Después de cinco años, Jorge Ernesto N., presunto feminicida de María Elizabeth Orea Méndez, fue detenido prácticamente por casualidad el pasado 8 de julio en Cancún. Los familiares de la víctima exigen que la justicia no lo deje escapar nuevamente

Texto: Laura Buconi

Fotos: Cortesía de Aglae Garrido

CIUDAD DE MÉXICO . – El 14 de febrero de 2020, día del amor y la amistad, la maestra María Elizabeth Orea Méndez fue encontrada sin vida en el patio de su casa, en San Martín Texmelucan, Puebla. Acababa de entregar a sus dos hijos, de nueve y 11 años, a su expareja, padre de los menores. María Elizabeth fue asfixiada con un cable. Tenía 33 años.

Los vecinos relataron que el día de los hechos, después de un fuerte altercado, vieron a la expareja de la víctima, Jorge Ernesto N., salir en su coche a toda prisa junto con sus dos hijos. Segundos después, encontraron a Elizabeth sin vida. Aglae Garrido, tía de la víctima, relató en entrevista con Pie de Página que, pese a la flagrancia y a los testimonios de los vecinos, las autoridades tardaron más de 24 horas en iniciar las investigaciones, lo que permitió que el agresor huyera llevándose a los niños.

Después de cinco años prófugo, el pasado 8 de julio Jorge Ernesto N. fue detenido en Cancún, Quintana Roo, por manejar con exceso de velocidad y realizar actos violentos en contra de la autoridad. Al ser identificado, la policía halló que existía una orden de aprehensión vigente desde 2020 por feminicidio, por lo que fue detenido y luego trasladado a Puebla, donde permanece en prisión preventiva. 

“No queremos que la justicia se nos vuelva a escapar de las manos como hace cinco años”, exige la familia de Elizabeth.

Envidia profesional y primeras señales de violencia

Elizabeth era profesora en Educación Física y maestra en Pedagogía, con una plaza oficial en la SEP. Sus familiares y seres queridos la recuerdan como una profesional proactiva, solidaria, apasionada de la docencia y animada por la esperanza de generar una mejora continua en el ambiente. Tenía una fuerte vocación de servicio, compromiso con la niñez y capacidad para generar contenidos académicos innovadores, con un carácter alegre, sensible y tenaz.

En 2008 se casó con Jorge Ernesto N., con quien en 2009 tuvo a su primer hijo, y a otro varón en 2010. Se conocieron en la carrera universitaria, y su esposo se dedicaba al mismo rubro profesional, aunque no con el mismo éxito: lo que, según la familia de la víctima, generó que él fuera hostil contra Elizabeth. “Eran muy evidentes los logros que ella tenía en comparación con lo poco que él podía aportar”, relata Aglae, tía de Elizabeth.

“A pesar de quedar embarazada antes de concluir la carrera, Elizabeth siempre se esforzó para salir adelante y procurar el mayor bienestar posible para ella y sus hijos: logró comprar una casa, aprendió a manejar y consiguió un coche para poderse desplazar con mayor comodidad y ser independiente, algo que su pareja nunca vio con buenos ojos.”

Jorge Ernesto, según los familiares de la víctima, mostró desde un principio conductas violentas, principalmente verbales y económicas. Debido a esta situación, Elizabeth se separó de él en 2016, y en 2019 inició los trámites de divorcio y la solicitud de pensión alimenticia. Los familiares relatan que Jorge Ernesto N. se enteró de la demanda de pensión y del divorcio en trámite a principios de 2020, y suponen que esas razones pudieron enfurecerlo durante su último encuentro con Elizabeth.

Revictimización y ausencia institucional

Cuando encontraron el cuerpo de Elizabeth sin vida, los vecinos llamaron inmediatamente a una patrulla. Aun con testigos, un sospechoso claro y la sustracción de los dos hijos menores, las autoridades les informaron a los padres de Elizabeth —quienes se apresuraron a llegar al lugar— que les tomarían su declaración al día siguiente.

El cuerpo de Elizabeth fue entregado a sus familiares más de 24 horas después de los hechos. Estos acudieron al domicilio del padre de los niños, en la ciudad de Puebla, donde los abuelos paternos les devolvieron a los nietos. No había rastro de Jorge Ernesto ni información sobre su paradero.

Menos de un mes después, en marzo de 2020, inició la pandemia de COVID-19: se cerraron los juzgados y no hubo avances en la investigación. Los padres de Elizabeth comenzaron una campaña de denuncia en línea, junto con más familias y colectivos, para evidenciar negligencias de la fiscalía.

En noviembre de 2020, durante una visita del entonces presidente López Obrador y del gobernador Miguel Barbosa a Tlaxcalantongo, Xicotepec de Juárez, los familiares de Elizabeth, junto con vecinos y amigos, protestaron y exigieron justicia y reparación del daño.

“Pedíamos que los funcionarios se pronunciaran e impulsaran la investigación y captura del agresor. AMLO detuvo su paso y nos recibió un escrito con nuestra demanda, mientras que Barbosa nos ignoró”, relata Aglae Garrido.

“Una semana después, Gobernación se comunicó con nosotros por instrucción de Olga Sánchez Cordero, pero los requisitos eran absurdos: tuvimos que volver a tramitar todos los documentos de los niños porque la fiscalía aseguró la casa, y los menores solo pudieron recuperar sus pertenencias un año después. Además, los cambios constantes en la administración pública retrasaron todo».

En febrero de 2023, un juez del Juzgado Sexto de Puebla ordenó que los hijos de María Elizabeth, menores de edad, vivieran con los abuelos paternos (padres del presunto agresor), ignorando su rechazo expreso. El juzgado violó el interés superior de la niñez al no considerar su voluntad. Finalmente, por presión social, la solicitud fue desestimada. En enero de 2024, casi cuatro años después, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas otorgó medidas de ayuda a los niños.

El 8 de julio, el presunto feminicida fue detenido en Cancún y trasladado a Puebla. Tras su primera audiencia (10 de julio), se le impuso prisión preventiva justificada. La próxima audiencia será el 10 de diciembre.

“Hemos sufrido revictimización y violencia institucional”, lamenta Aglae Garrido. “Las autoridades carecen de perspectiva de género y no han cumplido la Ley de Protección a Víctimas. Mis sobrinos recibieron apoyo apenas hace un año. Todo lo logrado fue gracias a la sociedad civil. No queremos que pasen otros cinco años para que se haga justicia».