La búsqueda de dos guerrilleros de Oaxaca abrió los cuarteles militares y otros sitios de tortura por los que, además de ellos, también pudieron haber pasado otros detenidos-desaparecidos. Su búsqueda también es la de cientos, o miles, más

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Isabel Briseño / Archivo PdP

CIUDAD DE MÉXICO. – Edmundo y Gabriel desaparecieron el 25 de mayo de 2007, cuando la policía de Oaxaca los detuvo y puso a disposición del Ejército mexicano.

Ambos eran militantes del Ejército Popular Revolucionario, y su desaparición forzada se dio en el contexto de una fuerte represión contra el movimiento magisterial y social en Oaxaca durante 2006.

Desde ese día, su familia y compañeros emprendieron una batalla política y jurídica para encontrarlos. Tocaron todas las puertas, pero nadie se las abrió, hasta que en agosto de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó abrir los cuarteles militares para buscarlos, una sentencia emitida desde 2019, pero que la Sedena impugnó.

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Ahora, a 17 años de su desaparición, su familia y acompañantes recorren las huellas de los desaparecidos, descubriendo, a su paso, centros de tortura, fosas clandestinas y lugares utilizados para mantener en condición de detenidos-desaparecidos a personas que, como Edmundo y Gabriel, sufrieron el autoritarismo del Estado.

Fue el Estado

Desde el 16 de julio, los familiares de Edmundo y Gabriel comenzaron a hacer actividades de reconocimiento en puntos de interés donde, por las investigaciones, se presume pudieron haber encerrado a los militantes del EPR.

Las actividades concluyeron el 18 de julio, y de acuerdo a un boletín de prensa difundido por el Comite Cerezo, una de las organizaciones que acompaña la búsqueda, los hallazgos confirman sus sospechas: la prueba de que la desaparición de Edmundo y Gabriel no fue fortuita, y que además, participaron diversas dependencias estatales y federales que actuaron de manera coordinada para detenerlos, y luego, desaparecerlos.

La historia es esta:

Tras la desaparición de Edmundo y Gabriel, Nadin y Margarita (hija de Edmundo y hermana de Gabriel, respectivamente) comenzaron una batalla legal para encontrar a sus familiares. Interpusieron una denuncia por desaparición forzada ante tribunales oaxaqueños, y el caso avanzaba lentamente. 

Poco a poco las investigaciones judiciales demostraban que en la detención y desaparición de Edmundo y Gabriel participaron funcionarios del estado de Oaxaca, en ese entonces gobernado por el priísta Ulises Ruiz. Actualmente hay siete personas detenidas por este caso. 

Además de los policías que hicieron la detención, la investigación acreditó la responsabilidad del entonces procurador estatal de justicia, Evencio Nicolás Martínez, y del comandante de la entonces policía ministerial, Pedro Hernández Hernández. Ambos exfuncionarios tienen ordenes de aprehensión en su contra, y actualmente son prófugos de la justicia. 

También, de acuerdo con testimonios recabados durante el proceso judicial, durante las acusaciones se comprobó que a los dos militantes eperristas los pusieron a disposición del Ejército mexicano. Los mismos testimonios corroboran que la última vez que se les vio fue ingresando a la Zona militar número 1, en Ciudad de México.

Estos hechos se corroboraron en 2019, durante un juicio de amparo. Ese año, el juzgado cuarto de distrito en materia penal con sede en Ciudad de México confirmó la participación de la policía oaxaqueña y el Ejército mexicano en la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. 

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En la sentencia se establecieron más de 20 medidas cautelares para el caso, entre las que resaltan la apertura de los cuarteles militares donde probablemente puedan estar los militantes eperristas; así como la creación de una comisión especial de búsqueda para encontrarlos. 

Ésta fue la sentencia que apeló la Sedena, y que después confirmó la Suprema Corte. También, es la sentencia que hoy les da la razón a sus familiares: el Estado mexicano participó en la desaparición de los eperristas.

Ante esto, las familiares de Edmundo y Gabriel hacen un llamado «a otros familiares de víctimas de desaparición forzada en el estado de Oaxaca que no han dado sus testimonios, o que quieran aportar nueva información, a hacerlo en el marco de los trabajos de la Comisión Especial de Búsqueda».

¿El motivo? Los rastros que descubren los pasos de Edmundo y Gabriel, pueden ser también los de otros detenidos-desaparecidos.

Investigación puede arrojar pistas del paradero de otras víctimas de desaparición forzada

Las búsquedas que realizó esta Comisión Especial demuestra que, en Oaxaca, la desaparición forzada fue una práctica recurrente. Es un viaje por los sitios del horror, donde además de Edmundo y Gabriel, pudieron estar otras personas desaparecidas.

«Oaxaca ha sido un estado fuertemente reprimido que sigue esperando poder esclarecer decenas de crímenes que a más de 17 años siguen en la impunidad y sin conocer la suerte y paradero de muchos detenidos desaparecidos», dice el comunicado de prensa.

Y añaden:

«Hoy existen cada vez más indicios que pueden llevarnos no sólo a su localización sino también, posiblemente, a dar con el paradero de otras víctimas que están en esta misma circunstancia».

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Ante esto, las familias de Edmundo y Gabriel son claras, y piden a quien posea información, que la proporcione «de manera directa, o anónima; a fin de poder integrar más líneas de investigación y búsqueda que nos permita encontrar a nuestros seres queridos y a otras personas en la misma condición de detenidos desaparecidos».

El llamado, también, es para romper el pacto de silencio entre los funcionarios públicos que participaron o supieron de la desaparición forzada. A ellos, les piden que den sus testimonios.

Y concluyen:

«El caso de Gabriel y Edmundo es sólo un caso más que ha podido demostrar la continuidad de una política de Estado y de crímenes de lesa humanidad que no han sido erradicadas en el país y que permanecen vigentes, por ello es necesario documentar y denunciar todos aquellos crímenes que se han cometido y que se mantienen impunes. Hoy el caso de ambos luchadores sociales cuenta con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe servir no sólo para esclarecer la suerte y paradero de Edmundo y Gabriel, sino también de antecedente para muchos casos más».