Si hacemos una sumatoria de lo que ha venido sucediendo en los primeros cinco años de la actual Administración Federal, esto quiere decir que 102 defensores ambientales han sido asesinados, algo inaceptable e insostenible. Del total de las agresiones, el 57.7% de éstas son en contra de pueblos indígenas y comunidades equiparables

Por Gustavo Alanís Ortega*

Como lo ha venido haciendo desde el 2014, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) hizo del conocimiento público el pasado martes 16 de abril el Informe 2023 sobre personas y comunidades defensoras del medio ambiente, tierra y territorio en México, frente a la violencia que se ejerce en su contra en razón de su labor.

Lamentablemente, se contabilizaron más de 123 eventos de agresiones en contra de defensores ambientales, siendo el año 2023 el segundo donde se documentaron más eventos de agresión en contra de personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales siendo, en consecuencia, el segundo año más violentos para la defensa del patrimonio natural de México desde el 2014, fecha en la que se publicó nuestro primer informe. En el año 2022 fueron 197 eventos de agresiones.

Las agresiones más comunes, son: amenazas, con 33 casos; intimidación, con 28 acontecimientos; agresiones físicas, con 26 casos; criminalización, con 21; homicidio, con 19 casos; hostigamiento, con 19 sucesos y difamación con 18. Si comparamos los asesinatos en los últimos años, en el 2022 fueron 24, en el 2021 fueron 25 y en el 2020 fueron 18.

Si hacemos una sumatoria de lo que ha venido sucediendo en los primeros cinco años de la actual Administración Federal, esto quiere decir que 102 defensores ambientales han sido asesinados, algo inaceptable e insostenible. Del total de las agresiones, el 57.7% de éstas son en contra de pueblos indígenas y comunidades equiparables. Los estados más violentos con ataques letales son: Michoacán, con 7, seguido de Guerrero con 6, Oaxaca y el Estado de México con 2 cada uno y los estados de Hidalgo, Sonora y Jalisco con un asesinato en cada uno de estos estados.

Las víctimas son integrantes de: una comunidad, con el 64.2% de los casos, de OSC (13%), ejidatarios (8.13%) de los eventos, comuneros (5.7%), la academia y estudiantes, ambos con el 4.06 %, respectivamente; abogados (2.43%), y periodistas con el 1.62%. Por sector, el mayor riesgo de agresiones se ve en: 1) Minería, con 30. 2) vías de comunicación, con 18 casos. 3) sector forestal, con 13 casos. Hay igualmente agresiones en sectores como el relacionado a la biodiversidad, el hídrico y el de la energía.

Los agentes perpetradores son: El Estado (policías estatales y municipales, fiscalías estatales, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y Guardia Nacional), teniendo alguna participación en 61 eventos de agresión, seguido de la delincuencia organizada con 37 casos y en tercer lugar con 19 eventos provenientes del sector privado. En 22 casos no es posible identificar al agente perpetrador. Un dato adicional que se documentó con la metodología utilizada para elaborar el presente informe, es que, durante el 2023, se registraron 1,317 personas afectadas de manera indirecta por los eventos de agresión.

¿Qué hace falta? Entre muchas otras cosas: 1) Atajar la impunidad, ha habido una omisión y un silencio sepulcral ante las diversas agresiones aquí expuestas. 2) Construir, implementar y supervisar una política pública integral de debida protección a los defensores ambientales. 3) Es necesario mejorar y fortalecer el mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos con los recursos y el personal suficiente que les permita hacer su trabajo adecuadamente. 4) Hay que implementar en México de manera efectiva el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la justicia ambiental, acceso a la información ambiental que está en manos de las autoridades ambientales y la participación del público en la toma de las decisiones ambientales, resaltando el artículo 9 relativo a los defensores ambientales y en el cual se establecen como obligaciones de los Estados, incluido México, el que:

Artículo 9 de Escazú:

1. Se debe de garantizar un ambiente, un entorno propicio y seguro para que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo sin amenazas, restricciones e inseguridad.
2. Se deben de tomar medidas adecuadas y efectivas para proteger el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión.
3. Se deben de prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas, e intimidaciones que sufren los defensores.

Todo lo que contempla el artículo 9 de Acuerdo de Escazú no se está cumpliendo en México en lo absoluto y se requiere en consecuencia de un compromiso del Estado mexicano para cumplir con sus compromisos internacionales de manera efectiva y así poder garantizar condiciones propicias para que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo libres de amenazas e intimidaciones. Hoy en día en México es más que claro que se mantiene una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural de nuestro país. Se requiere de un México en el que existan las garantías efectivas de respeto y protección a los derechos humanos ambientales. ¿Quién defiende a los defensores ambientales?

Concluyo esta colaboración agradeciendo al coordinador, las autoras, autores, revisores, diseñadores, y al área de Comunicación del CEMDA por todo el enorme trabajo y esfuerzo que se hizo para haber podido llegar a la décima edición del Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2023.

*Fundador y Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), en exclusiva para Pie de Página.