dice y lo que se hace. Por ejemplo, la Reserva del Anillo de Cenotes no ha tenido un programa de manejo desde su creación. Han existido algunos proyectos para el diagnóstico y la elaboración de tal programa de manejo, pero nunca se han concluido ni reportado como tal un programa».

La justicia más allá del decreto

De acuerdo con los datos que sustentan el decreto, en Yucatán anualmente se extraen 980 hm³ de agua para diversos usos. Toda esta extracción es del Anillo de Cenotes.

De esta extracción, 12.40 hm³ corresponden al uso pecuario. En cuanto a las aguas residuales, se descargan 32.39 hm³ anualmente en la zona, y la actividad pecuaria genera 4.11 hm³ de aguas residuales al año en el estado, de las cuales el 49% se descarga dentro del Anillo de Cenotes. Los contaminantes detectados en las aguas subterráneas incluyen pesticidas, herbicidas, solventes, hidrocarburos y metales pesados como plomo, cobre y cadmio.

Desde hace décadas, las megagranjas de cerdos y de pollos ha experimentado un crecimiento acelerado en Yucatán, impulsadas por el capital privado y un modelo de «aparcería» que vincula a pequeños productores con grandes empresas como Kekén, Bachoco y Crío.

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Este aceleramiento ha convertido a Yucatán en el quinto estado con mayor inventario porcícola en México, aún pese a las resistencias de las comunidades que han sido reprimidas y fragmentadas debido a estos conflictos.

La resistencia deriva de algunos hechos reconocidos por la misma autoridad. Por ejemplo, que un cerdo adulto puede generar entre 4 y 10 veces los residuos de una persona, y a diferencia de los residuos humanos, los desechos animales en granjas a menudo carecen de un requisito ambiental obligatorio para su manejo, lo que provoca una contaminación sin precedentes al acuífero, además de pestilencias y degradación del ecosistema en general en los territorios donde se asientan.

Aunado a esto, muchas de estas granjas operan en la ilegalidad, y las autoridades no hacen nada al respecto. Por ejemplo, el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola en Yucatán, publicado en marzo de 2023 por la SEMARNAT, demuestra que más del 60% de las granjas identificadas carecen de permisos de CONAGUA. Las descargas de aguas residuales de estas granjas, ricas en nitrógeno, fósforo y E. Coli, exceden los límites permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-2021 para suelos kársticos en magnitudes preocupantes.

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Sobre esto, José May reflexiona que si la ley se aplicara estrictamente, «ninguna granja va a cumplir con esa norma científica». Pero, resalta «lo que pasa que es gobierno siempre está a favor de las empresas, de los megaproyectos. Nunca a favor del pueblo».

May habla desde la experiencia, pues aunque ya hay sentencias firmes que obligan a que la megagranja de Homún abandone el territorio, la dilación de los procesos judiciales ha impedido que esto suceda.

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Por eso, para el defensor, lo que traza el nuevo decreto ya está establecido en otras normativas, «solo falta que las apliquen, pero pues no no lo quieren aplicar».

Sus palabras hacen eco en la opinión de los académicos entrevistados para este trabajo, quienes agregan que «el tema no es solo contaminación de agua, aire o suelos, sino aspectos más amplios en cuestiones de justicia socioambiental. Debe ser prioritaria la atención urgente de diversos procesos legales que varias comunidades han promovido (y siguen promoviendo) contra diversos megaproyectos que impactan de manera negativa a su bienestar emocional, salud y de acceso continuo a agua de calidad».

Y concluyen:

«Independientemente del decreto, desde el siglo pasado existen numerosos estudios científicos que han evidenciado los procesos de contaminación en los cuerpos de agua, y son estudios que se continúan haciendo en la actualidad demostrando la gravedad de la situación cada vez mayor. Ya no se puede pensar en un “futuro” porque este nos ha alcanzado. La guerra por agua existe, pero pocos están conscientes de ello. Minimizar o disfrazar la situación crítica, mediante decretos y diagnósticos, pero sin acciones reales contundentes, es lo mismo a simular que se hace, pero sin resultados».