María Corina Machado es la cara más visible del antichavismo en Venezuela. Además de un linaje familiar de empresarios y una cercanía política con los Estados Unidos, tiene en su historial haber promovido el golpe de Estado de 2002, los actos de violencia de 2014 y 2017, así como pedir una intervención militar en el país para derrocar a Nicolás Maduro

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Tomadas de Wikipedia

CIUDAD DE MÉXICO. – 28 de julio, 9 de la mañana. En la parroquia de El Paraíso, una zona de clase media en Caracas, Venezuela, un convoy de motocicletas ronda por las calles recorriendo los centros de votación.

Desde las 6 de la mañana abrieron los centros de votación. De forma inusual, simpatizantes de la oposición salieron desde temprano a votar. Esto es en El Paraíso, una parroquia de clase media, en el Oeste de la Ciudad. pic.twitter.com/ucMG69oldk

— Pie de Página (@PdPagina) July 28, 2024

Al frente, en motocicleta, María Corina Machado saluda a sus simpatizantes, todos vestidos de blanco, formados en las casillas electorales para sacar a Nicolás Maduro del poder. Ella es la cara más visible del antichavismo. Incluso, se le podría llamar dirigente, pues bajo su figura y su retórica aglutina a miles (millones, según los últimos resultados electorales) de opositores.

Su nombre, sin embargo, no apareció en las boletas, pues aunque ganó las primarias de su partido, el Estado venezolano la inhabilitó para ejercer algún cargo público durante 15 años. Los motivos: transgredir sus funciones cuando era diputada de la Asamblea Nacional y pedir sanciones económicas contra el país, así como una intervención militar para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.

Pero, ¿quién es María Corina Machado, y por qué su nombre copa las portadas de los periódicos internacionales desde hace más de 10 años?

Las claves de la respuesta están en la historia.

«Es el momento de una nueva Venezuela»

La frase le dio la vuelta al mundo después de que, en 2012, durante una sesión del pleno de la Asamblea Nacional, María Corina Machado cuestionara al entonces presidente, Hugo Chávez, quien rendía un informe de actividades ante el Poder Legislativo de Venezuela.

«Queremos una Venezuela de solidaridad. Una Venezuela de justicia. Una Venezuela de superación. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado de Venezuela, cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? (…). Dígale la verdad a Venezuela».

Para algunos, su nombre tal vez resultara desconocido hasta ese momento, pero no para Hugo Chávez, quien seguro recordaba a María Corina como una de las opositoras que, durante el intento de golpe en 2002, firmó para renovar al Consejo Nacional Electoral, y como una de las impulsoras del paro petrolero ese mismo año.

O también, Chávez tal vez la recordaba como la presidenta de Súmate, la organización que recabó las firmas para revocarlo en 2004, y que derivaron en el referéndum de su gobierno. La imagen que seguro Chávez no olvidará es la de 2009, cuando María Corina visitó al entonces presidente George W. Bush y le dijo que su gobierno era una «dictadura».

Ahora, esa joven hija de empresarios que fugaron divisas del país en el 2000, dueños del sector energético, acerero y de la aviación que, en 2002, también impulsaron el golpe de Estado en su contra, le hablaba en la Asamblea Nacional:

«Aquí hay una Venezuela decente, que quiere una transformación profunda, y que es el momento de enfrentar, con seriedad y responsabilidad, este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó, es el momento de una nueva Venezuela».

Mientras María Corina pronunciaba este discurso, en su partido, la Mesa de Unidad Democrática, disputaba las elecciones primarias para convertirse en la candidata presidencial. El pronóstico de su candidatura era prometedor, pues en 2010, ganó la elección a diputada de la Asamblea Nacional con 235 mil 259 votos, convirtiéndose en la diputada mas votada en esa elección.

Detrás de ella estaba el arropo de Think thanks estadounidenses, como Diálogo Interamericano, financiado, entre otras fundaciones y gobiernos (como el de Estados Unidos), por la Organización de los Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo.

En su programa político, María Corina proponía el «capitalismo popular», la misma consigna con la que Margartet Tatcher se promocionaba en los 80. Su programa, en realidad, era privatizador, muy a tono al modelo neoliberal, el paradigma económico del Banco Interamericano de Desarrollo con su política de financiamiento para el desarrollo.

María Corina perdió las elecciones primarias de su partido, quienes postularon a Henrique Capriles. Capriles perdió la elección contra Chávez por más de 1 millón 500 mil votos.

María Corina regresó a su curul en la Asamblea, pero una nueva coyuntura se abriría frente a ella, y para la oposición: la muerte de Chávez en 2013.

La Salida, María Corina a las calles

Antes de morir, en 2012, Hugo Chávez designó como vicepresidente a Nicolás Maduro. Lo hizo sabiendo que su estado de salud empeoraba, y con esto, mandaba un mensaje al interior de su partido, el PSUV: Maduro sería el sucesor del Comandante. Y así fue.

En 2013, cuando Chávez muere, Maduro asume la presidencia interina de Venezuela, lo cual desató una batalla intestina dentro del PSUV, donde una corriente quería impulsar a Diosdado Cabello, en ese entonces presidente de la Asamblea Nacional, como el sucesor de Chávez.

Maduro logró imponerse después de un fallo del Tribunal Superior de Justicia. Y, en abril 2013, después de una amplia campaña de la oposición y organismos internaciones, fue a elecciones, de nuevo, contra Capriles, pero con un partido dividido.

Su victoria no fue tan amplia como la que obtuvo Chávez en 2012, pues apenas ganó con 1.49 por ciento, perdiendo casi 750 mil de los que obtuvo el PSUV en 2012.

La jornada electoral estuvo marcada por hechos violentos, como el intento de magnicidio contra Maduro por parte de un grupo paramilitar que entró al país desde Colombia, y también, debido al poco margen de victoria, fue cuestionada por organismos internacionales como el Centro Carter, quienes llamaron a una auditoría de la elección.

Capriles desconoció los resultados, y junto a otros dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado, comenzaron una campaña internacional para que otros gobiernos y organismos internacionales desconocieran el resultado de la elección.

La campaña rindió frutos, y el gobierno de los Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra el gobierno de Maduro, quien tomó posesión en el cargo el 14 de noviembre de 2013.

Las sanciones, la fuga de capitales acumulados desde el gobierno de Chávez, y una serie de accidentes (que el gobierno acusó de sabotaje) en PDVSA, provocaron que Venezuela enfrentara una grave crisis de escasez de alimentos, refacciones, gasolina y programas sociales, principalmente financiados por la petrolera estatal.

Este contexto, sumado a la duda sembrada por la oposición, hicieron que en 2014 estallaran una serie de protestas, convocadas por dirigentes opositores del partido Voluntad Popular, como Leopoldo López y Antonio Ledezma, pero también por María Corina Machado, de la Mesa de Unidad Democrática.

Las protestas, apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos, se conocieron como La Salida, y sumergieron al país en una ola de violencia que dejó 43 personas asesinadas y numerosas heridas.

El gobierno venezolano respondió con fuerza. Primero, expulsando a tres diplomáticos estadounidenses acusados de organizar y financiar las protestas. Después, arrestando a Leopoldo López por su responsabilidad en la quema del edificio de la Fiscalía de Venezuela.

También, abrió una investigación contra María Corina Machado, quien seguía siendo diputada de la Asamblea Nacional.

Machado, en una estrategia que le pasó factura en el futuro, decidió recurrir a su vieja táctica: la denuncia internacional, aunque no resultó como esperaba.

María Corina y la OEA

El 18 de marzo de 2014, tras un acuerdo con el gobierno de Ricardo Martinelli, de Panamá, María Corina Machado obtuvo una representación alterna por ese país en la Organización de Estados Americanos.

El acuerdo era que, en la sesión de la OEA, María Corina denunciara la «crisis política y de derechos humanos» en Venezuela. La presencia de la diputada opositora fue avalada por los Estados Unidos y Canadá.

Machado salió de Venezuela el 19 de marzo, el mismo día en que la bancada del chavismo en la Asamblea Nacional la acusó de intento de Golpe de Estado y llamados a la intervención extranjera. Las acusaciones derivaron en que la Fiscalía venezolana abriera una investigación en su contra por los delitos de violencia, instigación, terrorismo, traición a la patria y violación de la Constitución.

En la OEA, no se habló nada al respecto. Lo que sí se discutió era si el Organismo podía escuchar a María Corina. La historia es así:

Primero, el 21 de marzo, el Consejo Permanente de la OEA aprobó escuchar a María Corina en una sesión a puerta cerrada propuesta por el gobierno de Nicaragua, quien respaldaba al gobierno de Nicolás Maduro. El tema de la reunión era «la situación venezolana», y la estrategia era que los argumentos de María Corina no fueran públicos.

Esta reunión fue aprobada por la mayoría de los Estados miembros de la OEA. Sin embargo, Colombia, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Canadá se posicionaron en contra, y pidieron debatir la cuestión.

El debate lo ganó el gobierno venezolano, y no sólo consiguió que la reunión no fuera pública, sino que además se eliminara de la agenda el punto sobre «la situación venezolana».

Mientras el debate se resolvía, María Corina Machado habló con la prensa, y pidió a la OEA que aplicara la Carta Democrática Interamericana en contra de Venezuela, esto es, que interviniera diplomáticamente en el país «para salvaguardar la democracia», y en dado caso, imponer sanciones, como la expulsión del Organismo internacional.

Cuando María Corina entró a la reunión, según reportó la BBC, sólo agradeció la atención, sin que pudiera exponer sus pruebas sobre la crisis en Venezuela.

Después de estos hechos, el gobierno de Venezuela rompió relaciones con Panamá. Y, el 11 de abril, a María Corina se le inhabilitaría como diputada de la Asamblea Nacional por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia. Esta resolución es la que ratificó el Tribunal Superior de Justicia venezolano en enero de este año, y por la que se le impidió la candidatura presidencial a la dirigente opositora.

La inhabilitación se basó en los artículos 191 y 149 de la Constitución venezolana. El primero, establece que «los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva»; y el segundo, que «los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional».

Y llegó Guaidó…

Tras su inhabilitación, María Corina encabezó protestas para recuperar su curul, pues su cargo lo había asumido su suplente, Ricardo Sánchez, un opositor que había roto vínculos con su partido por participar en el diálogo nacional convocado por el presidente Maduro para frenar la violencia provocada por las protestas.

Las intenciones de María Corina no prosperaron, pero sus protestas continuaron durante 2015. Ese mismo año, el gobierno de los Estados Unidos, presidido por Barack Obama, publicó el decreto 13692, que definió a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” a su seguridad nacional, y con esto endureció las sanciones económicas que, hasta el día de hoy, son más de 960.

Las medidas de Obama iniciaron un proceso de empobrecimiento acelerado de Venezuela que afectó, principalmente, a las clases populares. Se cortaron suministros de alimentos, medicinas, refacciones, gasolina, intercambios comerciales; y con esto, se redujeron los programas o misiones sociales en educación, vivienda, salud y otras.

Las sanciones las respaldó María Corina Machado, quien aunque ya no figuraba en la política, aún era una voz importante en la oposición, rescatada por medios internacionales.

El empobrecimiento, la falta de capacidad del gobierno para resolver la crisis, casos de corrupción en agencias estatales y paraestatales, fueron minando la credibilidad del chavismo entre la población. Todo esto, mientras la oposición enarboló una campaña mediática que, sin hablar del bloqueo y las sanciones, atribuyó la crisis a la incapacidad del gobierno.

En 2016 todo esto pasó factura, y el chavismo sufrió un duro revés en las elecciones para la Asamblea Nacional de ese año. Ahí, perdieron la mayoría en el Congreso frente a la oposición, quienes comenzaron a impulsar una campaña para destituir a Nicolás Maduro.

María Corina, aunque no estaba en la Asamblea, reconoció la labor de los diputados mientras convocaba a movilizaciones en las calles.

Después, en 2017, su partido, junto a otros de la oposición, decidieron no participar en las elecciones municipales de ese año. Esta decisión les costó el registro, pues el Consejo Nacional Electoral pidió que se registraran, de nuevo, a menos de un año de que fueran las elecciones de 2016.

Este mismo año, la oposición convocó a protestas callejeras similares a las de La Salida, pero ahora más organizadas. A estas protestas se les conocieron como guarimbas, mismas que sumergieron al país en una nueva ola de violencia que, sumado al empobrecimiento, expulsaron a millones de venezolanos por todo el continente.

Aunado a esto, la Mesa de Unidad Democrática sufrió una ruptura interna con los partidos que conformaban la coalición. La ruptura devino de la decisión de no participar en las elecciones.

Mientras todo esto sucedía, se acercaba el proceso electoral de 2018, donde el PSUV postularía a Nicolás Maduro para la reelección. La oposición, dividida, acudió a las urnas con dos candidaturas. Pero seguía manteniendo el control de la Asamblea Nacional.

En este proceso, María Corina Machado comenzó a denunciar internacionalmente al gobierno de Maduro. Primero, por ilegalizar a su partido, y después, por adelantar un par de meses la elección presidencial. La resonancia de María Corina llegó hasta las Naciones Unidas, quienes determinaron no participar como observadores del proceso electoral. También, la empresa que se dedicaba a manejar las urnas electrónicas también se salió del proceso.

El 20 de mayo de 2018 se celebraron las elecciones, dando por ganador a Nicolás Maduro con más de 6 millones de votos. Los mismos que ha obtenido el chavismo históricamente desde que contiende electoralmente.

El 5 de enero de 2019, la oposición logró nombrar a un nuevo presidente de la Asamblea Nacional: el dirigente de Voluntad Popular, Juan Guaidó. Seis días después, el 11 de enero, Guaidó se autoproclamó presidente argumentando que Nicolás Maduro había establecido un gobierno de facto.

Su autonombramiento, además de ser reconocido por dirigentes de la oposición, entre ellos María Corina Machado, también fue respaldado por los Estados Unidos y la Unión Europea. A Maduro lo reconocieron, entre otros, los gobiernos de China, Cuba, Rusia, Nicaragua y México.

Ésta crisis política azuzó, de nuevo, al gobierno de los Estados Unidos, ahora presididos por Donald Trump. Redoblaron las sanciones, e inclusive amenazaron con invadir militarmente a Venezuela «para restaurar la democracia».

María Corina Machado, quien fue designada por Juan Guaidó como embajadora en Panamá y tuvo un papel fundamental ante la OEA (organismo del que Venezuela se separó en 2019) respaldó, y pidió, la intervención militar.

La oposición, sin embargo, fue perdiendo fuerza. La pandemia del Covid-19, la derrota de Trump, y el aumento en las tensiones en Europa que derivaron en la guerra Rusia-Ucrania no ayudaban a seguir prestando atención a Venezuela.

El cambio de estrategia

En 2021, la oposición perdió la presidencia de la Asamblea Nacional, recuperada por los chavistas en elecciones. Ese mismo año, la Unión Europea dejó de reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. En 2023, los Estados Unidos hicieron lo mismo.

El chavismo recuperó el control del gobierno, y con medidas liberalizadoras, como el recorte de programas sociales y una disminución drástica del salario, sumados a acuerdos comerciales con China y Rusia, lograron recuperar económicamente al país.

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La revolución, a prueba 

María Corina fundó la organización Vente Venezuela, y con ello, preparó una nueva plataforma política para 2024: el año electoral. La estrategia para «derrocar la dictadura» cambió, de la mano de Washington.

En diciembre de 2022 el Wilson Center, que tiene como miembro al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, publicó el informe Venezuela en 2023 y más allá: trazando un rumbo distinto.

El informe, elaborado por Abraham F. Loewenthal y respaldado por otros 19 académicos, trazaba la ruta para «la resolución del conflicto venezolano», poniendo como actor central a la oposición, representada, únicamente, por la Plataforma Unitaria.

La ruta recomendaba que la oposición debía entrar en un proceso de «negociación» para «el cambio de régimen». En este proceso de negociación, la recomendación era contender en las elecciones para recuperar «la gobernabilidad» y no apostar a la violencia en las calles, aunque sí, a protestas que denunciaran al gobierno.

La idea central, era presentar una fuerza política que, de la mano de los organismos internacionales, propusieran «alentar negociaciones, construir coexistencia, proteger los derechos humanos, facilitar una gobernabilidad democrática efectiva y promover la recuperación económica».

Es decir, la propuesta central del informe es usar los canales de denuncia de «crisis humanitaria», y presentar a la oposición como la única alternativa para eso. No como lo que son, en gran medida: los responsables de ella.

Para esto, según recomienda el informe del Wilson Center, es necesario «fortalecer a la sociedad civil», y dice a la oposición que «diseñen y acuerden sobre los procesos que documenten violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la supresión de las libertades democráticas y la grotesca corrupción».

Para esta documentación, el informe recomienda hacerlo «con activistas y defensores de derechos humanos tanto venezolanos como internacionales». Y también, insta al apoyo a «medios independientes» y «defensores que documentan la represión» para vigilar y denunciar el autoritarismo del gobierno.

La estrategia recomendada por el Wilson Center parece eco de las políticas que, en 2022, recomendó Marcela Escobari, Administradora Adjunta para América Latina y el Caribe de la USAID, en una sesión en el Senado de los Estados Unidos que discutió «la situación venezolana».

En ese informe, Escobari, además, detalló el financiamiento que la USAID otorgó para «asistencia humanitaria adicional» ascendía a 367 millones de dólares. Este dinero, reconoce Escobari, se destinó, en gran parte, «al gobierno interino de Venezuela y a la oposición».

La estrategia aseguró 5 millones 326 mil 104 votos para el candidato opositor, Edmundo González, el extrabajador de la CIA en Nicaragua que suplió a María Corina Machado tras su inhabilitación. Sin embargo, la estrategia no fue suficiente, pues Nicolás Maduro ganó la elección manteniendo el promedio histórico de votos para el chavismo, más de 6 millones.

Ahora, la oposición, como en el pasado, acusa fraude, moviliza gente, azuza la violencia y se ampara en organismos internacionales, medios internacionales, o Think thanks estadounidenses, como el Centro Carter o el Wilson Center que declaran fraudulenta la elección, pero no las actas presentadas por María Corina.

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Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea reconocen, con estas actas, a Edmundo González como ganador.

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El ciclo se repite, y los mismos actores están en el mismo lugar que desde hace años.

¿Hacia dónde irán ahora? ¿Qué harán María Corina, o Edmundo? ¿Qué paso darán los Estados Unidos?

No caben respuestas obvias, aunque la historia nos da pistas.